Autoridades policiales y del MP rinden informe sobre la 'Operación Furia'

Autoridades de la Policía Nacional, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, dieron a conocer algunos detalles de "Operación Furia", con la cual tras diversas acciones de allanamiento fueron decomisadas armas de fuego de grueso calibre y se aprehendieron a 19 personas.

Según el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, por el momento hay 28 personas investigadas presuntamente vinculadas al caso, pero no ofreció mayores detalles debido a que se realizan otras diligencias. 

En esta operación, se efectuaron allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Se decomisaron 34 armas, entre estas: 16 pistolas, 13 fusiles de guerra, 1 rifle, 4 escopetas y más de 2 mil municiones. La investigación, según las autoridades, inició en marzo de 2019.

Al respecto, el fiscal Emeldo Márquez explicó en conferencia de prensa que varias de las armas incautadas son consideradas de guerra debido al calibre de las mismas, las cuales —según las normas locales— tienen restringido el uso y porte, prohibido para particulares. La utilización de este tipo de armamento de guerra está reservado para los estamentos de seguridad.

Márquez sustentó que las armas habrían sido compradas originalmente para ser utilizadas por los estamentos de seguridad, pero terminaron en manos de particulares.

En este caso, se conoció de acciones de allanamiento realizadas a una residencia del exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, al representante de Bella Vista, Ricky Domínguez; y a Julio Moltó, exdirector de la Policía Nacional; entre otros.

Domínguez, a través de un comunicado, confirmó la acción de allanamiento a su casa en horas de la mañana e indicó que cuenta con los permisos correspondientes al arma decomisada.

López,  por su parte, había solicitado una audiencia de afectación de derechos para este martes; sin embargo, la misma fue reprogramada para este miércoles 15 de julio.

La abogada Marcela Araúz, que representa a Moltó, manifestó que el arma que se le incautó a su defendido fue una cortesía que le hizo la empresa importadora y asegura que todo se ha tratado de una falta de comunicación entre los estamentos de seguridad.