Un primer año de esfuerzos, falta de credibilidad y desaciertos políticos

Hay una gran expectativa por el discurso de hoy del mandatario Laurentino 'Nito' Cortizo en la Asamblea Nacional, al concluir su primer año de mandato azotado por una de las más graves crisis económicas y sanitarias causada por la pandemia de covid-19.

El gobierno ha evidenciado un desgaste político sin parangón, en comparación al mismo periodo de otras administraciones, como se experimenta en cualquier país del mundo afectado por el virus.

La inesperada pandemia no solo ha truncado los planes presentados durante la campaña electoral de Nito, plasmados en el plan estratégico que buscaba homogeneizar la desigualdad de las cinco regiones del país, la reactivación de la construcción de 200 infraestructuras estatales heredadas de otras administraciones, sino que ha exacerbado la percepción de muchos entrevistados de que se gobierna sin un plan estratégico socioeconómico para contener los cientos de miles de empleos que quedarán cesados, y sin un plan efectivo para controlar la pandemia.

Aunado a lo anterior, desde las tribunas de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, reclaman mecanismos límpidos de contrataciones y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, que ahora parecen favorecer a ciertos grupos empresariales, que tampoco se ven comprometidos con la integridad para garantizar la justa competencia entre los oferentes y disipar las dudas de supuestos sobrecostos y calidad de los artículos adquiridos.

El gobierno tiene un reto aún mayor, que es recobrar la credibilidad de la ciudadanía atendiendo el clamor de la rendición de cuentas.

“Hay miedo al contagio de la covid-19, pero también indignación en la sociedad a la que preocupa al mismo nivel, la corrupción y la pandemia”, señala Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

Más que un resumen de las acciones impulsadas hasta el momento, “la empresa privada espera escuchar un plan de acción definido (para reflotar al país de la crisis económica), concreto, que dirija el rumbo con estrategias, y los responsables de llevarlas a cabo”, resume Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas.

“Hay un barco a la deriva y en este momento el resultado es camino al caos. Si el capitán del barco no lo ve así, ¿qué nos espera?”, se pregunta el politólogo Antonio Sanmartín, quien señala que las “decisiones en los ministerios prácticamente están controladas por el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo”.

En un año, Cortizo ha removido a ocho integrantes del Gabinete, en unos casos motivado por supuestos sobrecostos en compras de equipos para la pandemia, es el caso de los ventiladores, por ejemplo, cuando el viceministro de la Presidencia Carlos Muñoz dejó el cargo.

Los recientes relevos de jefes de cartera efectuados en junio (Rosario Turner, Markova Concepción e Inés Samudio, de Salud, Desarrollo Social y Vivienda, respectivamente) parecen responder más a diferencias internas entre bloques del colectivo oficial. Sin ofrecer a la ciudadanía una justificación clara sobre los movimientos, el mandatario prescindió de tres miembros del Gabinete. En algunos círculos se especula que “el relevo de las mencionadas ocurrió por negarse a firmar documentos sobre millonarias compras”, manifestó uno de los entrevistados.

“Lo siento desarticulado y desorientado, además de errático. Desde que decidió proteger al vicepresidente (Carrizo) perdió el foco. Pareciera que por una persona está echando a todo un país al abismo”, apunta Sanmartín.

Luego de tres meses en cuarentena, lejos de haber mitigado la pandemia, esta se muestra con más fuerza y agudiza la decisión política sobre cómo manejar la apertura de los bloques económicos, con los hospitales al límite y las muertes que en dos días superaron una veintena.

Con respecto a los sobreprecios del hospital modular Panamá Solidario, con un valor de $6.4 millones, “el Ejecutivo no facilitó las investigaciones penales que abrió el Ministerio Público, al no separar de sus cargos a los supuestos señalados, y en cambio defendió su labor”, añade de Obaldía.

En febrero, la fuga de la Gran Joya del asesino Gilberto Ventura Ceballos, una cárcel de máxima seguridad, costó el cargo de dos ministros: Rolando Mirones, ministro de Seguridad, y Carlos Romero, ministro de Gobierno. El hecho fue antecedido por una cruenta reyerta en diciembre de 2019, en el pabellón 14 de la cárcel La Joyita, protagonizada por miembros de una pandilla que dejó un saldo de 13 muertos y más de una docena de heridos.

“Hubo un avance en el nombramiento de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia alejados de la política. Pero cuando entramos a la pandemia, el balance deja de ser positivo por las sospechas que generan las compras que han permitido al gobierno actuar sin ningún tipo de control, hasta topar en Contraloría. Ha primado la característica de la corrupción, la opacidad del secreto”, apunta de Obaldía.

Como un esfuerzo para transparentar las contrataciones públicas, en abril de este año la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría, la ley que regula esta materia. Uno de los principales aportes es la inhabilitación, por un periodo de tres años, de las empresas que hayan confesado delitos contra el orden económico, seguridad colectiva o contra el patrimonio económico, e inhabilitación por cinco años a las condenadas judicialmente.

En octubre de 2019, luego de detectar un hueco en las finanzas públicas heredado de la administración de Juan Carlos Varela, Cortizo viajó a Nueva York para reunirse con el director del Citibank y colocó $2 mil millones en bonos globales de mercados internacionales. Desde entonces, y a raíz de la pandemia, el gobierno ha tenido que adquirir préstamos de diferentes instituciones internacionales por $4,221 millones con diferentes propósitos.

Con el ánimo de atender la urgencia de la pandemia, el Ministerio de Economía y Finanzas reestructuró la dinámica del presupuesto para atender la situación sanitaria por la covid-19, y ejecutó un plan de emergencia y asistencia al plan Panamá Solidario.

Así otorgó un plan de asistencia social denominado bono solidario o 'vale digital', que en un inicio consistía de $80 y a partir de julio de $100, “aunque no se han publicado los beneficiarios de los bonos, y no ha tenido el nivel de transparencia para generar confianza ciudadana”, acentúa de Obaldía.

Cortizo innovó la selección de ciertos funcionarios clave, a través de pruebas psicométricas, así lo hizo en el caso de Eduardo Ulloa, reemplazo de la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, quien renunció al cargo luego de la publicación de los 'Varelaleaks', conversaciones extraídas del móvil del expresidente que mostraron una triangulación entre Varela, Porcell y el diputado José Luis Varela, hermano del primero, para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.