Denuncian sabotaje a ley de Cabotaje

La Estrella de Panamá tuvo acceso a una nota firmada por el titular de comercio, Ramón Martínez, dirigida al departamento legal de la Presidencia, donde cita varios convenios suscritos con otros países, como presunto sustento del derecho de empresas transnacionales por encima de las empresas panameñas del sector marítimo, para explotar los recursos y servicios marítimos de Panamá en contraposición a la promesa electoral del Ejecutivo y de otros convenios internacionales de mayor jerarquía jurídica.

El 9 de febrero de 2021, el Consejo de Gabinete, luego de una amplia investigación y desarrollo de un instrumento legal que hiciera justicia a la industria marítima auxiliar y con ella al país, y cumpliendo con la plataforma de gobierno del Presidente Cortizo, aprobó el proyecto de ley de cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales. El respaldo del Gabinete fue unánime, incluyendo al Ministro de Comercio, Ramón Martínez, según rezan las firmas que acompañan a la Resolución número 16 de 2021, presentada por este ente ante la Asamblea de Diputados. (Foto)

En la Asamblea, el proyecto de ley tuvo una aprobación unánime y se esperaba una rápida sanción y firma por parte de su proponente, el Órgano Ejecutivo, pero la historia parece no terminar y se está desencadenando una pugna muy extraña en el seno del propio Gobierno, dado el éxito logrado por el documento en su trámite hasta el momento, pasando por un proceso de revisión en el Ejecutivo, incluyendo el MICI que ahora parece respaldar a las transnacionales que han sido denunciadas por su poco o nulo aporte al sector marítimo, por parte de los gremios panameños.

Pero ahora Martinez dice en su nota: “Tenemos a bien recomendar el veto parcial del citado proyecto . En suma, Panamá no podría implementar el espíritu de dicha ley de cabotaje y recomienda no aplicar dichas limitaciones a los extranjeros signatarios de esos acuerdos, “ya que irían en contra de lo pactado...”.

Por otro lado, toda la industria marítima auxiliar ha estado denunciando sostenidamente, los abusos de las transnacionales y las desventajas de Panamá frente a esta “inversión extranjera” que atrapa oportunidades en el mercado, cobra y se va, sin dejar impuestos, ni valor agregado, ni empleos arraigados en el país. Pero sí dejando pasivos como: especies náufragas, incidentes petroleros, abusos de personal con cero compromisos con la nación. Problemas que fueron denunciados durante toda la jornada de discusión del proyecto por los gremios marítimos, que apoyan el proyecto como la Cámara Marítima de Panamá, la Asociación Panameña de Armadores (ARPA), la Cámara de Comercio de Chiriquí, entre otros grupos.

Todo lo anterior es del conocimiento del presidente Cortizo. Por ello se colocó en su plataforma de gobierno un compromiso programático para enfrentar la situación y redactar la ley, en concordancia con proyecciones de mejora económica del país.

El centro de la polémica y el rechazo de las empresas marítimas internacionales en contra de ceder terreno en el mercado panameño, que ahora apoya el MICI a contravía del Ejecutivo, está en un artículo y una serie de disposiciones que permitirían por primera vez el desarrollo de esta industria en base a la explotación de su propio mercado. El Ministro recomienda el veto parcial a la yugular del proyecto de ley, que es el control de la propiedad reservada a panameños dentro de la industria marítima auxiliar.

“El proyecto de ley busca no solo el regular y definir la actividad de cabotaje, sino el reservar la explotación de la actividad a nacionales o empresas con un 75% o más de propiedad de panameño. Con esta limitación, se espera acabar con las ventajas que hoy ostentan las empresas de capital extranjero y poner un techo sobre los armadores locales que les permita seguir creciendo y desarrollando la industria en un marco de libre competencia con igualdad de condiciones entre los participantes”, afirmó José Digeronimo, Director Ejecutivo de ARPA.

Según reaccionó Digeronimo: “Por alguna razón inexplicable, el ministro nuevamente omite que países como Estados Unidos y aquellos del bloque europeo poseen leyes de Cabotaje similares, e incluso más estrictas, se reservan los mencionados servicios marítimos auxiliares, para sus propios nacionales, hecho que automáticamente excluye a los panameños”. El gremialista añade que: “Es una ley de Cabotaje como las que poseen el 80% de los países con negocios marítimos y hoy aún después de pasar por las aprobaciones dictaminadas Constitución, estamos entre el cabotaje y el sabotaje debatiendo un compromiso de este gobierno y una necesidad evidente del sector”. El MICI ahora respalda a las transnacionales en contra de los panameños.

“No entiendo cómo el ministro se contradice contra el propio Gobierno, si firmó la Resolución de Gabinete, aprobando el instrumento de ley. Esas son las cosas que nos hacen quedar mal”, afirmó, el diputado Raúl Pineda del partido gobernante PRD: “¿Cómo firmas una ley en gabinete un día y hoy estas en contra?”, se pregunta.

“No tiene seriedad esa actuación y deja muy mal parado al Gobierno, ¿dónde estaba este ministro cuando la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llevó la ley para su análisis en todas las instancias del Ejecutivo, incluyendo al MICI?”, reflexiona Pineda. “¿Será que alguien tocó al Ministro Martínez?”, se pregunta Pineda quien presidió la subcomisión de Comercio que debatió en dos sesiones el proyecto antes de ser aprobado en la Comisión y el Pleno Legislativo.

Para el abogado y especialista en derecho marítimo, Francisco Carreira, la interpretación que concede el ministro Martínez a estos convenios internacionales, debe estar basada en principios fundamentales de equidad y el derecho de Panamá para explotar sus propios recursos nacionales y espacios marítimos para beneficio del desarrollo del país, sin tener que poner primero el derecho de otras naciones que no son recíprocas con Panamá en iguales circunstancias.

En ese sentido, es cierto que Panamá “acata las normas de derecho internacional”, según el artículo 4 de la Carta Magna. Sin embargo, estas normas son encabezadas por la Carta de Naciones Unidas (NU) que señala con respecto a las decisiones dentro del marco de un Estado soberano, lo establecido en el primer y segundo artículos de dicha Carta, como: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos , y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”; y “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las NU”.