El Vaticano abre el juicio contra el poderoso cardenal Angelo Becciu

El Tribunal del Vaticano abrió hoy por primera vez un juicio contra un cardenal, el italiano Angelo Becciu, hasta hace poco uno de los más poderosos de la Curia, por una serie de supuestas irregularidades financieras en la Secretaría de Estado de las que se declaró "inocente de toda acusación".

"Obediente al papa que me ha enviado a juicio, siempre he sido obediente al papa, que me ha encargado muchas misiones en la vida y que ha querido que fuera procesado. Estoy sereno, con la conciencia tranquila", refirió el purpurado tras la vista.

El tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano celebró hoy la primera audiencia del juicio contra Becciu y otras nueve personas entre clérigos y laicos vinculados a la Secretaría de Estado, órgano de Gobierno, y financieros del ámbito internacional.

La próxima será en la mañana del 5 de octubre.

Entre la lista de delitos figuran la estafa, abuso de autoridad, malversación, corrupción, blanqueo de capitales o apropiación indebida. Becciu afronta los de abuso de poder y peculado.

En el centro de las investigaciones, iniciadas en 2019, está la compraventa de un edificio en un lujoso barrio londinense cuajada de presuntas irregularidades, así como la gestión del Óbolo de San Pedro, que invierte los donativos de los fieles en obras de caridad.

Se trata de un proceso histórico por ser la primera vez que sienta en el banquillo del Vaticano a un cardenal, juzgado por jueces laicos, pues los hechos remontan a 2013, cuando él era sustituto de la Secretaría de Estado.

Becciu, de 73 años, fue uno de los dos imputados que acudieron a la vista, además del que fuera su secretario, Mauro Carlino: "Los jueces sabrán ver los hechos y espero que reconozcan mi inocencia", señaló el purpurado, con mascarilla y una simple sotana.

La audiencia, presidida por el juez Giuseppe Pignatone, duró siete horas, estuvo dedicada a limar detalles procesales y se celebró en una sala de los Museos Vaticanos más amplia que la del tribunal.

Becciu (Pattada, Cerdeña,1948) era hasta el año pasado uno de los hombres más poderosos de la Curia, considerado el "número tres" dentro de los muros leoninos, hasta que en septiembre de 2020 fue defenestrado por Francisco por este caso.

Licenciado en Derecho Canónico, en los Ochenta accedió a la red diplomática de la Santa Sede trabajando en delegaciones de medio mundo, desde Sudán o Nueva Zelanda hasta Reino Unido o Francia.

Su ascenso se consolidó con Juan Pablo II (1978-2005), que le hizo arzobispo, y Benedicto XVI (2005-2013) le puso en 2011 en como sustituto en la poderosa Secretaría de Estado, principal ente de Gobierno del estado.

Francisco le creó cardenal en 2018 y le nombró prefecto para las Causas de los Santos. Un año más tarde, el nombre de aquel nuevo príncipe de la Iglesia acababa salpicado por estas irregularidades.

Era el principio de su ocaso. En la tarde-noche del 24 de septiembre de 2020, un comunicado oficial de tres líneas anunciaba su fin como prefecto y la retirada sus derechos del cardenalato, aunque no el título, lo que le cerraría la posibilidad de acudir a un cónclave.

El fiscal Gian Piero Milano ha visto "graves indicios" delictivos en una red compuesta por diez personas, entre estas Becciu. El resto, empezando por los más mediáticos, son el broker Gianluigi Torzi, y una espía de gustos caros, Cecilia Marogna, que tenía el supuesto encargo de crear una red diplomática paralela.

Los demás son monseñor Carlino, el banquero Enrico Crasso; el gestor Fabrizio Tirabassi, los expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, el abogado Nicola Squillace y el contable que gestionaba las ofrendas e los fieles, Raffaele Mincione.

Becciu y Carlino, los únicos que acudieron hoy, serán juzgados en persona mientras que lo hará en contumacia y ante sus abogados Crasso, Di Ruzza, Marogna, Mincione, Squillace y Tirabassi. En el caso de Torzi, no puede asistir porque está detenido en Londres.

Francisco quiere que la Justicia llegue a todos y en abril firmó un "motu proprio" para acabar con el aforamiento de cardenales y obispos, permitiendo que fueran juzgados en tribunales ordinarios.

Asimismo, en un gesto por la transparencia, el pasado sábado el Vaticano hacía públicas por primera vez las cuentas del organismo de Administración del Patrimonio de la Santa Sede.

El papa ha instado a algunos de sus más estrechos colaborados a someterse a la justicia, como ocurrió con el cardenal George Pell, que volvió a Australia para responder en un juicio por pederastia del que finalmente fue absuelto en abril de 2020.

Por: Gonzalo Sánchez