La brecha de género en el empleo: más mujeres en la informalidad

En Panamá hay unos 777 mil panameños que están en el trabajo informal y de ese grupo el 53.8% son mujeres, alertó Irma Tuñón Berrocal, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Mujer (Conamu) durante la sexta reunión ordinaria que realizó este órgano.

Tuñón debatió sobre la informalidad de la mujer en la seguridad social, asegurando que esta “lamentable” condición ha ido creciendo en Panamá desde el año 2011 y se ha agudizado con la pandemia de la covid-19.

El consultor laboral René Quevedo expresó que no hay que olvidar que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajadores informales “se categorizan a todos los trabajadores que no tributan sobre la renta devengada en el empleo informal y sin acceso a la seguridad social. Esto incluye a los empleados de empresas privadas sin contrato de trabajo, trabajadores independientes, patronos cuyas empresas cuenten con menos de cinco empleados, personas que prestan servicio doméstico y trabajadores familiares”.

“En pocas palabras, empleo formal = planilla y los informales no son (sólo) buhoneros y extranjeros”, manifestó Quevedo.

Pero las mujeres son menos propensas a buscar trabajo y asumir compromisos laborales formales, principalmente por sus responsabilidades familiares, enfatizó el consultor laboral.

Esta situación ha llevado a que 750 mil mujeres en edad de trabajar se encuentran ausentes del mercado laboral, informó la estrategia de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) de Panamá en datos publicados en su página web.

“La ausencia en el mercado laboral afecta particularmente a las mujeres con bajos niveles de instrucción, las del medio rural, a las casadas o unidas en pareja, las que tienen un mayor número de hijos(as) y entre las pobres”, apuntó el IPG, un modelo de colaboración público-privada, de alto nivel, que busca apoyar a países interesados en reducir la brecha económica de género.

ONU Mujeres, en el Perfil de País Según Igualdad de Género (PPIG), detalló que en el ámbito urbano la jornada laboral de las mujeres con uno o más niños menores de cinco años alcanza una jornada 38.9 horas semanales y sin hijos menores es 0.03 horas menos. En el mundo rural las trabajadoras con niños en edad preescolar tienen menos oportunidad de acceder a jornadas laborales plenas, solo alcanzan jornadas de 24.3 horas. Quienes no tienen cargas de hijos menores de 5 años aumentan a 30 horas la semana.

En efecto, el organismo señaló que las cargas del cuidado familiar resultan un obstáculo para el empleo de jornadas con mayor cantidad de horas laboradas remuneradas para las mujeres, esto se combina con la inexistencia de centros o servicios a nivel local para la atención de niños/as, adolescentes y adultos mayores, que constituyen en barreras para el mejoramiento de la vida laboral de las mujeres.

Según el IPG, las mujeres dedican en promedio más de 29 horas semanales a las labores domésticas y de cuidados, frente a las 13 horas que dedican los hombres. Esta nueva situación ligada a la pandemia solo ha aumentado los desequilibrios en el hogar. El 74% del trabajo doméstico es realizado por mujeres el 72% de ellas realiza actividades domesticas versus el 37% de los hombres.

Quevedo dijo que, en el 2019, el 47% de las mujeres urbanas indicó que no buscaba trabajo por responsabilidades y no tener con quién dejar a los niños.

Subrayó que entre el 2020 y 2021, unos 21,313 hombres encontraron empleo (91% de la expansión total del empleo) versus 2,118 mujeres. Es decir que por cada mujer que encontró trabajo en la postpandemia, 10 hombres lo lograron. En contraste, 3,996 hombres dejaron de buscar trabajo versus 70,496 mujeres. Es decir que la proporción entre hombres y mujeres que abandonaron la búsqueda de empleo el último año fue de 1 a 18, describió Quevedo.

La vicepresidenta de Conamu aludió que las mujeres son las que más se están viendo afectadas porque no están protegidas por el “paragua” de la seguridad social, ya que no cotizan por estar en la informalidad.

En este caso “usted se llama independiente no contributivo porque no recibe ingresos. Cuando usted recibe ingreso usted se llama independiente contributivo (es decir) que contribuye, paga al Fisco o a la Dirección General de Ingresos, pero también paga a la Caja de Seguro Social (CSS)”, explicó la también representante del Foro de Mujer y Desarrollo.

Recordó que hay un modelo en la CSS donde la persona puede pagar el seguro de manera voluntaria, pero donde tiene que decidir si se paga a la salud o una pensión cuando ya se tenga la edad. “Todos estos mecanismos hay que conocerlos porque la Ley 51 en su artículo 77 le exige a la CSS que tiene que promover la seguridad social en este país”, adujo la activista.

Tuñón, quien también forma parte del diálogo por la CSS, afirmó que la entidad de seguridad social tiene que promover que las personas reciban una contribución salarial, por lo que hay que trabajar una política de empleo para empoderar a la mujer para que tenga acceso a una pensión justa.

¿Cómo deben estar creadas las estrategias para ayudar a las mujeres a salir de la informalidad? El consultor laboral respondió que lo primero que se debe hacer es generar confianza porque hoy en día existe una incertidumbre laboral.

Lo segundo es entender que la realidad de la mujer es diferente a la del hombre, y tercero, debe establecerse una campaña para concientizar a las mujeres acerca de los beneficios de la formalización.

Actualmente el IPG lleva adelante una propuesta de medidas para la reactivación económica con enfoque de género, entre las que se encuentra implementar planes de reconversión laboral y planes de capacitación tecnológica; promover medidas de incentivo a la contratación; impulsar la reactivación del empleo doméstico; y fomentar servicios de orientación vocacional con enfoque de género.

También se crearon estrategia para Mipymes y empresas propiedad de mujeres, como: apoyar a las emprendedoras y empresarias de actividades emergentes; impulsar programas y proyectos para que mujeres empresarias incursionen en el Comercio Electrónico; articular líneas de apoyo financiero; promover alianzas estratégicas; asegurar el mantenimiento de los programas; identificar empresas con énfasis a Mipymes; e integrar en las regulaciones de compras incentivos y parámetros.

Además, el IPG, a través del Consejo Nacional para la Paridad de Género, presidido por el ministerio de Desarrollo Social, está organizado para implementar acciones dirigidas a reducir la brecha económica de las mujeres y el establecimiento de alianzas público-privada para impulsar así el empoderamiento de la mujer panameña en tiempo de la pandemia de la covid-19.

Su estrategia se concentra en torno a tres objetivos:

1. Aumentar la participación laboral de las mujeres.

2. Visibilizar y reducir las brechas salariales de género.

3. Promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo.

ONU Mujeres recalcó que para la sociedad panameña la igualdad entre mujeres y hombres debe ser un valor fundamental y esencial para su crecimiento económico y social (hacer frente a los actuales retos económicos y sociales, garantizar la justicia social y lograr un desarrollo inteligente y sostenible) y la igualdad de género tiene que desempeñar un papel fundamental en el debate político de nuestro país.