En once meses del 2021 aumentaron 30% las denuncias de abuso sexual

Las denuncias de abuso sexual en Panamá, en los once primeros meses del 2021, aumentaron un 30%.

Entre enero y noviembre de 2021 al Ministerio Público (MP) llegaron 6,500 denuncias por supuestos delitos contra la libertad e integridad sexual. Para la misma cantidad de meses del año anterior se reportaron 4,985 denuncias.

Por su naturaleza, los delitos contra la libertad y la integridad sexual tienen consecuencias inmediatas y mediatas para quienes lo sufren, y cuyos efectos pueden agravarse si no se brinda un trato con prontitud, empatía y con respeto a la dignidad humana.

De allí, que los profesionales que interactúan con las víctimas de estos delitos durante el proceso, deben ser sensibles al padecimiento.

Aunque con las estadísticas reportadas por el MP no se puede afirmar categóricamente que haya un aumentado del número de víctimas de violaciones, pero si un registro de más denuncias de supuestos abusos sexuales en todo el país.

El delito de violación como establece el artículo 174 del Código Penal aumentó un 40% en comparación con el año anterior. En el 2021 se registraron 2,772 versus a los 1,931 contabilizados en el 2020, año en que Panamá estuvo con un confinamiento que alcanzó cinco meses.

El artículo 174 del Código Penal establece que quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de siete a doce años.

La pena será de doce a dieciocho años, si la violación la comete, a sabiendas de su situación, una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida.

Las denuncias por delitos sexuales contra menores en Panamá han registrado este año un aumento “significativo” y “lamentable”.

El MP tiene registró de 1,040 denuncias de acceso sexual con una persona menor de 18 años. Esos números representan un 19% de aumento en comparación con el año anterior que fue de 877 denuncias.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), el año pasado se reportaron 36,053 embarazos, es decir, 1,844 más que en 2019. Y, 9,724 eran de niñas y adolescentes en edades entre los 10 y 19 años. Esta última cifra representó un aumento de 696 casos más de adolescentes embarazadas con relación al 2019.

Las denuncias de abuso en menores se incrementaron después de que una subcomisión parlamentaria presentó en febrero pasado un informe sobre abusos sexuales y maltrato físico y psicológico a decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015.

La cifra ya venía en aumento puesto que el año 2020 cerró con 306 denuncias y 2019 con 280 por estos delitos contra menores.

Las conductas de violaciones según el artículo 175 del Código Penal, aun cuando no medie violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de diez a quince años si el hecho se ejecuta con persona que tenga menos de catorce años de edad.

Las denuncias de abuso sexual crecieron todas las regiones del país.

La provincia de Panamá fue la que más denuncias reportó el año pasado con 1426 y un porcentaje del 18%.

La comarca Emberá, por su parte, es la región con más porcentajes en aumento. La diferencia es de 410%%. En el año 2020 se reportaron 20 casos, pero el año pasado 102 es el registro.

El proyecto de ley 567 que crea el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, Niñez y la Adolescencia fue aprobado por unanimidad en tercer debate por la Asamblea Nacional.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, calificó como un “hito histórico” la aprobación de la iniciativa que garantiza el cumplimiento de los derechos de la niñez panameña.

Es importante destacar que administraciones pasadas intentaron aprobar sin éxito este tipo de normas.

“Era una deuda histórica con nuestra niñez y adolescencia, siendo uno de los pocos países del mundo que no contaba con un sistema que cambiará la forma en la que nos aproximamos a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pasando hacia un modelo basado en derechos humanos que tiene como objetivo el desarrollo pleno de la niñez y el fortalecimiento de la familia”, agregó la titular del Mides.

Castillo dijo que este proyecto es producto de amplias consultas con todos los sectores de la sociedad, instituciones del Estado, iglesias, universidades, abogados, Aliados por la Niñez y la UNICEF, entre otros sectores.

De igual manera, Castillo destacó el trabajo realizado por la mesa técnica instalada en el Mides, donde imperó el diálogo para presentar una iniciativa encaminada a garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Desde que Panamá ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 asumió el compromiso de velar efectivamente por la garantía de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esta garantía requiere que construyamos un sistema marco que permita a los estados cumplir con los compromisos adquiridos, siendo este sistema el mecanismo idóneo para lograrlo, agregó.

Con este proyecto de ley -según la ministra- se contará con un sistema articulado de protección de la niñez y adolescencia que permita abordar los problemas de esta población desde la prevención, con la participación de la familia y la comunidad como entes corresponsables en la construcción de soluciones.

También apuntó que se desarrollará una red de apoyo para la familia de forma tal que se fortalezca y se potencien sus capacidades para el cuidado y buen trato de los niños, niñas y adolescentes.

Además de asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes cuenten con los servicios y programas necesarios para su educación, nutrición, salud, protección, participación y desarrollo pleno.

Por su parte, las diputadas Kayra Harding, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Zulay; Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia; y Corina Cano coincidieron en señalar que el proyecto de ley contó con un amplio consenso, lo que facilitó su aprobación.

Esta iniciativa legislativa germinó tras el escándalo de abusos sexuales y maltrato a menores en albergues supervisados por el Estado que estremeció al país y provocó protestas en el 2021.

Unicef dijo en un comunicado que la norma armoniza la legislación local con la Convención sobre los Derechos del Niño y “salda una deuda histórica” del país con los niños, niñas, adolescentes y sus familias, para avanzar en la plena garantía y goce de todos los derechos para todos los niños, sin discriminación.