El misterio de los millones de la posteridad: cómo fue usado el dinero (II)

Panamá se hizo república con una ventaja que pocas otras naciones tuvieron: un capital de $10 millones en monedas de oro, pagado por Estados Unidos a cambio de los derechos de construcción de una vía acuática a través del istmo y una anualidad de $250 mil, de acuerdo con las disposiciones del tratado Hay-Bunau Varilla.

Seis de los diez millones recibidos en 1904 fueron invertidos en hipotecas de edificios en la isla de Manhattan, para establecer el llamado “Fondo Constitucional” o “Millones de la posteridad”.

Con sus casi 2 millones de habitantes y una red de puentes y trenes que la conectaban con las ciudades vecinas, la estratégica isla se perfilaba como uno de los principales centros comerciales y financieros del mundo. La población crecía aceleradamente y la construcción de torres de oficinas y apartamentos no se daba abasto.

“Su decisión de invertir en hipotecas de primera clase, y no en fondos públicos, es sabia”, escribió el controversial William Nelson Cromwell, agente fiscal de la república de Panamá en Estados Unidos, al secretario de Hacienda y Tesoro, Isidoro Hazera, en una carta fechada el 5 de julio de 1907 y publicada en la Memoria de Hacienda y Tesoro del año 1908.

Esta inversión, continuaba Cromwell, “no solo da seguridad y estabilidad a la inversión de los (“sagrados”) fondos nacionales, sino que le pone a usted a cubierto de las incertidumbres y fluctuaciones inherentes a los valores de corporaciones, aunque estos sean de la más alta clase”.

Para regocijo del secretario Hazera, en 1908 se transfirieron a Panamá por primera vez $500 mil en intereses acumulados correspondiente a los años 1907 y 1908. Para el secretario, de carácter excesivamente frugal y modesto, el fondo completaba los ingresos del país de manera satisfactoria: “Suficientes son (las fuentes de ingreso) que están en vigor para cubrir los gastos necesarios de la administración pública, siempre que ella sea modesta, como debe serlo”, señalaba Hazera en la memoria mencionada.

“Así como la cordura obliga a los buenos padres de familia a ajustar las erogaciones de su casa a las entradas, y mejor aun, si se hacen de modo que estas superen a aquellas, el legislador debe obrar de igual manera con toda la república, que es la conglomeración de las familias”, continuaba el secretario.

La conservadora mentalidad de Hazera, para quien la prudencia y lo conocido debían prevalecer por encima de “las novedades”, no fue compartida por la posterior administración liberal de Carlos A. Mendoza, cuyo secretario de Hacienda, Ramón F. Acevedo, expresaba en la memoria correspondiente al año 1910 su disconformidad con los bajos intereses del Fondo Constitucional.

“Si parte de ese capital (fondos invertidos en Nueva York) se trasladara a Panamá y se invirtiera en acrecentar el activo del Banco (Hipotecario y Prendario, fundado en 1905), ello sería fuente de mayores entradas al erario nacional, por el más alto tipo de interés que devengaría, elevándose al duplo, pues el banco ha mantenido en firme el 9% anual para los préstamos prendarios y para las operaciones de descuento”.

“Adicionalmente, continuaba Acevedo, la facilidad para obtener dinero a intereses más bajos a plazo más largo de los que ofrecen las demás instituciones análogas que existen en el istmo sería un factor de eficacia segura para el desenvolvimiento de las industrias urbanas y rurales que tan incipientes se hallan y tanta necesidad tienen de que se las favorezca con un proteccionismo sensato y positivo”.

En noviembre de 1910, en medio de un escándalo en el Congreso de Estados Unidos, donde se acusaba a Cromwell de coludir para aprovecharse de la nueva república de Panamá, 6 de los 28 miembros de la Asamblea Nacional votaron para exigir mayor transparencia al agente fiscal de Panamá en Estados Unidos. Sin embargo, el resto de la Asamblea votó en contra de incomodar al benefactor de la República, que había sido empoderado para tomar las decisiones libremente. (The Untold Story of Panama, por Earl Harding, 1959).

Durante las administraciones de Pablo Arosemena y Federico Boyd, y hasta los primeros años del primer mandato de Belisario Porras, todo se mantuvo igual. El rendimiento de 4.5% anual no era demasiado alto, pero parecía seguro, y constituía una de las principales fuentes de ingreso de la República, junto con los impuestos al consumo de licor.

Eran tiempos en que el potencial del país parecía ilimitado. El canal estaba a punto de ser inaugurado y el presidente Porras insistía en la necesidad de nuevas inversiones que permitieran aprovechar los recursos naturales.

“Panamá es un país de vastas riquezas. Su suelo solo necesita ser arañado para producir abundantes frutas tropicales; y sus montañas están copadas de cobre, plata y oro... Existen enormes extensiones de tierras altas para el pastoreo y miles de acres para el cultivo del cacao, el café, la caña de azúcar, coco, bananas, tomates y papas”, era el discurso de Belisario Porras, repetido a un corresponsal de prensa estadounidense que visitó el istmo en 1914 (The Times Democrat, 25 de enero de 1914).

Pero hacían falta carreteras y caminos, trenes y otros servicios de transporte para comunicar al país y distribuir los productos, y venderlos a los barcos que cruzaban el Canal.

Había un problema: para entonces, las arcas del país estaban vacías. El diario La Estrella de Panamá, en su edición de 10 de septiembre de 1915, alarmaba a la población describiendo “la gravedad económica del país”, que, “sin exageración (era) el problema interno más delicado de los que ha visto planteados el istmo en su vida independiente”, con potencial para poner en riesgo la misma “existencia de las instituciones”.

La Asamblea Nacional comprendió la gravedad de la crisis. La ley 44 del 5 de noviembre de 1915 autorizaba al poder ejecutivo a “suspender toda obra pública que no sea imprescindible”; aprobaba elevar hasta un 20% el gravamen de algunos artículos; reducir gastos y los sueldos de los funcionarios hasta un 5%.

Asimismo, la Ley 41 del 1 de noviembre de 1915 autorizaba la contratación de un empréstito por $1,280,000 con el fin de “atender el pago de deudas existentes contraídas con bancos de esta capital y del exterior, y el pago de acreencias contra el Tesoro Nacional, provenientes de gastos del servicio público y de la construcción de obras nacionales”.

Como garantía del préstamo, otorgado por la Metropolitan Trust Company, en diciembre de 1915, se comprometieron los intereses del Fondo Constitucional hasta diciembre de 1925.

La crisis fue superada y el gobierno de Porras logró acumular un superávit de casi $2 millones entre los años 1919 y hasta 1921, pero a finales del tercer periodo del mandatario, este nuevamente encontraba necesidad urgente de fondos para sus obras.

Esta vez se trataba de la Junta Central de Caminos, creada en 1920 (Ley 8 de 1920) con el fin de construir y mantener las carreteras de la República.

De acuerdo con las memorias de la Secretaría de Hacienda y Tesoro del año 1924., la Junta había adjudicado contratos para caminos en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, pero no para conectar estos con la ciudad capital. La realidad golpeó a los gobernantes a finales de 1922, cuando los caminos estaban casi listos.

“Era un absurdo suspender las obras en su parte más esencial y benéfica para el país entero y al mismo tiempo era imposible economizar en el presupuesto de un bienio la suma de tres millones doscientos mil balboas que ellas demandaban. En esa situación, el único recurso que le quedaba al gobierno era la consecución de un empréstito de tres millones de balboas, por lo menos, para terminar el camino desde Natá hasta Paja”, sostuvo el secretario Eusebio A. Morales, encargado de la consecución del préstamo, en la Memoria de la Secretaria de Hacienda de 1916.

A Nueva York viajó nuevamente Morales, acompañado de Octavio Vallarino, y con el apoyo del embajador Ricardo J. Alfaro, para intentar negociar el préstamo de $4 millones. Allí se encontraron con serios obstáculos. Panamá no tenía cómo respaldar ese nuevo préstamo. No solo estaban comprometidos los intereses del Fondo Constitucional (préstamo de 1915), sino el restante de los ingresos procedentes del Canal (anualidades de $250 mil) como resultado de otro empréstito requerido por la administración Porras para la construcción del ferrocarril de Chiriquí. Más grave aún, las anualidades del Fondo Constitucional no eran seguras ni fijas.

Finalmente, después de complicadas negociaciones que incluyeron la consolidación de las deudas, Panamá obtuvo el respaldo para una exitosa emisión de bonos colocados en Cuba, Europa y Panamá.

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