López promete una transformación profunda en el personal de la Corte

Por primera vez en la historia judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será dominada por mujeres en cinco de nueve asientos.

Vestida completamente de negro en contraste con un collar de perlas de varias vueltas que llevaba al cuello, la magistrada María Eugenia López fue elegida presidenta de la entidad (2022-2023) con siete votos a favor y uno en blanco –ni a favor ni en contra– del magistrado Cecilio Cedalise. El magistrado José Ayú Prado no asistió a la votación por haber estado en contacto con una persona positiva por covid-19, según indicó López cuando este medio indagó acerca del resultado de la votación. La ausencia de Ayú Prado causó interrogantes sobre si la razón de no comparecer se debió a la vulnerabilidad de los nombramientos interinos que él efectuó cuando presidió la Corte.

A los magistrados les tomó 45 minutos la decisión, una sin sorpresas pues el nombre de la magistrada ya se escuchaba en los pasillos antes de ser elegida.

La nueva junta directiva está integrada por los magistrados Carlos Vásquez y Olmedo Arrocha, elegidos por unanimidad, como presidente de la Sala Tercera y vicepresidente de la CSJ, y presidente de la Sala Civil, respectivamente.

López se muestra decidida a implementar lo que desde 2015 no se ha concretado, la carrera judicial con la que pretende que cada juez, magistrado superior y de apelaciones, tome posesión por los méritos que le acompañan y no por designación.

En el pasado, el magistrado Ayú Prado nombró de forma interina a 600 funcionarios en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), cargos que según López se someterán a concurso una vez se planifique la estructura de la carrera judicial. Antes se deberán resolver 30 o 40 demandas que han impedido avanzar en el proceso. “Los funcionarios no deben tener miedo a la implementación de la carrera. Lo primero es que tomen la decisión de ir a concurso”, manifestó López.

Si bien hay un mensaje de que la presencia de la mujer humaniza la justicia, el reto que enfrenta esta nueva junta directiva requiere más que humanización. Los desafíos son internos y externos, especialmente en el rescate de la credibilidad de la administración de justicia en la ciudadanía y ofrecer un servicio oportuno y transparente.

La CSJ es un autogobierno en el que sus integrantes prácticamente administran justicia sin control o supervisión de sus pares o externos. No hay una norma para supervisar uno al otro. En protección de su condición hay quienes sugieren que deberían establecer un régimen de autorregulación.

La Corte ha sido morosa en este tema; tan es así, que no se conoce de un caso en el que un magistrado de la Corte haya sido sancionado por su par. La Constitución no diseñó un mecanismo de sanción de faltas a magistrados de este organismo.

Por ejemplo, si un magistrado se demora en emitir un fallo, a pesar de que el presidente de la CSJ tiene la facultad de sancionar, sería un acto impensable ya que cada semana se topan en el pleno. Por tanto, la nueva directiva tiene la tarea pendiente de crear un mecanismo interno que se aplique a este propósito. Además, uno que desahogue de forma independiente y transparente las denuncias contra magistrados del Tribunal Superior o jueces de circuito.

Desde la aprobación de la Ley de Carrera Judicial no ha avanzado ninguna queja disciplinaria contra jueces o magistrados ante la ausencia del Tribunal de Integridad y Transparencia. Probablemente si se conforma, sería un avance en caso de garantizar su independencia.

López achacó el retraso de la implementación de la carrera judicial a la falta de presupuesto y la ausencia del Tribunal de Integridad y Transparencia. No obstante, se mostró esperanzada en que con la provisión adicional de $15 millones que anunció el Ejecutivo para este fin, al menos se den los primeros pasos en la formación de la estructura. “No hay duda, a partir de este momento inicia un proceso de transformación profunda en el recurso humano”, pronunció López. Para ello, cada funcionario debe asumir la idea de concursar.

Aproximadamente el 90% de los servidores no está en la carrera judicial, muchos tienen cinco años, o más, en sus puestos sin lograr estabilidad. Ven un futuro incierto.

El régimen de carrera plasmada en la última ley, no obstante, fue diseñada por los propios regulados, con sus propias reglas, lo que tiende a garantizar más corporativismo y menos excelencia. Este último concepto abriría las puertas a los interesados en ser parte del sistema que cumplan los puntajes. Hasta ahora todo parece resumirse a un asunto de clientelismo.

A lo interno hay una facción que busca los puestos con mejor salario. Para unos es quitarle el cheque a otro, dejando en segundo plano si la justicia es buena o mala. Da la impresión de que es un tema de devaluación de la autoridad, designaciones sin importar méritos o moral.

La Corte enfrenta un reto interno relacionado con lo administrativo y otro externo que tiene que ver con el servicio de lo que debe representar la justicia para la sociedad.

Desde los tiempos del presidente Guillermo Endara que dio inicio a la época democrática (1990), se hicieron los primeros esfuerzos para implementar un régimen de carrera.

Hubo algunos concursos. Pero la mayoría permanecía en interinato como una especie de instrumento de represalia que invitaba a abrir la posición a concurso. La autoridad nominadora ejerce de forma discrecional en quien elige, prácticamente obviando el puntaje de los mejores. Eso ha generado una protección clientelista entre magistrados y jueces o de un magistrado a otro.

En el día a día se perciben jueces y magistrados que no asisten con regularidad a su trabajo. Para quienes sí son responsables, es inconcebible pensar que los indisciplinados cobren igual, libres de sanción. En este sentido, la nueva titular de la CSJ dijo que ha instalado 800 relojes para controlar la entrada y salida de los funcionarios de sus despachos. Quienes incumplen el horario reciben una llamada de atención escrita con copia a su expediente.

Esto genera frustración tanto a quienes se esmeran por cumplir su trabajo, como para los usuarios que acuden a la justicia a resolver un problema y se les programa una audiencia para dentro de seis meses. No hay supervisión o vigilancia sobre su desempeño en comparación con jueces que realizan ocho o diez audiencias por día. Todos los magistrados que pasan por la Corte lo saben, pero cada uno tiene un árbol al que se arrima para cubrirse.

El manejo del presupuesto es otro reto. Un administrativo recién nombrado puede ganar más que un juez.

En la mañana del lunes, Cortizo juramentó a Miriam Yadira Cheng Rosas como magistrada de la Sala Primera de lo Civil, y a María Cristina Chen Stanziola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de CSJ.

Cheng Rosas cuenta con más de 35 años de experiencia en la administración de justicia en asuntos civiles, constitucionales, de familia, menores y protección al consumidor y defensa de la competencia.

Mientras, Chen Stanziola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, posee una maestría en derecho tributario del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Managua, Nicaragua; un doctorado en administración, hacienda y justicia en el estado social por la Universidad de Salamanca.

El jefe del Ejecutivo también posesionó a Ariadne Maribel García como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil y a Salvador Domínguez Barrios como magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Además, a Rosalinda Ross Serrano como magistrada suplente de la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo y Laboral.