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Contraloría recalca que compra millonaria de gel alcoholado viola parámetros
- 28/04/2020 20:36
- 28/04/2020 20:36
Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Ministerio de la Presidencia. El Ministerio Público inició una investigación de oficio por supuestas irregularidades denunciadas en redes sociales: la compra millonaria de 2.5 millones de botellas de gel alcoholado a $13,294,750.00.
La Contraloría General de la República de Panamá no considera justo ni razonable los precios de compra del producto. Por ende, no pagará la compra directa efectuada por el Ministerio de la Presidencia a través del entonces viceministro, Juan Carlos Muñoz.
La institución que fiscaliza las finanzas del Estado aclaró que no tiene conocimiento de que dicha compra se haya concretado porque no ha llegado a sus oficinas para ser refrendada.
La Contraloría añadió que el precio de referencia del mercado de producción nacional es de $18.95 el galón. Al ser un producto que se puede producir en el mercado local, se concluye que es posible conseguirlo a un menor precio que el pactado por Presidencia.
En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la propagación de la enfermedad del COVID-19, la Presidencia se comprometió a comprar de manera directa a la empresa Unión Logística, S.A. por 2.5 millones de botellas de gel con 70% de alcohol de 500 mililitros (ml) a un monto de $13,294,750.00.
De acuerdo con el detalle de la compra del 22 de marzo de 2020, efectuada por el entonces viceministro Muñoz, cada unidad de gel alcoholado estaría costando $4.97. Es decir, a $37.57 cada galón. La entrega del producto debía completarse el próximo 20 de abril de 2020.
La sociedad anónima fue inscrita en septiembre de 2015 y tiene como presidente y tesorero a Enrico Marcello Perrone y como secretario a Umberto Perrone. Los objetos de la sociedad son "hacer cualesquiera y todas las cosas", según consta en el Pacto Social.
Los documentos de la compra salieron a relucir poco tiempo después de la renuncia de Muñoz impulsada por duros cuestionamientos por la fallida compra directa de 100 ventiladores a $48 mil cada uno, a la empresa Muriba Company, Inc., que no pudo proveer los equipos en el tiempo acordado.
La Ley 22 de Contrataciones Públicas permite las compras directas en caso de urgencia de notoria.
"El grave problema que tiene la gestión de compra del gobierno es que las compras directas no están sustentado un análisis de mercado. Estas compras directas pueden ser fortalecidas con un expediente en el que conste que se ha dado la oportunidad a que se presenten ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas y el tiempo requerido", apuntó José Manuel Sevillano, presidente de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas.
A juicio del abogado, este mecanismo neutralizaría cualquier tipo de dudas sobre la legitimidad de las compras directas para el Estado de Emergencia Sanitaria que enfrenta el país.
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