La junta militar se aferra al poder en una Birmania que dos años después del golpe de Estado aún la rechaza

Cuando se cumplen dos años del golpe de Estado de Birmania, la junta militar desoyó este miércoles la "huelga silenciosa", que vació las calles del país para dar muestra del masivo rechazo popular a los militares, ampliando el estado de emergencia seis meses más, en un intento de retener el poder.

El país del Sudeste Asiático vive sumido en una espiral de violencia y semianarquía desde que el Ejército (Tatmadaw) derrocó el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, sin que los militares hayan conseguido hacerse con el control en estos dos años.

Su falta de apoyos se vio reflejada hoy en las principales ciudades birmanas, incluida la más grande, Rangún, donde fotografías y vídeos de EPA/EFE muestran prácticamente vacías calles y calzadas habitualmente llenas de transeúntes.

La estampa era parecida en otras urbes como Mandalay o la capital, Naipyidó, cuyas arterias principales pasaron el día sin tránsito y muchos comercios permanecieron cerrados, mientras los que abrieron apenas recibieron visitas, según informaron medios locales como el The Irrawaddy.

"Sería normalmente un día ocupado en el banco, pero, salvo el personal, no había nadie", dijo un residente de Rangún citado por The Irrawaddy.

La huelga silenciosa, convocada por grupos prodemocracia, ya fue la forma elegida para protestar, con un seguimiento masivo, especialmente en las grandes ciudades, en el primer aniversario del golpe, a pesar de que las autoridades militares presionaron y amenazaron con arrestar a quien participara en el movimiento.

Pese al manifiesto rechazo a los militares, la junta anunció hoy que extenderá seis meses más el estado de emergencia en el que se encuentra el país desde la asonada, en una decisión anunciada en el canal del Ejército MWD.

Si bien la Constitución birmana marca el límite del estado de emergencia en dos años, Hlaing ya dejó entrever la víspera en un discurso televisado, tras un encuentro con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que buscaba la forma de ampliarlo.

El militar afirmó que la nación continúa acechada por "actos de terror", lo que finalmente sirvió como pretexto para extenderlo más, pues la carta magna solo permite hacerlo en tiempos "extraordinarios".

La prolongación de seis meses crea incertidumbre sobre las elecciones inicialmente previstas para agosto, ya que, según la ley, los comicios deben ser convocados en los seis meses siguientes tras el fin del estado de emergencia, de modo que, si se tratara de la última extensión, aún tendrían hasta fin de año para celebrarlas.

"La junta planea una transición del estado de emergencia a un gobierno apoyado por los militares a largo plazo. En las actuales circunstancias, no hay esperanza de que los comicios fueran a ser creíbles, y los riesgos de que desaten violencia son muy altos", señala Richard Horsey en una nota de International Crisis Group.

Mientras el régimen militar recurre a argucias para mantenerse en el poder, con expertos asegurando que solo alcanza a controlar la cuarta parte del territorio nacional, aumentan las voces en su contra, tanto dentro como fuera del país.

Estados Unidos, Reino Unido y canadá anunciaron el martes de nuevas sanciones, esta vez dirigidas contra seis individuos conectados a la junta militar birmana, y Australia reveló hoy la imposición de sus primeras sanciones financieras y prohibiciones de viajes contra militares y altos cargos del régimen castrense.

Desde la asonada, las fuerzas de seguridad birmanas han matado a más de 2.900 civiles y mantienen detenidas a cerca de 13.800, entre ellas a la derrocada líder Aung San Suu Kyi -que lideró la transición democrática desde 2011 y hasta 2021-, según los datos de la oenegé local Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

Una represión que no ha frenado huelgas como la de hoy ni ha hecho claudicar a los miles de jóvenes que, habiendo crecido en libertad, se entregaron a la lucha contra el Tatmadaw tras el golpe, formando las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF), amparadas por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG).

Formado en parte por exdiputados de la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi, el NUG se declara la autoridad legítima de Birmania y opera en la semiclandestinidad y parcialmente desde el exilio, erigiéndose, junto a las PDF -que la junta tacha de "terroristas"- como el inesperado enemigo a batir de los generales.

"Nuestro deseo de paz y libertad supera con creces la codicia tiránica de los brutales generales, nunca renunciaremos a nuestros derechos a esta libertad y paz", recalcó hoy en un comunicado el "Doctor Sasa", portavoz del NUG.