Panamá, entre avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción

Panamá no ha logrado alcanzar niveles satisfactorios en recientes evaluaciones internacionales. La más nueva, la del Observatorio Ciudadano de Corrupción que midió la gobernabilidad democrática frente a la corrupción como parte del seguimiento al compromiso suscrito en Lima, Perú, 2018 en el marco de la Cumbre de las Américas, evidencia una deuda del Estado hacia los mecanismos para monitorear el cumplimiento de lo pactado.

Esto es así, entre otras cosas, por la ausencia de una oficina, un responsable desde el poder ejecutivo, en asumir la tarea.

El estudio concluyó que los gobiernos pasados y el presente están en deuda con el desarrollo de políticas públicas pro transparencia y anticorrupción dotadas de los recursos y de un marco de tiempo para su ejecución, además de abrir la información a la ciudadanía para que participe en las políticas públicas.

El Observatorio midió cinco temas puntuales: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información y protección al denunciante; financiamiento de la política; prevención a la corrupción en obras públicas y cooperación jurídica internacional. En todos ellos el promedio obtenido fue de 1,42 (de cero la mínima, 3 la máxima), nota que resume que Panamá no ha seguido eficazmente los compromisos adoptados durante la Cumbre y que los resultados “son alarmantes” en materia de gobernabilidad democrática, el renglón peor evaluado con 1,07.

En este último punto se hace referencia a la necesidad de fortalecer una justicia independiente con autonomía financiera y la profesionalización del servicio.

En cuanto a transparencia, el tema de la impunidad es reiterativo a pesar de que el Ministerio Público cuenta con normas penales y de procedimientos para responder a las nuevas modalidades delictivas de corrupción que emplean sociedades anónimas para esconder a los beneficiarios finales.

En este segmento también se habla sobre la importancia de elaborar estadísticas de evaluación de transparencia y la lucha anticorrupción, pues estos datos no son evaluados de acuerdo con el impacto que tienen en las políticas de transparencia, así que se estanca la posibilidad de impulsar un fortalecimiento de la capacidad del Estado en conocer en dónde está y hacia dónde apuntar.

Hay avances en la implementación de mayor transparencia del financiamiento público y privado, tanto de los partidos políticos o campañas electorales. Pero aún así, a pesar de los controles que ejerce el Tribunal Electoral, “continúan las donaciones privadas de dudosa procedencia” a las campañas electorales que han salido a relucir “en investigaciones que se adelantan por sobornos, pero que no han logrado una definición judicial”, cita el informe.

El sector que ha mostrado más avance ha sido el de la contratación de obras públicas a través de la plataforma digital Panamá Compra de uso obligatorio para las instituciones que ejecuten fondos públicos cuando contratan servicios del Estado. A pesar de las buenas noticias, en este aspecto se dejó abierta una rendija para la corrupción al permitir contrataciones a empresas sancionadas o investigadas en otros países por este delito. Además, en la redacción de la ley de Contrataciones Públicas modificada en mayo de 2020, se omitió la inclusión de una cláusula anticorrupción en los contratos.

No obstante, en las reformas se incorporó la inhabilitación temporal de contratar con el Estado a empresas y particulares que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública y la Dirección General de Contrataciones Públicas obliga a desarrollar un Código de Ética para todas las personas que participen en procesos de contratación.

En el quinto tema, referente a la cooperación jurídica internacional, combate al soborno internacional, crimen organizado, lavado de activos y la recuperación de activos, aunque el país es signatario de múltiples convenios internacionales y bilaterales, no siempre la colaboración resulta eficaz y oportuna debido a falta de homogeneidad procedimental en los diferentes países, y la colaboración siempre está condicionada a la burocracia y la estructura de cada país.

En este último aparte se eleva la importancia de contar con una ley de extinción de dominio para combatir el crimen organizado. A punto de culminar el periodo legislativo, todo indica que la discusión de la ley 625 sobre extinción de dominio, que presentó el Ministerio de Seguridad, quedará pendiente para el siguiente periodo legislativo.

El reporte recomienda entre los primeros puntos crear los mecanismos para que las instituciones den seguimiento al cumplimiento de los compromisos que corresponde a cada instancia.

La segunda recomendación es promover la participación activa de los ciudadanos, a pesar del retroceso que ha generado la pandemia. De esta forma se evita depositar toda la responsabilidad en los gobiernos como interlocutor exclusivo válido.

Como medida “urgente” se recomienda elaborar un análisis de riesgo con la participación de organizaciones sociales que alerte a los responsables de las contrataciones a no hacer negocios con empresas que resulten un riesgo para los intereses públicos.

Reitera la necesidad de dotar de los recursos financieros tanto al Ministerio Público como a los tribunales, para contar con una estructura fuerte, compuesta de profesionales competentes y capacitados para responder de forma rápida y eficiente.

Las organizaciones evaluadoras fueron: Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Alianza Ciudadana pro Justicia, Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Centro de la Mujer Panameña, Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá, Espacio Cívico y Red de Mujeres Afropanameñas.