Cortizo apuesta a las entrañas del Órgano Judicial para reemplazos

El Consejo de Gabinete apostó por nombrar integrantes del Órgano Judicial (OJ) para renovar los cargos de tres magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, dos de la Sala Penal y uno de la Sala Contencioso-Administrativo, y seis suplentes de las Salas Penal, Civil y Contencioso-Administrativo.

El gabinete nombró por unanimidad, en la Sala Penal, a dos damas de las entrañas del sistema, Maribel Cornejo Batista y María Eugenia López. Esta última deberá ocupar el cargo de manera inmediata hasta el 2028, en sustitución del magistrado Jerónimo Mejía, a quien se le venció el término en diciembre de 2018. Mientras que Cornejo fue nombrada en reemplazo del magistrado Harry Díaz, quien desocupará el despacho el 31 de diciembre próximo.

Para la Sala Contencioso-Administrativo, el mandatario Laurentino Cortizo anunció al abogado Carlos Alberto Vásquez, en reemplazo del magistrado Abel Zamorano, quien pretendía reelegirse en el cargo.

Los aspirantes, que deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional en los próximos días, se sorprendieron de su elección cuando se enteraron por la televisión de que eran los elegidos, luego de haber superado varios filtros y exámenes psicométricos, de razonamiento crítico, de aptitudes, perfil curricular y de estrategia ampliada basada en la experiencia del cargo.

Fueron pruebas practicadas por una consultora privada contratada por el Ejecutivo (Korn and Ferry ) que depuró una lista de 31 candidatos seleccionados de 123 que conformaba el grupo de entrevistados por el Pacto de Estado por la Justicia, organización conformada por varios sectores que se encargó del primer ciclo de entrevistas.

Con respecto a los suplentes, en la Sala Penal se designó a Otilda Vergara, magistrada del Cuarto Distrito Judicial; y a Juan Francisco Castillo, magistrado de Coclé y Veraguas, como suplentes de Cornejo y de López, respectivamente.

En cuanto a la Sala Contencioso-Administrativo, se escogió a José Agustín Delgado (suplente de Carlos Vásquez) con experiencia en el Primer Distrito Judicial, y a Rafael Murgas Torraza, como asistente del magistrado Cecilio Cedalise.

El presidente Cortizo cerró las nominaciones de los suplentes de la Sala Civil con Carmen De Gracia, del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, y Miguel Espino, quienes actuarán como suplentes de los principales Ángela Russo y Olmedo Arrocha.

Para llegar a sus cargos antes deberán pasar por el último paso, el escrutinio en la Comisión de Credenciales y su posterior aprobación en el pleno de la Asamblea.

Cortizo manifestó en conferencia de prensa que ayer desayunó con los diputados de la bancada del partido oficialista, Partido Revolucionario Democrático, para compartir la agenda de las sesiones extraordinarias que iniciaron ayer con la discusión y aprobación de proyectos de leyes pendientes.

El gobernante indicó a los medios que examinó con “mucho cuidado” cada uno de los nombres, los cuestionó para conocer qué tan sinceros eran y comparar sus respuestas con información previa conocida. Indagó sobre su familia, sus amistades y el interés de cada uno para ejercer el cargo.

“Solo les pido, hagan lo correcto”, enfatizó Cortizo, como un mensaje directo a los nombrados.

Los nuevos integrantes de la Corte arriban en momentos en que impera reforzar la credibilidad de un sistema en crisis, que requiere más que caras frescas para salir a flote.

“Son acertadas, cada quien tiene los méritos suficientes para ostentar los cargos. Justamente por su valía, no admite desgastarnos en elogios”, valoró Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

No obstante, Araúz enfatizó que un profesional individual no puede componer la justicia, “así que el Ejecutivo debe saber que no puede lanzar a tres ilustres a un tanque de cocodrilos a menos que haya una ruta, y ésta involucra al poder político para el fortalecimiento de la justicia”.

El presidente de los abogados no alarga las felicitaciones, pues alerta de que el sistema colapsado requiere de esfuerzos de todos los sectores para situarlo en el contexto que merece. “Toca hablar de presupuesto, reformas legislativas, herramientas para ejecutar la tarea, ya que solos no podrán hacerlo sin el compromiso del Ejecutivo a fortalecer la justicia”.

Julio De La Lastra, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, elogió la selección y dijo que “demuestra que el Ejecutivo se tomó el tiempo para escoger a gente profesional, estamos satisfechos”.

Carlos Alberto Vásquez cuenta con una extensa carrera en el sector público: Secretario General de la Defensoría del Pueblo 2007-2011. Ejerció como Defensor del Pueblo encargado de 2007-2010; en 2016 fue miembro de la Comisión Redactora para la elaboración del Anteproyecto de Código Procesal Penal Contencioso Administrativo.

María Eugenia López es funcionaria de Carrera Judicial con más de 29 años experiencia en el Judicial. Ha dedicado más de diez años administrando justicia penal en la esfera municipal, circuital y como magistrada suplente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. Ha ejercido como representante del Judicial en el Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Maribel Cornejo durante 13 años fue fiscal en el Ministerio Público (1995-2008), periodo en el que se desempeñó al frente de la Fiscalía Superior Anticorrupción; fiscal de Circuito Fraude Bancario y Tarjetas de Crédito y fiscal de Circuito de Delitos Relacionados con Hurto y Robo de Vehículos. De 1991-95 fue asistente de Magistrado de la Corte en la Sala Segunda de lo Penal. Estando en el Órgano Judicial instruyó procesos por corrupción contra funcionarios de la Corte Suprema.

El 10 de diciembre, el presidente Laurentino Cortizo revelará el nombre del próximo procurador(a) General de la Nación, tras la renuncia de Kenia Porcell, expuesta en los 'Varelaleaks' que la desacreditaron para ejercer el cargo dada la estrecha relación que mantenía con el entonces mandatario Juan Carlos Varela. Las filtraciones fueron la gota que derramó el vaso en el caso de Porcell, cuestionada por la selectividad en las investigaciones de los casos penales, especialmente en contra de adversarios políticos de Varela.

La relación entre ambos motivó al exmandatario a intervenir a favor de la hermana de Porcell para conseguir un préstamo hipotecario en el Banco Nacional. Las comunicaciones revelan cómo ella informó al mandatario sobre una transferencia de $150 mil que recibió en una de sus cuentas, provenientes de una cuenta relacionada a la constructora Odebrecht. Transacción que pasó desapercibida, mientras que de la misma cuenta de la constructora se efectuó otra transferencia por aproximadamente $700 mil a favor de adversarios políticos de Varela que fueron investigados por presunto blanqueo de capitales.

En las conversaciones se nota que Porcell opinaba sobre nombramientos sensitivos, se quejaba del entonces director de la Unidad de Análisis Financiero Humberto Brid, entre otros.