Caso Odebrecht, entre citaciones inéditas y un lejano e incierto final

Un nuevo capítulo sobre los sobornos efectuados por la constructora brasileña Odebrecht a prominentes figuras políticas panameñas se investiga en la Fiscalía Especial Anticorrupción.

La tormenta ya se desató en el Ministerio Público con la inédita citación de dos expresidentes, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), enemigos políticos que en este momento tienen en común una indagatoria por el mismo delito (contra el orden económico, blanqueo de capitales), en el mismo caso de sobornos de la constructora Odebrecht, y que la fiscalía debe investigar a contra reloj antes de que venza el tiempo, a mediados de octubre próximo.

En ambas administraciones la constructora se benefició con millonarios contratos, que afianzó incluso en los dos primeros años de gestión del gobierno de Martinelli, cuando Varela fue vicepresidente de la fórmula, pero que luego de la ruptura el odio entre ambos afloró.

No hay que hacerse ilusiones sobre el pronto desenlace de este escandaloso caso. Se trata de un expediente que empezó en 2016 bajo los parámetros del sistema inquisitivo, con hasta ahora 84 imputados y 127 asistencias internacionales efectuadas; puede que tarde en llegar el momento de la audiencia preliminar o incluso el juicio. Esto es así, porque en una audiencia de esta naturaleza, si cualquiera de los imputados presenta excusa, se reprograma a una fecha alterna, y así sucesivamente sin límite.

La paralización más inmediata está en manos del Juzgado Duodécimo liderado por el juez Óscar Carrasquilla, donde reposa una recusación de la defensa de Martinelli contra la fiscal Tania Sterling, integrante del equipo Anticorrupción, a quien públicamente ha calificado como “su enemiga”. De admitir dicho recurso, se suspenden todas las acciones de las diligencias en el caso, hasta que el juez se pronuncie.

Una vez culmine el tiempo de investigación, el juez debe revisar la numeración de las páginas de más de 628 tomos, luego fijar audiencia de acuerdo a su calendario. El siguiente paso es notificar a todos los vinculados, una verdadera odisea que depende de muchos factores externos para lograrlo.

Extraditado de Estados Unidos por el caso de pinchazos telefónicos, Martinelli alega que las citaciones en su contra, también por el caso New Business, violan el principio de especialidad plasmado en el tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos que data de 1904.

La providencia de indagatoria contra el exgobernante por el caso Odebrecht, que consta de 32 páginas y cita más de una veintena de declaraciones, se remonta al acuerdo de la transacción de pena suscrito entre Estados Unidos y la brasileña, que apunta los hechos correspondientes a Panamá entre 2009-2012, en la que se investiga a dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental de alto rango, en conexión con proyectos de infraestructura en los que participó Odebrecht.

Del escrito pueden desprenderse varias partes. Una que se origina de la asistencia judicial a Suiza, que relata las supuestas transferencias bancarias ($6.3 millones) a través de sociedades anónimas en las que figuran como beneficiarios sus hijos, como intermediarios de Martinelli. Ante este país se justificó el dinero con dos certificados de la sociedad Promotora y Desarrollo los Andes, S.A.

Otra parte de la indagatoria se refiere a las delaciones de André Rabello, representante de la filial en Panamá, quien explica que había acordado un pago de $6 millones de los cuales una parte sufragaría gastos de la campaña política del partido Cambio Democrático. “La compensación que se recibiría de ese pago era garantizar el pago de los montos retrasados referente a la fase II de la autopista Madden-Colón”, cita el documento.

Añade que el exgobernante cobró de los respectivos ministros de Salud, Franklin Vergara, y de Obras Públicas, José Suárez, por la agilización de los contratos de saneamiento de la bahía.

En este sentido, la investigación determina que la participación del expresidente Martinelli en la trama de cobro de coimas a la caja 2 de Odebrecht, es clara. “No solamente para la adjudicación de los contratos, sino para la agilización de no pagos y procesos burocráticos, acciones que eran compensadas a través de dinero ilícito por parte de la empresa” a través de sus hijos, se lee.

Martinelli debía rendir indagatoria el viernes pasado, pero presentó incapacidad médica hasta el miércoles 8 de julio.

Por su parte, el expresidente Juan Carlos Varela rindió indagatoria por más de nueve horas el jueves pasado y debe volver mañana, martes, para responder otra docena de preguntas.

La fiscalía encabezada por las fiscales Anilú Batista y Azucena Del Rosario, quienes se integraron al equipo en febrero pasado, avanzó en corto tiempo hacia otras figuras de la trama de sobornos, apuntó a la administración de Juan Carlos Varela. Tema prácticamente ignorado por la anterior fiscal Zuleyka Moore.

Si había algo claro en la Oficina de Operaciones Estructuradas, la caja 2, de la constructora encargada de hacer los pagos de soborno alrededor del mundo, es que contenía los nombres de los políticos de confianza en puestos estratégicos, a quienes se referían con sobrenombres, y que hasta hace poco no se les cuestionaba la relación con Odebrecht.

De esta lista enorme de políticos, que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICFJ por sus siglas en inglés), se filtraron a mediados de 2019 los apodos de políticos panameños beneficiados con pagos ilegales. Entre ellos, dos llaman la atención por las abultadas sumas: 'Cachaza' y 'Aguia', que gracias a una red de sociedades anónimas recibieron múltiples transferencias tal como consta en el Drousys, el sistema de control informático sobre el pago de honorarios de la caja 2.

Cachaza fue beneficiado con $16.3 millones transferidos a diferentes sociedades anónimas, entre ellas dos propiedad de Jaime Lasso, miembro del colectivo Panameñista, V-Tech Ltda y Poseidon Enterprises LLC.

Lasso, indagado en el proceso por el supuesto delito de blanqueo de capitales, confesó haber recaudado dinero de la constructora para el grupo político de Varela.

De la primera, los registros del consorcio especifican una transferencia por $150 mil, mientras que de la segunda se apuntan $5.7 millones en pagos.

A pesar de la lista en mención que contiene más de 11 sociedades anónimas, la fiscal Moore nunca ahondó en intentar descifrar quiénes eran 'Cachaza' o 'Aguia', y confirmar las supuestas transacciones.

Se ha especulado sobre Cachaza, que en portugués se refiere a una bebida alcohólica, un tipo de ron, y de Aguia. Tarea pendiente en este nuevo capítulo que sigue en la pesquisa.

En febrero de 2018, Rodrigo Tacla Durán, operador financiero de la constructora brasileña, declaró ante las autoridades de ese país que en el Meinl Bank, entidad financiera en la que la constructora Odebrecht controlaba el 51% de las acciones, se borraron del sistema electrónico las cuentas que la brasileña quería ocultar de la vista de las autoridades, entre ellas mencionó a Poseidón Enterprises.

Otros integrantes del panameñismo allegados a Varela serán citados a la fiscalía para rendir indagatoria.

Otro componente que reviste el caso es el acuerdo de las sanciones pecuniarias entre el Ministerio Público, encabezado por Kenia Porcell, entonces procuradora, y las sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Constructora Norberto Odebrecht Panamá, que pactaron una multa de $120 millones basada en el artículo 347 del Código Penal, y otra de $100 millones basada en el artículo 254. Las partes convinieron un término de 12 años a la empresa para el pago de la sanción, el trato fue avalado por el juez Héctor Carrasquilla.

Hasta 2018, la empresa había cancelado $36 millones, pero en agosto de 2019, la empresa se declaró en bancarrota, lo que resulta una incógnita si la empresa cumplió con su responsabilidad en 2019 y el presente año.

El acuerdo especifica que de incurrir en atrasos, deberá pagar un 5% de penalidad. “No se sabe nada de eso, y no podemos olvidarnos de los brasileños que fueron los corruptores; no podemos olvidarnos de eso, aunque la empresa esté en quiebra”, apunta el abogado Nelson Brandau. De no haber cumplido “el acuerdo es inválido”, advierte el abogado.

La justicia de Estados Unidos impuso una multa de $2,600 millones a la empresa, la penalización más alta de la historia de ese país por un caso extranjero de sobornos. A lo largo de su presencia en Panamá, desde 2006, la constructora se hizo de más de $9 mil millones en obras adjudicadas en tres gobiernos, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.