Caen cuatro empleados públicos y dos empresarios en la operación 'Fisher'

Las autoridades judiciales están desenmarañando los tentáculos financieros de la organización criminal desarticulada a principios de diciembre, que han asociado con el Clan del Golfo de Colombia.

La mañana de este miércoles realizaron un operativo simultáneo, en conjunto con el Ministerio Público, para dar continuidad a la segunda fase de la operación “Fisher”. En la maniobra se recabaron evidencias (documentación) producto de los diferentes allanamientos, que permitió descubrir y vincular a 14 personas adicionales a los primeros 51 aprehendidos, estos últimos identificados como el brazo logístico operativo del grupo que apoyaba en las tareas de tráfico, sicariato y almacenamiento de la droga.

Entre los detenidos se encuentra un hermano del cabecilla del grupo, Jorge Luis General, según informó una fuente policial a este diario. Mencionaron que hay cuatro damas, un funcionario de la Asamblea Nacional, uno de la Autoridad Marítima de Panamá, uno de la Caja de Seguro Social, y un asesor técnico especializado del Metro de Panamá. Todos ellos como colaboradores del grupo, no necesariamente testaferros.

Hay seis personas que mantenían residencia en la provincia de Colón; de ellas, una dama sin oficio que tenía $10 mil y no podía justificar el origen del dinero.

Aunque el comisionado no especificó el rol que desempeñaban los empleados públicos o sus cargos, los relacionan con la adquisición de bienes para lavar el dinero de la organización, es decir, criminales de cuello blanco.

La fase dos de la operación “Fisher”, como la han denominado las autoridades –una de las más sensitivas– tiene como propósito descubrir las ramificaciones del grupo criminal en una de las últimas fases de la cadena del narcotráfico, el blanqueo de capitales, para la cual se requiere personal especializado capaz de determinar quién hacía qué y por cuánto.

Además, detuvieron a dos empresarios de origen indostán, dedicados a la compra y venta de autos.

De acuerdo con el comisionado Carlos Valencia, director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los aprehendidos que serán llevados ante un juez de Garantías en las próximas horas, se prestaban para hacer compras de terrenos o fincas, apartamentos, casas, autos de alta gama y embarcaciones. Todo en efectivo para evitar dejar huella.

En cuanto a la compra y venta de autos, y en la que allanaron dos agencias de autos, una fuente de la DIJ detalló a La Estrella de Panamá el mecanismo empleado: los miembros de la organización a través de terceros adquirían los autos, los registraban a nombre de otras personas y después de usarlos por unos meses o un año, en ocasiones los vendían a la misma agencia de autos donde los habían comprado. Mediante este procedimiento lavaban la plata y tenían efectivo. En el transcurso de la pesquisa se han identificado ocho o nueve autos de alta gama que estaban en poder de la organización.

Los investigadores analizaron los movimientos financieros. Según Valencia, todos los bienes fueron adquiridos durante la pandemia y registrados a nombre de terceros o testaferros, personas naturales y personas jurídicas que están vinculadas a blanqueo de capitales producto del narcotráfico.

La Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas continuará la investigación en una tercera fase para conocer las ramificaciones de la organización.

Se detalló que durante las diligencias practicadas en el sector de La Cresta, en Colón, se decomisaron $10 mil, mientras que en otra residencia en Condado del Rey hallaron un arma con el permiso vencido y 2,460 municiones de diferentes calibres.

La operación “Fisher” se logró tras dos años de investigación en la que se realizaron 64 diligencias de allanamiento en diferentes partes del país, el decomiso de 1,5 tonelada de droga asociada al clan, inmuebles, y el millonario decomiso en efectivo. Desde su génesis buscó desarticular a una presunta organización criminal indiciada por delito de asociación ilícita para delinquir y delitos contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales, producto de actividades del narcotráfico.

La estructura estaba dedicada a recibir la droga procedente de Colombia que ingresaba por la costa del Atlántico, por donde entra más del 40% de la droga procedente del país vecino. La logística consistía en guardarla y luego, bajo directrices específicas del clan, entregarla al grupo indicado con el que negociaban. De igual forma, la organización recibía sustancias ilícitas de modo propio que eran trasladadas vía terrestre con vehículos de doble fondo a otros países de Centroamérica.

Como parte del golpe económico que efectuaron las autoridades a este grupo criminal, se cuenta el decomiso de $9,999,960 en efectivo en una casa ubicada en la provincia atlántica. Una que por su apariencia sencilla y sin grandes lujos, nadie sospecharía que debajo de los mosaicos se escondían millones de dólares.