Título 42, la herramienta política que podría definir el futuro de EE.UU.

Este viernes Estados Unidos dio inicio a un nuevo capítulo en sus normativas migratorias, con la finalización del título 42, que rigió las fronteras del gigante norteamericano en tiempos de pandemia.

La medida, que fue emitida el 20 de marzo de 2020, fue justificada por los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con el argumento de detener la propagación de la covid-19.

En síntesis, la orden daba a las autoridades fronterizas la potestad de expulsar a personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas por el gobierno o por el ingreso ilegal al territorio, con el propósito de “eludir las medidas de detección médica”.

Durante más de dos años, los agentes fronterizos pudieron expulsar de forma inmediata a todas las personas que ingresaran por las fronteras de México o Canadá, siendo exentos de estas acciones los menores migrantes que no tuvieran acompañantes.

El 1 de abril de 2022, los CDC informaron que se retiraría la medida, pues había dejado de ser necesaria, pero diversos movimientos políticos hicieron que el título 42 prolongara su vigencia hasta este viernes 12 de mayo, cuando se retomará el título 8, desarrollado durante la administración de Barack Obama, con el cual el exmandatario deportó a más de 3 millones de personas en ocho años, aunque tendrá algunas modificaciones.

Una decisión que es vista con buenos ojos por Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Los niños y adolescentes migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias”, comenta la también filósofa, en un comunicado de la entidad.

“Unicef espera que la eliminación de las restricciones de acceso al asilo por motivos de salud pública impuestas en la frontera entre Estados Unidos y México en virtud del título 42 contribuya a restablecer y salvaguardar esos derechos”, agrega la principal de la organización.

El título 42 fue uno de los temas centrales durante las elecciones de medio término en Estados Unidos. “Los republicanos de la Cámara [baja] están con nuestros valientes agentes de la Patrulla Fronteriza en la primera línea de esta crisis, y exigimos que la administración de Biden revoque su decisión de poner fin al título 42 y hacer cumplir plenamente las leyes de inmigración y seguridad fronteriza de nuestra nación”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes,   Kevin McCarthy, en un comunicado publicado en abril de 2022.

Una postura que, en su momento, fue compartida por los senadores demócratas de Arizona, Georgia, Nevada y New Hapshire, quienes acusaron a Biden de no tener una planificación adecuada para afrontar el aumento migratorio, que traerá la anulación del título 42.

El exgobernador de Nevada, el demócrata Steve Sisolak emitió una carta en la que advirtió al presidente sobre la “crisis humanitaria” que traería consigo la anulación de la normativa sin contar con un “plan integral” que afronte el incremento de migrantes.

Se trata de un debate que no ha llegado a su fin, pues el pasado jueves los congresistas republicanos anunciaron que estaban listos para aprobar una propuesta fronteriza.

La resolución 2, denominada Ley de Seguridad Fronteriza de 2023, busca reanudar la construcción del muro entre Estados Unidos y México, planteado por la administración de Donald Trump.

“[Esta ley] proporcionaría soluciones reales y bien pensadas para restablecer el orden en la frontera suroeste, mejorar nuestra seguridad nacional y, lo que es más importante, protegería a los menores no acompañados, algo que la administración se ha negado a reconocer y no ha actuado en consecuencia”, comentó el congresista republicano Mario Díaz-Balart, esta semana.  Aunque la Casa Blanca dijo en un comunicado que ese proyecto de ley “no hace nada para abordar las causas profundas de la migración, reduce las protecciones humanitarias y restringe las vías legales, que son alternativas críticas a la entrada ilegal”, por lo que es poco probable que Biden no lo vete si llega a su oficina.

El proyecto de ley también plantea aumentar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza y establecer nuevos cambios en la legislación migratoria actual, buscando “agilizar el proceso de asilo”.

Del otro lado del espectro político también se están desarrollando propuestas que buscan apaciguar la crisis migratoria. La senadora independiente, que antes pertenecía al Partido Demócrata, Kyrsten Sinema, lleva meses buscando apoyo para la aprobación de una ley que mantenga el espíritu del título 42, pero que no depende de una emergencia sanitaria.

En síntesis, Sinema pretende establecer una legislación que le dé al gobierno de Biden, durante dos años más, la capacidad de expulsar mediante un proceso acelerado a los migrantes irregulares. “[Esta ley] le daría a la administración de Biden tiempo suficiente para hacer lo que debería haber hecho en los últimos años, que es prepararse adecuadamente, y también brindaría el espacio y la posibilidad para que el Congreso tome medidas para reformar nuestras leyes de asilo y recuperar el control de la frontera”, exclamo la senadora en un comunicado.

El conflicto no se limita a Washington, pues diversos estados ya han anunciado que endurecerán sus leyes migratorias, tras la anulación del título 42, siendo algunos casos destacados: Florida, Texas y Arizona.