Nicaragua libera a 135 presos políticos y los envía a Guatemala

Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos, que fueron acogidos este jueves 5 de septiembre por Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos que les permitirá viajar luego a ese u otros países.

En el aeropuerto de La Aurora de la Ciudad de Guatemala, los exdetenidos saboreaban la libertad.

“Gracias a todos de estar libre, viva Nicaragua Libre”, declaró a periodistas Francisco Arteaga con el puño en alto.

A él lo detuvieron por publicar “en las redes sociales las acciones” del gobierno del mandatario Daniel Ortega contra la Iglesia católica, cuenta por la ventanilla de un autobús.

Según la Presidencia guatemalteca, el grupo llegó este jueves “en un vuelo único que aterrizó a las 6:20 de la mañana”.

La Casa Blanca anunció poco antes que ha conseguido la liberación de estos presos, entre los que figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas que Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo “consideran una amenaza” para su régimen autoritario.

La liberación tuvo lugar “por motivos humanitarios”, señala el asesor Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en un comunicado, cuando faltan dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Washington “agradece el liderazgo y la generosidad del Gobierno de Guatemala por aceptar amablemente a estos ciudadanos nicaragüenses”, añade.

‘Bienvenidos, hermanos’

“¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!”, afirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un mensaje en la red social X, en el que afirma que su país “ha mostrado su firme convicción democrática, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria”.

Una vez en Guatemala podrán “solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”, precisa la Casa Blanca.

Las Oficinas de Movilidad Segura, desplegadas en varios países latinoamericanos, son una de las “vías legales” para la migración del presidente estadounidense Joe Biden y permiten tramitar las solicitudes de asilo.

Washington hace un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que “ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales”, insiste el Gobierno estadounidense.

En otro comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken afirma que “el pueblo nicaragüense quiere y merece una democracia” en la que “todos puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, libres del temor a la persecución o las represalias”.

Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.

Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas prodemocracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.

También arremetió contra la iglesia católica y cerró unas 5.500 oenegés, muchas de ellas religiosas.

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) exiliado en Estados Unidos, celebró esta “liberación con sabor agridulce, liberación y destierro”.

“Se liberan a unos, se encarcelan nuevamente, se liberan a otros, ya basta de prisión arbitraria (...) esto ya tiene que parar porque la dictadura ha hecho de Nicaragua una cárcel gigantesca”, afirmó en la red social X.

La relación de Nicaragua con la comunidad internacional se ha tensado en los últimos meses, especialmente con Brasil, después de que Ortega ignorara sus intentos para mediar, a petición del papa Francisco, para la liberación de un obispo encarcelado.

La OEA también creó un “grupo voluntario” que sigue de cerca la situación en Nicaragua, país que dejó de ser miembro formalmente de esta organización el año pasado por decisión de Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido en varias ocasiones al país centroamericano que cese “la represión generalizada y la persecución religiosa”.