Corprensa denuncia 'hostigamiento judicial'; Pérez Balladares alega que no hubo rectificación

El secuestro de las cuentas de Corprensa y de las acciones de subsidiarias es vista por los directivos como un “hostigamiento y acoso judicial sin precedentes”. Mientras que para el expresidente Ernesto Pérez Balladares responde a una estrategia legal para agilizar el proceso que, por casi ocho años, desde que se interpuso la demanda civil en 2012 por afectar la honra de su representado, permaneció estancado.

Corporación La Prensa presentó, este lunes, una fianza por la suma de $1,130,000 y una solicitud ante el Juzgado Decimoquinto con la finalidad de garantizar las operaciones del rotativo La Prensa, así como las del tabloide Mi Diario.

“No tenemos garantizados los resultados, pero confiamos en que el derecho prevalecerá, ya que la ley está de nuestro lado”, dijo el presidente de la junta directiva de Corprensa, Diego Quijano.

El directivo aseguró que el secuestro que ordenó el Juzgado Decimoquinto Civil a la empresa es una “amenaza a los derechos humanos”.

El pasado sábado en horas de la mañana, Corprensa, que edita los dos diarios, fue notificada de un oficio de secuestro de todas sus cuentas bancarias por la misma cifra de la fianza. Además del secuestro de las acciones de una empresa subsidiaria dueña del terreno y el edificio donde operan ambos medios impresos.

“La acción (del secuestro) detuvo en el acto nuestra capacidad para recibir y girar pagos”, indicó Quijano. La solicitud fue presentada por el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares, como parte de una demanda civil por daños y perjuicios por la que el exmandatario reclama la suma de $5.5 millones.

La demanda fue presentada en marzo de 2012 y desde julio de ese año hasta octubre de 2019 el expediente “estuvo inactivo en manos del juzgado virtualmente dormido a la espera de la admisión de pruebas y contrapruebas”, recordó Quijano durante el encuentro con los medios en la redacción de La Prensa.

Esta realidad asombra al directivo de la empresa porque es justamente durante un gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que nació en el seno de la dictadura militar, que la demanda “empieza a caminar”.

A finales del año pasado, informó, la jueza decimoquinta civil, Lina Castro De León, empezó a emitir unos fallos, entre esos un rechazo de pruebas de Corprensa, que fue apelado, y la empresa ganó la apelación.

“Queremos advertir a la ciudadanía de que el secuestro ordenado por el juzgado es desproporcionado y representa, por sus efectos, un cepo al libre ejercicio del periodismo”, dijo Quijano.

¿De qué manera pueden los periódicos continuar publicando si sus colaboradores no reciben un salario? ¿Qué medio de comunicación puede funcionar en estos momentos con el congelamiento de más de un millón de dólares en sus cuentas bancarias?, se preguntó Quijano.

El secuestro no es solo una medida contra La Prensa, sino contra todos los que se atrevan a criticar el poder político, a indagar posibles actos de corrupción y los actos violadores o irregulares a los derechos humanos, dijo Quijano.

El directivo recordó que Corprensa enfrenta 12 procesos civiles y 22 querellas, y entre todos los reclamos económicos suman $84 millones. Quijano se preguntó: “¿qué pasaría si en algunas de estas, o en todas, los reclamantes presentaran medidas cautelares de secuestro?”.

A renglón seguido indicó que “por lo que estamos atravesando es un hostigamiento y un acoso judicial sin precedentes, producto de un sistema judicial permisivo que no tutela debidamente los derechos de libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información”.

“Cuál es el futuro del periodismo y la democracia en este país, si todo funcionario con mando y jurisdicción, o autoridad electa, pueden hacer a sus anchas porque se sienten seguros de que nadie podrá publicar con la amenaza de un secuestro de sus bienes”, se quejó Quijano.

La demanda civil del expresidente Pérez Balladares es por publicaciones de La Prensa sobre unos fondos ($176 millones) que supuestamente estaban en una cuenta en Bahamas y que pertenecían al exmandatario.

Rita Vásquez, directora del diario, explicó que el medio buscó a Pérez Balladares en su salida del entierro del ex vicepresidente Guillermo Ford, y allí él se negó a dar declaraciones al diario. Ese mismo día, su entonces abogado Luis Carlos Cabeza publicó un comunicado, y que fue tomado por el diario para hacer una noticia, en el que se explicaba que había sido un “error de interpretación” del fiscal Marcelino Aguilar y por lo tanto la información que se había circulado “era errónea” y tal cual fue publicado en el diario.

José María Castillo, abogado del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), explicó que el secuestro por $1.1 millones en bienes y valores que interpuso su cliente en contra del diario La Prensa el 20 de diciembre de 2019, responde a una estrategia legal para agilizar el proceso que, por casi ocho años, desde que se interpuso la demanda civil en 2012 por afectar la honra de su representado, permaneció estancado.

“Créanme que la acción de secuestro está relacionada con los amparos que se presentaron, la dilación. Estaba en un punto en que teníamos que hacer algo, no tiene nada que ver con el tema político”, señaló Castillo, quien insistió que no se secuestró la administración del diario para no afectar el ejercicio periodístico del medio.

El diario solicitó una fianza a la juez Alina Castro De León, a cargo del proceso civil. A este respecto, Castillo añadió que “las personas a quienes les interesa que este medio siga, están obligadas a hacer una vaca y a poner de su bolsillo y consignar la fianza para que se levante. De otra forma, simplemente demuestran una falta de interés”.

Como una ventana a la solución alternativa del conflicto, el defensor comunicó que siempre han estado dispuestos a conversar estos temas, pero lamentablemente “no hemos tenido la misma actitud de la contraparte. Hay una posición de terquedad, de empecinamiento de que yo no pido perdón. Esa posición nos lleva a un enfrentamiento patrimonial, económico, que se desarrolla en un proceso civil perfectamente legal”, describió el licenciado Castillo.

La defensa del expresidente realizó una conferencia de prensa virtual en la que, en primera instancia, hizo un recuento del caso. Explicó que la demanda por $5.5 millones en contra del rotativo es consecuencia de dos noticias publicadas por La Prensa en marzo de 2012, en las que asoció al exgobernante con el delito de blanqueo de capitales. A raíz de las notas periodísticas, el exmandatario solicitó la retractación al diario debido a la errónea interpretación de una prueba que se obtuvo del expediente. La versión del abogado es que antes de interponer la demanda, se hizo la petición, pero sin éxito, manchando la honra de su representado.

Si la fianza se consigna y cumple con los requisitos legales “estamos completamente de acuerdo y me alivia que la hayan consignado”, manifestó Castillo, “si no cumple, evidentemente yo tengo que hacer un trabajo”.

En forma insistente el licenciado recalcó que Pérez Balladares no está por el dinero, y que el producto de este proceso será donado a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, Escuela de Comunicación Social, luego de atender los honorarios de abogados y peritos.

“Personas normales se atienden de manera normal, personas que se encierran en resentimientos no se puede, por eso el ambiente tiene que ser bueno”, insistió el defensor, quien sugirió que la ocasión es oportuna para abrir un debate sobre el ejercicio del periodismo y los límites de la libertad de prensa.

Castillo recordó que el medio en mención jamás ha cumplido con el derecho a réplica, que merece el mismo espacio que la noticia que agravió a su cliente. “La Prensa jamás ha cumplido esta ley. Nunca. No tienen la capacidad emocional de decir: Me equivoqué. Y por eso viene la reacción judicial de las personas que han puesto esta cantidad de demandas, entre ellas la del expresidente Pérez Balladares, porque tuvieron una incapacidad de interpretar un documento financiero”, acotó.

De presentarse el escenario en que el diario no cuente con los fondos para consignar la fianza, el abogado reiteró que para “las personas de los poderes económicos, políticos y sociales que representan este medio, un millón de dólares no es nada, tienen que meterse la mano en el bolsillo y respaldar la línea editorial de La Prensa en todas las irregularidades que estoy señalando”. Pero, a su vez, la persona que paga, agregó, “debe exigir responsabilidad a quienes están haciendo este tipo de noticia”, zanjó.