Malasia restringe la pena capital y se distancia de la mano dura en la región

El Parlamento de Malasia derogó este lunes la pena de muerte obligatoria, hasta ahora impuesta sin alternativa para delitos como el narcotráfico, una reforma que activistas contra el castigo capital ven dirigida hacia su plena abolición y que contrasta con la mano dura en otros países de la región.

La cámara baja de Kuala Lumpur votó hoy por mayoría a favor de la reforma del código penal, que sucede tras más de una década de pasos tomados en esta dirección y después de que el país declarara una moratoria a las ejecuciones en 2018, si bien se continuaron imponiendo condenas a muerte.

Según Amnistía Internacional, hay actualmente 1.337 reos en el corredor de la muerte en Malasia, quienes podrán pedir una revisión de su sentencia, el 67,5 % de ellos condenados por narcotráfico, uno de los once delitos castigados hasta ahora forzosamente con la pena de muerte, junto al asesinato, el terrorismo, el secuestro o la posesión de armas.

La ley propone que, en lugar de la pena de muerte, se impongan penas de hasta 40 años de cárcel y al menos 12 latigazos para los delitos que eran castigados indefectiblemente con la horca.

El viceministro de Interior y Reformas Institucionales, Ramkarpal Singh, aseguró hoy en el Parlamento que la reforma es "crucial" pues la pena de muerte "es irreversible y no ha traído los resultados que se esperaban", según el diario Free Malaysia Today.

Las estadísticas mundiales, aseguró, han mostrado que la ausencia de la pena de muerte no aumenta las tasas de criminalidad.

No obstante, la pena de muerte todavía podrá ser impuesta en Malasia en algunos casos si así lo decide un juez. Por otro lado, la cámara baja también aprobó que la cadena perpetua sea reemplazada por una pena de cárcel máxima de 40 años.

"Es un primer paso histórico hacia la total abolición de la pena de muerte", alaba hoy en su cuenta de Twitter la Red contra la Pena de Muerte de Asia (ADPAN, por sus siglas en inglés), dando las gracias a "todos los abolicionistas que han hecho que esto ocurra".

El cambio legislativo necesitará ahora el respaldo de la cámara alta y después deberá ser refrendado por el rey para que sea efectivo, lo que se consideran meros formalismos.

Además de en Malasia, ahora con restricciones, la pena de muerte en el Sudeste Asiático sigue vigente en Singapur, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Brunéi, donde las ejecuciones se realizan mediante la horca, por fusilamiento o inyección letal.

Además, la junta militar de Birmania (Myanmar), país que llevaba tres décadas sin aplicar el castigo capital, ejecutó el pasado julio a cuatro activistas prodemocracia acusados de "actos terroristas".

En concreto, algunos de estos países adoptan un enfoque especialmente duro contra el narcotráfico. El vecino Singapur, el país más desarrollado del Sudeste Asiático, ejecutó al menos a diez presos el año pasado -mediante la horca- por tráfico de drogas, un ritmo sin precedentes que suscitó las críticas de la ONU.

Mientras en Filipinas, el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022) lideró una operación contra el narcotráfico que dejó miles de muertos y que es investigada por la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.

Unos operativos que en principio continúan con el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr., ya que desde su llegada al poder el junio pasado han muerto 234 personas en redadas policiales contra las drogas, según el instituto Dahas de la Universidad de Filipinas.

La reforma de Malasia, sin llegar al posicionamiento liberal de Tailandia, que despenalizó parcialmente el uso de cannabis el pasado año, consolidaría el giro del país de mayoría musulmana tras años allanando el terreno en la dirección actual.

En mayo de 2019, los tres hermanos mexicanos Simón, Luis Alfonso y José Regino González Villarreal, originarios del estado de Sinaloa, fueron indultados y extraditados a México tras pasar 7 años en el corredor de la muerte de ese país por narcotráfico.

Además, el boliviano Víctor Parada Vargas, detenido por tráfico de drogas en 2013 en Malasia y condenado a la pena capital cinco años más tarde, también fue indultado y regresó a su país en 2019.

Se desconocen por el momento cuántas nacionalidades hay entre los 1.337 reos que aún están en el corredor de la muerte en Malasia, y fuentes diplomáticas afirman que no hay españoles entre ellos.