'La asignación inadecuada de recursos impidió el disfrute del derecho a la salud': ONU

La contratación a la empresa farmacéutica Droguería González Revilla, en enero de 2018, para abastecer con perindopril de 5 mg a la Caja de Seguro Social después de la suspensión del uso y comercialización del lisinopril, puede calificarse como un acto de corrupción por un posible conflicto de interés.

Esa es la opinión de Tlaleng Mofokeng, relatora especial del derecho de toda persona al disfrute de la salud física y mental del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), plasmada en un documento que envió al Gobierno panameño, el 4 de diciembre de 2020.

El análisis de la responsable de los derechos de la salud toma en consideración una denuncia del Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa), que dirige Roger Barés, que establece que la contratación se hizo a discreción del gobierno y por un precio mayor (0.50 por tableta), en lugar de adjudicarse a la empresa C.G. De Haseth & Cía, S.A., que ofertaba 0.02 por tableta.

La compra representaría un gasto extra de $30 millones al año, por un plazo de tres años. Según la queja, el Estado habría invertido $41 millones en perindopril en lugar de $8,6 millones.

En principio se había efectuado la licitación pública número 01-2017, que se adjudicó la distribución del lisinopril a Imports Dos Reis S.A. mediante Resolución 672- 2017 del 29 de agosto de 2017, por 185,646,400 tabletas en tres años consecutivos.

La empresa Inversiones Tagore Panamá S.A. fue la segunda proponente en dicha licitación, mientras que la empresa C.G. de Haseth & CÍA S.A. fue la tercera proponente; esta última distribuyendo también el medicamento lisinopril 20 mg, pero fabricado por una empresa española.

Pero el 1 noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) dispuso suspender el uso y comercialización del lisinopril y ordenó el retiro inmediato de 17,2 millones de tabletas que la CSS mantenía en sus depósitos, con el argumento de que los excipientes de la fórmula aportados durante la renovación del registro sanitario no concordaban con el del trámite inicial, ni con la fórmula. Esto a pesar de que días antes el Instituto de Análisis Especiales había determinado que el medicamento cumplía con los estándares de calidad.

La licitación no se le adjudicó ni siquiera a la empresa que quedó en una tercera posición, como se había prometido públicamente, sino que se dispuso que los 115 mil pacientes que eran medicados con lisinopril usaran perindopril, para favorecer hasta 13 veces más el consumo de este medicamento que lo distribuye Droguería González Revilla, explicó una fuente vinculada al sector farmacéutico.

La compra pública que se había adjudicado a Imports Dos Reis S.A. y Tagore Panamá S.A. se le asignó a Droguería González Revilla, que se había ganado una licitación de perindopril.

Según la denuncia, se le asignó mayores recursos por una menor cantidad de tabletas de medicamentos, lo que generó un desabastecimiento en la CSS forzando a los clientes a adquirirlo en farmacias privadas por un precio hasta 10 veces superior a su valor.

Sobre el particular, la relatora de la ONU mostró preocupación porque el medicamento adquirido por contratación no fuera propicio para niños y adultos mayores con afecciones circulatorias, ni el mejor tratamiento para la hipertensión arterial en adultos mayores y niños menores de seis años.

“Es alarmante que el Estado haya invertido cinco veces más recursos públicos en adquirir la mitad de la cantidad de tabletas previstas en la licitación. Me preocupa seriamente la carga desproporcionada que ello impone en los gastos de salud de las familias con miembros que padecen hipertensión, sobre todo en los hogares más pobres, lo que obstaculiza el disfrute del derecho a la salud de estos grupos en particular situación de vulnerabilidad”, agregó la comisionada de los derechos humanos de la salud.

Le resulta, además, alarmante a la relatora que la empresa de la contratación estaba dirigida por el hermano de un alto funcionario del entonces Gobierno panameño. Ello, según la relatora, puede calificarse como una acción de corrupción, entendida como el uso indebido del poder público o las facultades delegadas en beneficio privado, aseguró.

“No puede ser transparente la contratación discrecional directa de una empresa relacionada con un entonces alto funcionario del gobierno, que además recibió cinco veces más recursos públicos en pago por un medicamento no incluido en la lista de esenciales de la Organización Mundial de Salud, y que adicionalmente no cumplía con los mismos estándares de calidad que el medicamento esencial identificado”, dice Tlaleng Mofokeng.

En su reflexión, tampoco puede ser considerada “transparente” las consecuencias de dicha decisión que provocó un desabastecimiento en la oferta pública para crear una demanda en la oferta privada, lo que beneficiaría a una de las mayores cadenas de farmacias privadas que ofrece el medicamento a precios elevados y que pertenece a la misma empresa.

“La asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute del derecho a la salud, en particular por las personas en situación de vulnerabilidad, constituye también una violación del derecho a la salud, en particular de la obligación del Estado de cumplir”, añade la relatora.

Roger Barés, de Propafa, considera que se realizó una “mala jugada”. El gremialista explicó que el precio más bajo lo tenía la empresa que ganó la contratación y que todas las cosas, es decir, la suspensión del uso y comercialización del lisinopril, se hicieron para darlo en una contratación. “El lisinopril contaba con todas las especificaciones para ser distribuido, pero los poderes económicos y políticos ahogaron esto”, concluyó Barés.

La Estrella de Panamá contactó a Jorge De La Guardia, gerente de Droguerías González Revilla, quien comunicó que se encontraba de viaje.