Piden integrar tecnología y fortalecer estructuras para reforzar la seguridad en Panamá

Las medidas restrictivas impuestas por las autoridades para controlar la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19 desde marzo de 2020, no impidieron que se abrieran 63,220 casos criminales ese año a nivel nacional, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público.

Estas estadísticas generales indican que en 2020 el número de registros criminales disminuyó 16.41% respecto a los 75,629 reportados por la institución en 2019; sin embargo, estos registros muestran variaciones según el territorio y el tipo de delito. 

De esta manera, aunque algunos delitos presentaron una disminución, durante 2020 se incrementó en 4% el número de homicidios respecto al mismo período del año anterior, reportándose 500 casos en 2020 y 480 en 2019.

De enero a mayo de 2021 se registraron 223 casos. También se produjo de 2019 a 2020 un aumento de 132% en los delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, propio de la nueva realidad tecnológica.

Para Eliseo Miranda, director de EULEN Seguridad Panamá, empresa de la multinacional española Grupo EULEN, el mayor reto que enfrenta el sistema de seguridad en general es garantizar el compromiso de su personal: “la vulnerabilidad que tienen los agentes para ser corrompidos por los grupos delincuenciales es un reto para todos; antes, durante y después de la pandemia, es una situación que hay que enfrentar”.

Precisó que frente a flagelos como el narcotráfico y la corrupción, las organizaciones de seguridad públicas y privadas deben llevar un seguimiento cercano con su personal para que, saneadas a lo interno, no se afecten sus gestiones.

“Una adecuada selección, remuneración y ejecución de contrainteligencia -dar seguimiento a las personas que forman parte de la organización- son aspectos que hay que revisar. Otro asunto clave es dotar con el equipamiento al personal y reforzar su formación a través de capacitaciones”, indicó Miranda.

En cuanto a delitos vinculados al crimen organizado, estadísticas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que la cantidad de toneladas de droga incautada por las autoridades disminuyó apenas en 6.73% en 2020 en comparación con el año anterior, a la vez que, en 2019 se tramitaron 96 reportes y hasta el 30 de septiembre del año 2020, 80 casos por blanqueo de capitales.

“Aparte de los femicidios y otros homicidios por violencia general, observamos los crímenes por ajuste de cuentas vinculados al narcotráfico que se dan por el llamado “tumbe” o por la ampliación de los campos de acción entre las diferentes pandillas y vendedores de sustancias ilegales. Todo el dinero que procede de estas actividades delincuenciales queda directamente vinculado al blanqueo de capitales al circular en el medio bancario o comercial, esto aparte del dinero blanqueado por casos de corrupción que es otro tipo de delincuencia”, destacó Miranda.

Para Miranda, un segundo desafío es atender el robo menor y el hurto “que no son menos importantes”.

Las estadísticas del Ministerio Público indican que en 2020 disminuyeron en 25% estos delitos denominados contra el Patrimonio Económico, a razón de las restricciones por la pandemia.

Explicó que el narcotráfico también hace que se incrementen los robos: “Cuando más personas consumen sustancias ilícitas y no tienen los recursos van a incurrir en actos delictivos para obtener el dinero y lograr cubrir la necesidad que tienen. Es un ciclo difícil de definir y manejar”.

Advierte que para reducir estos casos es esencial “reforzar el pie de fuerza o la estructura del sistema, la movilidad de los agentes y ampliar el sistema de videovigilancia. En la ciudad de Panamá y en varias capitales de provincias se han instalado sistemas tecnológicos de seguridad y se lograron numerosas detenciones con la ayuda de esos recursos”.

En tal sentido, de acuerdo con datos del Ministerio Público entre enero y abril de 2021 se registraron 794 denuncias bajo la modalidad del ciberdelito, de las cuales 655 correspondieron a casos de estafa, con una incidencia del 68% del total de estafas comunes registradas solo en el área metropolitana. 

“Se incrementará el ciberdelito con la injerencia a tarjetas de crédito y robo de datos, por la creciente cantidad de información disponible en la nube. Este tipo de delincuente tiene un perfil diferente a lo que estábamos acostumbrados, es educado y tiene conocimiento tecnológico, entonces para las organizaciones y empresas es un imperativo reforzar los sistemas de ciberseguridad”, explicó Eliseo Miranda.

Frente a los desafíos del país, el experto señaló que la vigilancia o seguridad física no va a desaparecer porque presenta ventajas por el efecto que causa la presencia de un agente para la atención a las personas y por su capacidad de reacción ante un incidente, sin embargo, “la tecnología y la innovación aportan recursos que ya venían cambiando el panorama de la seguridad y que la pandemia aceleró”, concluyó Miranda.