Comisión de Credenciales, pendiente por atender 11 denuncias contra magistrados de la Corte

Once denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún tiene pendiente por tratar la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

El retraso, según el diputado y presidente de la comisión, Leandro Ávila, se debe a que la pandemia no ha permitido el desarrollo regular de las sesiones en los últimos períodos legislativos.

Entre los casos más recientes por analizar están la querella penal en contra del magistrado Olmedo Arrocha, que data de diciembre de 2020, por presuntamente manipular expedientes para perjudicar a Gustavo Vásquez y sus sociedades Financiera Única y Mueblería Unión. 

Otras denuncias presentadas en 2016 incluyen recursos contra los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, señalados por presuntas faltas a la transparencia e integridad de la función judicial.

Los magistrados de la Corte son investigados por la Asamblea Nacional; mientras que los diputados son investigados por el Órgano Judicial.

En mayo de 2021, la Corte dio lectura al fallo del diputado perredista, Arquesio Arias Félix, donde le declaró "no culpable" por los delitos de violación sexual y actos libidinosos en perjuicio de una mujer adulta y una menor de edad en la comarca Guna Yala, cuando ejercía como médico.

En tanto, previamente, durante el quinquenio pasado, los diputados enjuiciaron a los magistrados Alejandro Moncada Luna, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía responsabilizándose de cuatro delitos, siendo destituido del cargo y de Víctor Benavides, quien renunció y el proceso concluyó.

La Comisión remitió este martes a la Secretaría General de la Asamblea, por otro lado, las carpetillas 286 contra el exmagistrado Hernán De León Batista, la carpetilla 292 contra el exmagistrado Luis Ramón Fábrega y la carpetilla 298 de la denuncia contra Fábrega por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

Durante la sesión, Ávila explicó que ninguno de los casos remitidos a la Secretaría General de la Asamblea, hoy en día, es magistrados de la CSJ, por lo que la Comisión cumplió con su función y, finalmente, envió la documentación a la Secretaría.

Sin embargo, la parte jurídica de esa instancia considera que todavía hay causa, puede continuar el proceso ante el Ministerio Público.