- 19/07/2012 21:38
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió este jueves a la ONU intervenir en un diferendo entre una Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso, que se niega a acatar un fallo judicial relativo a la elección de nuevos magistrados.
En busca de una salida a la crisis, que amenaza la estabilidad del país, el procurador Oscar Luna entregó este jueves una nota al coordinador residente de la ONU en El Salvador, Richard Barathe, en la que pide la intervención del secretario general del organismo, Ban Ki-moon.
Para el procurador, Ban debe "promover la tranquilidad ante una amanaza que hay a la paz (y) al orden democrático y constitucional".
La crisis comenzó el 6 de junio pasado, cuando la Sala Constitucional declaró ilegal la elección de cinco magistrados, hecha por el Congreso en abril, así como la de otros cinco que habían sido designados en 2006.
Según argumentó, ambas elecciones se produjeron durante legislaturas en las que ya se había procedido a la designación de magistrados, algo que -a su juicio- está prohibido por la Constitución Política, por lo cual los nombramientos carecerían de valor.La legislatura que concluyó el 30 de abril, en la que la izquierda tenía mayoría, eligió a cinco magistrados en 2009 y a otros cinco este año.
También designó como fiscal al abogado Ástor Escalante -cercano a uno de los grupos en alianza con la izquierda gobernante-, elección también declarada ilegal por la Sala Constitución.
En su fallo, la Sala ordenó que magistrados y fiscal fueran electos en la legislatura que asumió el 1 de mayo, en la que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) tiene mayor número de diputados y es determinante para la mayoría calificada que se requiere para la designación de jueces.
Pero los diputados desoyeron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que en junio ordenó a la Sala Constitucional dejarlo sin efecto. Sin embargo, la Sala declaró "inaplicable" el dictamen de la corte regional, argumentando que se trataba de un asunto interno.
Debido a la controversia, se han instalado por una parte diez magistrados encabezados por el presidente Ovidio Bonilla y por otro los cinco de la Sala de lo Constitucional, que nombraron presidente interino a Florentín Meléndez.
La Procuraduría espera que Ban Ki moon nombre a un "relator especial" que pueda llegar al país para dirimir esta "cuestión grave y delicada".
