Pese a su ajuste, el vale digital sigue sin convencer a los usuarios

A partir de febrero las recargas del vale digital serán de $120, como anunció el presidente Laurentino Cortizo a inicios del año.

En un inicio las descargas tenían un monto de $80, luego pasaron a $100 hasta llegar a $120 al mes.

Para Rosa Castillo, de 24 años, quien está en contrato suspendido junto con su esposo, el aumento es bueno ya que puede comprar algunos artículos adicionales y asegurar productos como la carne y el arroz, pero reconoció que le hubiera gustado que la ayuda se extendiera desde un inicio a un valor de $200.

“El vale digital es de gran ayuda para los momentos difíciles que vivimos en esta pandemia. No obstante, el gobierno debió hacer más respecto a la ayuda económica, ya que hay demasiada corrupción y todo se lo roban”, apunta.

En este mismo contexto, Lucila Vega, de 64 años, coincide en que el vale es mejor de $200 y más porque “el gobierno tiene los medios para ayudar a la población de una forma más cercana a la realidad al poner un saldo justo”.

Castillo, al ser madre de dos niños, revela que antes de la pandemia su gasto regular para la compra en un súper completo era de $170 por quincena, estimando que la canasta básica familiar es de $300 por mes. Vega, por su parte, dijo que en su caso el súper le costaba $200, de $380 que estima que valía la canasta básica.

La economista Maribel Gordón subraya que antes de la covid-19 el gobierno valoraba la canasta básica en $314 y la canasta ampliada en $1,400.

Con las actuales situaciones, Gordón expresa que el gobierno sí cuenta con los recursos para ajustar el vale digital a un monto aproximado de $500.

“Sí existe el dinero para gestar un vale de aproximadamente $500. Ya lo hemos señalado y demostrado, incluso hemos puesto las fuentes de financiamiento de dónde pueden provenir, el problema es que ese nunca ha sido el interés u objetivo del gobierno”, objeta Gordón.

La economista señala que “el vale aún no constituye un valor importante para cubrir los gastos de la canasta básica y menos si se ajusta a $120, porque no reúne los requisitos para satisfacer a una familia de tres o cuatro miembros”.

Gordón manifiesta que la razón por la cual el monto del vale no llega a adecuarse a la realidad de los sectores humildes, es el mal uso de los fondos del Estado, principalmente por la corrupción, los gastos en préstamos y por destinar recursos a instituciones que no son prioritarias en esta pandemia.

Datos de Presidencia muestran que, hasta la fecha, unos 6,894,753 vales han sido acreditados y los beneficiarios ascienden a 1,256,925. Se han llevado a cabo 5,637,828 recargas.

Presidencia destaca que han asignado un monto de $667,538,840 y que el porcentaje consumido es de 95,31% y consumo promedio de $60,14.

El presidente ya ha informado que el programa Panamá Solidario, que cuenta con entrega de bolsas con comida y beneficia a 1 millón 350 mil familias durante la crisis de la pandemia por el nuevo coronavirus, estará vigente hasta junio de 2021.

Gordón detalla que la extensión del programa hasta el próximo mes de junio no corresponde con la realidad, pues pasó diciembre, de hecho, ya estamos en el mes de febrero y no se ha establecido una fecha tope para la reincorporación de los contratos suspendidos.

“El gobierno ha estado caminando para ampliar el periodo para la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo; si eso es así, entonces junio se constituye en una falacia para dar por terminado el recurso del plan Panamá Solidario”, critica la economista.

Para Castillo, que aún no ha sido reincorporada a su puesto laboral, la medida solo será justa si se reactivan los trabajos y la economía vuelve a surgir. Vega, mientras tanto, confiesa que se debe esperar a que el país se restablezca, “de lo contrario la gente irá a las calles y posiblemente aumente la delincuencia”, advierte.

En una entrevista reciente, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, mencionó que hasta el 2 de febrero más de 110 mil contratos han sido reactivados. El sector de hoteles ha recontratado a 2,314 trabajadores, la actividad inmobiliaria a 1,800 y en la construcción hay más de 16 mil.

La economista expone que si el gobierno no logra la recuperación de los contratos suspendidos, deberá dar una garantía a la población en términos de sus necesidades básicas, por ende, esta política de bono que contribuye a la familia para satisfacer sus necesidades, debe durar hasta que las autoridades se encaminen a generar políticas de empleos con salarios dignos, “que actualmente es lo que no se está haciendo”, concluye Gordón.