Piden respetar derecho a postularse y de elegir en escogencia al rector de la Unachi

La comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional se apresta a someter a discusión el anteproyecto de ley 183, presentado ante el pleno legislativo el pasado 5 de enero por el diputado oficialista Raúl Pineda, con la cual se permitiría la reelección indefinida para el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El anteproyecto modificaría la Ley 4 del 16 de enero de 2006 que reorganiza la Unachi y modifica un artículo de la Ley 12 del 21 de marzo de 2017, y que según su proponente, el diputado Pineda, permitiría que con el tiempo adicional dado al rector, se logre concretar el plan presentado al inicio de su gestión y así quienes ejecutan dicho plan, puedan contar con extensión para que se logren los objetivos a mediano y largo plazo.

El cargo de rectora de la Unachi es ocupado actualmente por Etelvina Medianero de Bonagas, quien tiene dos periodos en esa posición y cuya gestión termina en 2023.

Según informó la presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Deportes, la diputada Alina González, el documento será sometido mañana miércoles a la consideración de los diputados de esta instancia, para analizar su prohijamiento.

Luego de la presentación de esta propuesta de ley en el pleno legislativo, han surgido algunas voces de rechazo al mismo, pero otros avalan la iniciativa.

Según el decano de la Facultad de Humanidades de la Unachi, Edwin Samudio, quien se opone al anteproyecto, con esta iniciativa se estaría violando la autonomía universitaria, tras advertir que la reelección quedaría abierta e indefinida.

El anteproyecto no solo hace referencia al tema de la reelección del rector, sino a conquistas laborales.

En él se propone reducir de cinco a dos años el periodo con el cual el personal administrativo de la Unachi obtendría su permanencia, en la forma en que determine el reglamento que para tal fin apruebe el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario.

También se plasmaría en la ley el acuerdo No. 5-2020 del Consejo General Universitario, del 19 de octubre de 2020, por el cual se establece el pago de la prima de antigüedad de docentes y administrativos de la entidad universitaria.

Para la profesora de la Unachi Yeiseth A. Castillo, la iniciativa legislativa aborda tres aspectos de fundamental importancia para la gestión universitaria.

El primero, dijo, restablece la facultad de los electores de contar con el inalienable derecho a elegir, sin restricciones normativas, a quienes han de gobernar, con la posibilidad de reelegir a los que han dado buenos resultados, y sancionar, a través del voto, a quienes no han cumplido con las expectativas del cargo.

“Esta iniciativa legislativa no pretende enmarcar la posición de una persona, sino más bien permitir a los miembros de los estamentos universitarios (docentes, administrativos y estudiantes) escoger a quienes van a dirigir los destinos de la Unachi, permitiendo la participación igualitaria a cualquier docente que aspire a ocupar puestos directivos en esta institución de educación superior”, indicó.

Destacó que el segundo aspecto que aborda esta iniciativa es el de otorgar una estabilidad laboral a los funcionarios administrativos de la Unachi, que se han venido desempeñando a través del tiempo como eventuales, y que por razones de rigidez del procedimiento establecido en la Ley 62 del 20 de agosto de 2008, se ha hecho imposible dar repuesta eficaz a la demanda de los puestos permanentes requeridos en la universidad.

Detalló que el tercer punto de este anteproyecto está dirigido a garantizar, a través de la ley universitaria, los derechos del retiro digno de los docentes universitarios, para que después de haber laborado por años en la formación de profesionales que requiere el país, cuenten con la garantía de su prima de antigüedad y bonificación, que a pesar de estar contempladas en algunas disposiciones de rango inferior hoy son interpretadas por los entes fiscalizadores de forma hermenéutica, adecuándolos a los criterios señalados por los funcionarios directivos existentes.

“La propuesta legislativa es jurídicamente viable, tiene fundamento técnico y jurídico, porque forma parte de la competencia atribuida a la función legislativa de la Asamblea Nacional, cuyo ejercicio no depende de autorización previa”, enfatizó la docente Yeiseth A. Castillo.

En tanto, que Zela María Herrera Villarreal, docente de la Facultad de Enfermería de la Unachi, consideró que el anteproyecto de ley debe ser aprobado porque le da la oportunidad tanto a la rectora actual y a todos los otros profesores que quieran postularse como rectores.

“El anteproyecto en ningún momento indica que otros docentes no puedan postularse; es decir, que todos tendrían las mismas posibilidades. Será en las urnas, donde a criterio de los tres estamentos de la universidad, se definirá quién será la persona elegida para el cargo de rector”, precisó Herrera Villarreal.

Agregó que no se puede negar que la actual rectora, Etelvina Medianero de Bonaga ha hecho un excelente trabajo en la parte académica, administrativa y estudiantil, “sin pasar por alto lo que ha sido la construcción de la infraestructura que ha elevado a la Unachi a un alto nivel.

“Tenemos un buen prestigio, una infraestructura que se merece nuestra universidad y nuestra provincia”, dijo.

Herrera Villarreal añadió que no se puede coartar el derecho de una persona a postularse y de otras a elegir, ya que los votos son los que van a decidir a quién queremos como futuro rector o rectora.

“El anteproyecto no tiene nombre ni apellido, todos los docentes de la universidad tienen la misma posibilidad de postularse. No veo porqué estar en contra de una iniciativa de ley que es beneficiosa para la universidad”, puntualizó la educadora Herrera Villarreal.