Democracia, trabajo digno y seguridad social; las demandas de los sectores populares

La tarde de este miércoles los sectores populares organizados salieron a las calles bajo un amplio abanico de demandas que confluyeron en un punto en común: la defensa de un sistema de pensiones público, gratuito y de calidad.

La pluralidad de grupos en los que figuraron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres, docentes y profesionales, salieron en marcha desde el parque Porras de la ciudad capital, hasta los predios de la Asamblea Nacional en la plaza 5 de Mayo.

"La Asamblea también es cómplice (junto al Gobierno de Laurentino Cortizo) por que aprobó las reformas al Código de Trabajo, quitaron el fuero de maternidad, redujeron los salarios de los trabajadores, legalizaron la suspensión ilegal de los contratos de trabajo", dijo el líder sindical Génaro López.

López, miembro de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), entregó al Legislativo un documento con propuestas para atender la crisis del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

El pasado 15 de marzo, los trabajadores agremiados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) se levantaron de la mesa del diálogo nacional por la CSS, al denunciar que había intereses de privatización e individualización del sistema de pensiones de la institución.

"La pandemia demostró que los países con un sistema de salud público fuerte enfrentaron mejor la crisis. A pesar de todas las deficiencias la CSS y años de despojo con las políticas neoliberales, la salud pública salvó miles vidas. Hay que defenderla", señaló Abdiel Rodríguez, profesor universitario.

La discusión sobre las jubilaciones se presenta en un panorama complicado por la emergencia sanitaria de la covid-19. Cifras oficiales estiman que el desempleo en el país está por encima del 20%, esto sin contar a los miles de personas que aún se encuentran con contratos suspendidos, lo que podría aumentar la cifra.

Un escenario de malestar generalizado, sobre todo entre las capas medias y populares, que se enfrentan a su vez al dilema del fin de la flexibilización bancaria establecida por Cortizo para el próximo 31 de septiembre. Un temor con el que viven los deudores en el país, ante la posibilidad de perder sus bienes frente a los bancos de no lograr un acuerdo con estos.

Los cambios en las reformas electorales también fueron parte de los reclamos en la protesta. Allí se rechazó los cambios que impulsaban varios diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Estos buscaban modificar la propuesta elaborada por el Tribunal Electoral (TE) y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, una iniciativa que fue frenada y ahora se discute en una mesa técnica entre el TE y la Asamblea.

El cambio de estrategia desde el Legislativo ocurrió horas antes de que se diera otra protesta, el pasado 14 de septiembre, también en la 5 de mayo aunque enfocada fundamentalmente en las denuncias contra la corrupción en el sector público y las reformas. Una masiva manifestación con participación mayoritaria de capas medias y sectores acomodados, representantes de gremios empresariales, así como líderes de partidos políticos.

"La discusión sobre las reformas pasa por democratizar en serio el sistema electoral, no solo cambios que benefician a diputados oficialistas, partidos pseudopositores y supuestos independientes. Al final ellos responden a intereses oligárquicos. Allí los magistrado (del TE) han sido cómplices desde 1989", dijo Marcelino Ruíz, jubilado y sobreviviente del evenenamiento por dietilenglicol.

El rechazo a la minería metálica también estuvo entre las reivindicaciones de la marcha. Organizaciones ambientalistas repudiaron la negociaciones que avanzan el Ejecutivo y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, para fijar un nuevo contrato para continuar con la explotación minera en el país.

Denuncian que “no existe” la minería metálica “sostenible” como afirma el Ejecutivo y reiteran que es una "falsa estrategia de recuperación económica”.

"El Gobierno quiere vender que la minería va pagar la deuda social de todos estos años, eso es falso. No solo es un proyecto que excluye al pueblo sino que va dejar una destrucción ambiental irrecuperable. Hay otras formas de conseguir ingresos pero prefieren destrozar la tierra por negocios privados", subrayó la docente Dania Atencio, parte de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y miembro del Frente Panamá Vale Más Sin Minería.

En la manifestación también hubo presencia de colectivos feministas, que se sumaron igual a las exigencias de protección y seguridad social parar las mujeres.

Con una gran tela que decía “Seguridad social para todas las mujeres”, estas denunciaron la falta de reconocimiento de las mujeres en el sistema de pensiones, especialmente en torno a las labores de cuidados. Una actividad que mantiene a más de 200 mil mujeres haciendo trabajo no remunerado y sin derecho a jubilación, explica Yousee Herrera, estudiante y activista feminista.

“Las mujeres que se quedan en casa cuidado a sus hijos, a personas mayores o familiares con alguna discapacidad, ejercen un trabajo vital que no es reconocido por el Estado. Sin ellas sus parejas no podrían buscar un aporte para la casa (...) esas mujeres lo único que tendrán al final de sus vidas es una pensión de $120 a los 65 años", señaló Herrera.

Al final del mitín, la manifestación terminó pacíficamente y sin que se registrara ningún incidente. 

Horas antes de la llegada de la marcha, el palacio Legislativo fue cercado por completo, con tres líneas de vallas en su entrada principal y un amplio despliegue de cientos de unidades de la Policía Nacional.