Pugna por compra de medicinas a través de Contrataciones Públicas

La compra de medicamentos quedaría excluida de los cambios a la Ley 22 de 2006 que regula la compras estatales. Hasta el momento no hay consenso entre los diferentes actores del sector para incluir este renglón dentro de las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, cuya discusión se retoma hoy en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

El jugoso renglón de medicamentos es un mercado que genera $300 millones anuales en compras por parte del Estado.

La reestructuración de las compras de medicamentos conlleva un análisis profundo que requiere de meses. Y, en estos momentos, no existe el escenario para hacerlo. Entre distribuidores, comercializadores y pacientes se ha desatado un debate en relación a las compras a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, encargada de realizar las adquisiciones del Estado. Y para evitar postergar las reformas, se estaría suprimiendo este punto. A esa conclusión ha llegado la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas.

El tema amerita una discusión integral que debe ir más allá de las contrataciones públicas, explicó José Manuel Sevillano, abogado y presidente de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas.

Actualmente, la Ley 1 de 2001 regula la compra de medicamentos. En ella se establecen dos procesos para adquirirlos: licitación pública y solicitud de precios. A diferencia de los procesos ordinarios regidos por la Ley de Contrataciones Públicas, la obtención de medicamentos no brinda a los proponentes la posibilidad de interponer acciones de reclamos ni recursos de impugnación.

Lo único que se permite es el recurso de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que resulta inoperante porque generalmente no suspende el proceso y puede demorar años en resolverse. “Tal situación no es compatible con la transparencia y requiere ser reformada, pero de manera que no atente contra la celeridad que amerita este tipo de compras”, apuntó Sevillano.

El abogado reconoce que urge una regulación que detenga los abusos en los precios de mercado privado de medicamentos. Además, está convencido de que deben investigarse los posibles oligopolios que tanto daño causan al bolsillo de los panameños, sobre todo de los más humildes.

Las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas que presentó el Órgano Ejecutivo contempla las compras mediante un convenio marco. El proceso de contratación permitirá que los productos de las empresas que ganan una licitación sean incluidos en el catálogo virtual de Panamá Compra.

“El mecanismo puede ser positivo”, considera Sevillano. Las entidades podrían comprar directamente del catálogo, sin mayores contratiempos, después de que la licitación haya sido adjudicada a la empresa. Sin embargo, este convenio marco puede estar sujeto a reclamos e impugnaciones que deben ser regulados para adecuarlo al tema de salud pública y el abastecimiento de medicinas.

La propuesta tiene sus detractores. La Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) está convencida de que la propuesta está lejos de aumentar el abastecimiento y la competencia.

Según la agrupación que acapara tres empresas proveedoras, este proceso de compras puede funcionar para lápices, tornillos o sillas, pero no para medicamentos porque tienen vida útil. La apuesta del gremio es regresar a las licitaciones originales de precio único, que se usaban antes de 2014, al que consideran el mejor instrumento de contratación pública. “De esa forma no hay ni escasez ni exceso, y eso compensa en gran medida la falta de sistemas informáticos adecuados y robustos”, dijo Lucas Verbozbolovskis, representante del gremio.

Faustina Díaz de López, representante de los pacientes con enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, manifestó sus dudas sobre la eficiencia y seguridad de las compras a través de un convenio marco.

Díaz alega que la compra y venta de medicamentos requiere un tratamiento exclusivo, dirigido por profesionales de medicina y de las farmacéuticas. “No puede hacerse igual que el resto de las compras estatales, como si se comprara un pedazo de madera”.

La representante de los pacientes propone un capítulo aparte en las reformas para especificar cómo se realizarán las compras. De no hacerse, no respaldará la propuesta, dice tajante.

El mercado de la compra de medicamentos es un jugoso nicho de negocio que acaparan cinco grandes empresas, explicó un distribuidor farmacéutico que pidió reserva de su identidad. Y denunció la existencia de una “mafia” que genera desabastecimientos ficticios en el sector público, interponiendo recursos legales a licitaciones que obligan a los pacientes a comprar en las farmacias privadas medicamentos que cuestan hasta un 500% más.

“El sistema actual es un desastre”, agregó. Las compras a través de la Dirección de Contrataciones Públicas permitirían que entre dos y tres meses se resuelvan los reclamos en relación a una licitación en vez de años, indicó el distribuidor.

El empresario está convencido de que debe crearse un mecanismo para evitar la corrupción e ilegalidades que se producen en el proceso de compras que ponen en riesgo la vida humana. Este medio contactó al Minsa para conocer cuál era su propuesta sobre el proceso. Expusieron que han implementado una serie de acciones para evitar el “no hay” en las farmacias, que incluyen medidas como la modificación puntual de la Ley 1 de medicamentos, que en caso de desabastecimiento permite adquirir directamente las medicinas al declarar un desabastecimiento crítico.

Aunado a esto buscan, a través del Observatorio de Medicamentos, lograr la trazabilidad del abastecimiento para medir el comportamiento de estos en el mercado, y como tercer punto, implementar el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos que desarrollará un componente preventivo para evitar el desabastecimiento. No obstante, la institución evitó opinar sobre la inclusión o no de este renglón en la Ley de Contrataciones Públicas, pues comentaron que aún “no se ha celebrado ningún convenio marco de medicamentos, porque para que esto ocurra hay que homologar las normas”.

La reforma a la Ley de Contrataciones Públicas es oportuna ante los escándalos de corrupción en las licitaciones. El Ejecutivo ha dado prioridad a este proyecto de ley para controlar las constantes impugnaciones, adendas y sobrecostos.

Promover la producción local de medicamentos debe ser una prioridad de nuestras autoridades, para ayudar a rebajar el precio de las medicinas en las farmacias. “Se supone que, si son hechas aquí, ya sea por la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud (Minsa), o incluso por la empresa privada, estas serían más baratas que si las tenemos que traer importadas”, expone en su blog, Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública.

A juicio del especialista, el éxito de la producción local de medicamentos dependerá directamente de la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), a fin de certificar que todos los productos satisfacen los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia, que garantiza que cumple su finalidad de salvar vidas y restaurar la salud de los pacientes que lo utilizan. “No menos importante será la regulación efectiva de los precios finales, a fin de evitar la especulación por parte de los productores locales, y resulten nuestros genéricos más caros que los medicamentos importados de marca”, expone.