Informe de la Senniaf desvela casos paralizados por ocho años

Por años (de 4 a 8), docenas, o tal vez cientos de casos de niños y adolescentes que vivían en albergues a órdenes de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) no recibieron atención idónea, tampoco obtuvieron alternativas de reunificación familiar; no fueron declarados en adopción o recibieron terapias. Sus casos estaban guardados en cajas, en lo que aparenta un desorden de archivo, a la espera de respuestas de la entidad encargada de velar por su bienestar.

Así lo revela un informe interno de Senniaf elaborado en diciembre de 2019, que encontró “expedientes con más de 4 años sin movimiento”. Los documentos estaban dentro de cajas amontonadas en las que en algunas se aprecia escrito con un plumón 2015, 2016, y etiquetadas con 2014.

El reporte, elaborado por la entonces directora Sara Rodríguez, da cuenta de “38 expedientes que tenían 8 años sin gestión alguna, mientras que los niños permanecían en el albergue sin definir su caso”.

Como consecuencia de la demora, los niños víctimas de violencia institucionalizados, al no recibir atención terapéutica generaron afectaciones de salud mental, y como resultado de haber crecido en el encierro “requerían de intervención terapéutica profunda y un plan de vida para la etapa adulta, ya que la práctica ha sido que en la mayoría de los casos los niños y adolescente salen del sistema sin apoyo, quedan perdidos a no ser que tengan la suerte de que 'alguien' les tienda la mano.

Para la fecha que se redactó el reporte, cada abogado de protección manejaba 500 expedientes activos, una cantidad desproporcionada para lograr respuestas en tiempo oportuno para los niños y adolescentes, lo que generaba que permanecieran en albergues por años. Al año ingresan en promedio 400 casos nuevos que se suman a los 2 mil que tenían en julio de 2019 que debían atender 134 técnicos y 131 administrativos a nivel nacional.

Todo forma parte de una cadena que afecta la situación de los niños y adolescentes institucionalizados, porque impacta el proceso de adopciones a pesar de que la demanda de solicitantes de adopción es mayor a los niños en estado legal para ser adoptados.

Solo el 4% de los niños y adolescentes en albergues está en estado de adoptabilidad; el resto, sin definir competencia de los juzgados se mantiene en protección.

El resultado de las deficiencias se ve reflejado en el promedio que viven los niños y adolescentes en albergues: 4,5 años incluyendo aquellos que ingresan por época escolar. Pero los que ingresan en situación de riesgo pasan hasta 7,5 años a la espera de que sus expedientes superen trámites burocráticos; falta de personal; averiguaciones tardías; escaso monitoreo en los albergues; no ser escuchados cuando son víctimas de abusos sexuales o maltratos, y vivir sin su familia en un entorno que no reúne las condiciones o el perfil, sin suficiente personal especializado para atender sus necesidades. No se diseñan planes individuales de atención a los niños y adolescentes en protección del Estado por violencia, abuso sexual, y en consecuencia no reciben atenciones terapéuticas y apoyo familiar que responda a la situación. En resumen, no se cumple con la recuperación de la víctima.

Si la Senniaf recibe una denuncia por maltrato o abuso sexual, no puede ofrecer una respuesta inmediata de visita a la casa en todos los casos porque no tiene personal ni recursos para hacerlo.

En 2009, producto de un debate de los sectores vinculados al tema se creó la Senniaf (Ley 14 del 13 de enero de 2009) como respuesta a una ley que vele por el Sistema de Protección Integral de Niñez. Pero tras casi 12 años de funcionamiento quedó pendiente la implementación de la ley orgánica con la dotación de recursos y estructura acorde con sus funciones, responsabilidades, necesidades de protección a las criaturas y fortalecimiento de las familias.

Además de la ley en mención, en Panamá los derechos de la niñez están consagrados en 13 leyes que datan de 1994 y ahora se discute en la Asamblea Nacional una nueva de ley de protección integral de la niñez. No obstante el extenso marco legal que debiera blindar a niños y adolescentes bajo protección del Estado, no existe una política integral en este tema porque no parece estar dentro de las prioridades del Estado, como tampoco se ha articulado una coordinación entre los ministerios que intervienen en el proceso, educación, salud, vivienda o desarrollo social.

La Senniaf parece estar atada de manos para atender todas las tareas que le asigna la ley, ante la falta de presupuesto. Los entrevistados para esta investigación han coincidido en que carece del respaldo de los gobiernos de turno para incluir al personal idóneo que pueda entender la dimensión y el rol para el cual fue creada la institución. Con el presupuesto que recibe cada año es imposible cumplir a cabalidad con la carga laboral.

Lo que termina en un círculo vicioso: el Estado no dota de recursos; la entidad no contrata personal idóneo; no invierte o crea nuevos programas; la situación le impide agilizar los programas de reunificación familiar; revisar el árbol genealógico para inhabilitar a los padres, y contando.

Por ejemplo, en 2020 la Senniaf trabajó con un presupuesto de $6,1 millones; de ellos, el 90% sirvió para pagar planilla y el 10% se invirtió. En ese mismo año, el Ministerio de Desarrollo Social entregó en subsidio a la Fundación Chilibre Panamá $600 mil en un año. Esto es más que los $400 mil que destinó a inversión la Senniaf el mismo año.

En 2021 se le asignaron $8,9 millones; de ellos, $2 millones eran para inversión en un nuevo programa de protección para víctimas de abuso sexual que este medio no logró corroborar si se concretó. Hasta junio pasado, la Senniaf funcionaba con 519 funcionarios entre administrativos y especialistas a nivel nacional.

Otras debilidades institucionales son la falta de procedimientos definidos y metodologías de intervención, lo que da como resultado que las investigaciones en casos de violencia, abandono y abuso sexual no se hagan de forma oportuna y los menores en albergues se queden sin recibir atención idónea. Pero nadie parece responder por esto.

La salida a este laberinto, según especialistas internacionales consultados, está en capacitar el personal para leer cuál es la mejor opción para niños y adolescentes de forma individual, conocer sus historias y encontrar un entorno digno en el que puedan encontrar alternativas. Además de la Senniaf, en este sistema intervienen los juzgados, la policía, el defensor del Pueblo, y otros ministerios que deberían poner una mirada sensible hacia esta población para que el esfuerzo conjunto marque un antes y un después.

En 2019 la institución trazó una hoja de ruta para la desinstitucionalización de los menores y retorno a la vida en familia con un plan de trabajo a implementar en 2020-2021. La directora de Senniaf que lo elaboró, Sara Rodríguez, renunció en diciembre de 2020 alegando razones personales. Tras su salida, y por cuatro meses, la institución estuvo liderada por tres personas: Carla García (encargada), Mayra Silvera (por un mes) y Graciela Mauad.

Este medio ha solicitado entrevistas con cada una de las mencionadas, pero no ha habido éxito. En lo que respecta a Mauad, especificamos a la oficina de prensa que se trataba de un reportaje especial y reiteramos vía telefónica el interés. También enviamos un correo a la dirección de la entidad en el que pedimos hablar temas específicos: flujo de casos; intervención en los albergues; procesos de adopción; falencias administrativas y presupuestarias; tiempo de estadía en albergues de niños y adolescentes; coordinación con los juzgados; visitas y abusos.

En respuesta, la dirección de la entidad respondió un correo, sin firma, en el que se lee textualmente que en lo que respecta a la administración de Metro Amigos y Funchipa, los casos estaban en manos del Ministerio Público y acatarían los hallazgos de la investigación. “En estos 36 días transcurridos han trabajado sin descanso pues la demanda de situaciones con NNA ha sido incesante”, cita.

Luego comunicaba: “Nos hemos propuesto reforzar nuestro departamento de fortalecimiento familiar como prioridad y hemos pedido el reforzamiento del equipo técnico con psicólogos, abogados y trabajadores sociales para que el abordaje y respuesta sea más expedito”, se leía en la respuesta. Sin embargo, nunca concretaron una entrevista con esta periodista.

Desde 2017 el Ministerio Público ha iniciado 28 carpetas de investigación relacionadas con albergues; de ellas, tres han resultado en condenas. En siete casos se han solicitado 12 imputaciones y hay dos con solicitud de audiencia. En los últimos dos años se abrieron 25 carpetas, en comparación con años anteriores con uno o dos casos.

Para este reportaje los entrevistados han dado cuenta de docenas de incidentes que nunca llegaron a oídos del Ministerio Público, que no aparecen en la lista de investigaciones abiertas que proporcionó la entidad. Lo que evidencia un subregistro en los casos de maltrato físico y abuso sexual que ocurren en los albergues a la sombra de la impunidad. El Ministerio Público tiene indicios sobre delitos en 18 casos, denuncias que investiga la fiscalía para esclarecer los hechos y establecer si hay una conducta delictiva. De los 28 casos en investigación, 16 son por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual; de ellos se lograron tres condenas (ver tabla).

Entre la documentación a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá hallamos un informe elaborado por la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa) que abarca de abril a diciembre de 2019, que recoge una serie de hallazgos sobre la situación psicológica y el comportamiento de niños y adolescentes.

Funchipa detalló que el albergue tenía “un historial de fugas” especialmente mujeres “no reportadas a la Senniaf”, por ende, presupone que tampoco se informó a las autoridades judiciales. Por ejemplo, en el mes de mayo, 10 adolescentes (varones y mujeres) entre 10 y 17 años se fugaron del xalbergue. Estos adolescentes que se fugaban tenían meses y años de estar residiendo por estatus de protección o adopción, la mayoría no tenía visitas de familiares o intervenciones de la Senniaf para informar de su condición.

Los tutores que habían laborado por años en el albergue dijeron que las adolescentes que se fugaban “regresaban con infecciones vaginales, por lo que se presumía que ellos no regresaban a donde sus familias, sino que pernoctaban en diferentes lugares sin las condiciones mínimas de higiene y había fuertes indicios de que mantenían relaciones sexuales sin protección”, destaca el informe.

También reportaron conductas agresivas, niños y adolescentes que controlaban con amenazas a sus pares; adolescentes que abusaban sexualmente de otros y mujeres con prácticas de lesbianismo. Lo anterior resulta de la ausencia de implementación de un manual de manejo de este tipo de casos que debería emitir la Senniaf a los albergues. Pocos centros cuentan con un procedimiento formal en este tipo de situaciones y el común denominador es silenciar este tipo de delitos; las víctimas no tienen voz. Sus denuncias pasan por orden jerárquico que parecieran no llegar a la cabeza.

Muchos de los niños y niñas que se institucionalizaron desde temprana edad muestran retrasos en el desarrollo cerebral.

1 de cada 3 se convierte en indigente

1 de cada 5 tiene expediente criminal

1 de cada 7 se involucra en prostitución

1 de cada 10 comete suicidio

La tasas de mortalidad de niños y niñas institucionalizados con discapacidad es 100 veces mayor a la de aquellos

Rebeca Grynspan, candidata a secretaria general