Escándalo de abusos a menores, en medio de denuncias y renuncias

El escándalo de abusos a menores en los albergues ha estremecido los cimientos de la sociedad panameña, puesto a prueba un sistema de fe y de justicia, y provocado la movilización de múltiples protestas.

En medio de las denuncias de “mujeres encadenadas”, “abusos sexuales a menores con discapacidad”, “niñas embarazadas por religiosos”, “abortos”, “precaria alimentación (comida de perro)”, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, renunció a su cargo.

En su carta de renuncia, el fiscal general establece que tuvo que trabajar con un sistema incapaz de dar soluciones a situaciones tan críticas como el bienestar de la niñez, “conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña y lo que obliga a tomar decisiones que evidencian esta realidad...”

A la renuncia del fiscal general del país se suman las amenazas que ha recibido el sociólogo e investigador Alonso Ramos, que creó la metodología de la investigación de campo para elaborar un informe de 700 páginas que demostró los sufrimientos, frustraciones y miedo de los menores en los albergues.

“No sabía si publicarlo, pero creo que es lo mejor. Alonso Ramos ha estado recibiendo amenazas anónimas contra su integridad física en los últimos tres días por el caso Senniaf. Estamos en conversaciones con amigos abogados para saber cómo proceder”, confirmó la activista social Claudia Cordero en redes sociales.

A la luz pública también han salido nombres de políticos. Idalia Martínez, exdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), denunció en su cuenta de Twitter que el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro de Desarrollo Social Alcibiades Vásquez y el exdiputado José Luis Varela orquestaron una persecución mediática en su contra e incluso la sometieron a una investigación penal por negarse a dar niños en adopción de forma ilegal. A través de la misma red, Martínez también denunció haber recibido una llamada del diputado Luis Ernesto Carles para evitar que solicitara una investigación en su contra por las irregularidades que denunció cuando él formaba parte de la junta directiva de la institución, y con las que no hizo nada.

“Del pueblo dependerá si la niñez en Panamá sigue siendo abusada sexualmente, si practican abortos a niñas para tapar abusos, si les dan comida de perro y si ofrecen niños en adopción de forma ilegal”, dijo Martínez a través de su red social.

Las redes sociales han sido escenarios de otras denuncias sobre los abusos a menores. María Amelia Pezzoti escribió en su cuenta de Twitter que su madre María Amelia Pella, cuando era secretaria ejecutiva de la Comisión nacional para la prevención de los delitos de explotación sexual (Conapredes), bajo el Ministerio Público, concedió una entrevista a la periodista Flor Mizrachi para revelar abusos a menores. Dos semanas después fue despedida.

“Prestamos a nuestras niñas de 9, 10, 11, 13, 14 para que sean misses... Las vestimos como adultas y las sexualizamos”, dijo Pella en aquella ocasión.

Los escándalos surgidos por daños a menores en los albergues han tocado una de las instituciones más sagradas de la sociedad panameña: la Iglesia.

Una fuente de entero crédito explicó que muchos de los albergues que infringían la norma, porque no tenían condiciones adecuadas y donde hallaron indicios de abusos a menores, eran administrados por iglesias evangélicas.

“Es delicado porque hay poderes detrás de todo el sistema de fe y creencia, que tienen poder político y económico”, dijo la fuente.

Las máximas autoridades de la Iglesia católica y de la evangélica solicitaron que se revelen los nombres de los involucrados en los casos de los abusos de albergues.

Ambas iglesias emitieron un comunicado por separado, pero con la misma línea.

El pastor Orlando Quintero, en rueda de prensa, aseguró que “hemos escuchado que hay pastores y quisiéramos saber los nombres de esos pastores, porque rechazamos todo tipo de delito sexual o de cualquier índole que se haya cometido”.

En la misma línea se pronunció el arzobispo de la Iglesia católica, José Domingo Ulloa, quien en rueda de prensa dijo que “es muy fácil decir que hay religiosos... pero es bueno que se especifique quiénes son”.

El pastor Quintero pidió al Ministerio Público abrir una fiscalía especial que se encargue de investigar específicamente este caso.

“Nosotros, al igual que toda la ciudadanía panameña, queremos justicia, exigimos justicia, queremos que todo lo que sucedió salga a la luz y se castigue ejemplarmente a los delincuentes”, dijo Quintero.

Desde la Iglesia católica se solicitó que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación. “En estos momentos se demanda de las autoridades dar a conocer la verdad de las acusaciones, y llevar adelante un proceso de investigación donde debe prevalecer la justicia y la transparencia, sin revictimizar a los niños y adolescentes que se están protegidos en los hogares actualmente”, señala el comunicado de la Iglesia católica.

“Hacemos un llamado a todos quienes han mostrado de diversas maneras su repudio a estas denuncias, para que nos unamos y podamos lograr una política de Estado de protección integral de niños y adolescentes, especialmente los más vulnerables”, agrega el comunicado de la Arquidiócesis de Panamá.