Juez se inhibe de conocer caso presentado por defensa de Martinelli

La juez Kenia Marín se declaró inhibida de conocer la solicitud de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli por supuesta afectación de derechos en el caso de la Caja de Ahorros.

La defensa de Martinelli pidió una audiencia de control judicial por supuesta violación al debido proceso y el principio de la especialidad, por tanto, exigió el cese de cualquier investigación por parte del Ministerio Público en contra de su apoderado.

La fiscalía Especial Anticorrupción solicitó el movimiento migratorio del exgobernante, acción que sus abogados interpretaron como un acto de investigación en un caso en el que su cliente no está imputado o indagado, y apelaron al principio de especialidad.

La razón de la decisión de la juez es que la defensa debió solicitar la audiencia ante un tribunal inquisitivo mixto y no del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ya que el caso se originó entre 2010 y 2012, lo que impediría tramitarlo en el SPA.

De acuerdo a Marín, el caso nunca debió empezar en el SPA por lo tanto no se considera la juez natural. En este sentido, correspondería a la defensa acudir ante el juzgado Decimocuarto de lo Penal, que hace dos años sobreseyó definitivamente a 22 imputados, y su fallo fue confirmado en una instancia superior. De conocer el caso, entraría en contradicción con lo que dictó dos años atrás en este proceso.

Esta situación pone al Ministerio Público en una situación difícil en caso de persistir por esta vía, puesto que acudir a dicho juzgado implicaría para el juzgado Decimocuarto reiterar a la fiscalía que se trata de un caso en casación en el cual ya se dictó un fallo que no favoreció a la investigación de la fiscalía.

La alternativa para los fiscales es interponer un amparo ante la decisión de la juez Marín para no perder la investigación que se ha avanzado en el SPA.

La fiscal Azucena Aizprua, alegó que no existe afectación de derechos en este caso, aunado a esto, manifestó a la juez que cuentan con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que se procesa la carpeta como parte del SPA.

Marín alegó que la compulsa del caso se efectuó en 2016 y el SPA entró en vigencia en Panamá en 2018, por tanto, exhortó a la defensa a acudir al sistema inquisitivo mixto.

En otro orden de ideas, Martinelli presentó un certificado médico que lo incapacita por un periodo de dos meses. El documento está firmado por médicos particulares que declararon afectaciones psiquiátricas y cardíacas que le impiden atender procesos en su contra, Odebrecht y New Business, que investiga la fiscalía Anticorrupción.

Al cuestionar al equipo legal si su cliente puede ser sometido a una revisión a cargo del Instituto de Medicina Legal para corroborar su afectación, el abogado Roniel Ortíz respondió que la fiscalía "tiene que aprender a respetar la incapacidad médica" de su apoderado.