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- 13/02/2019 01:02
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La intensa discusión jurídica en la sala y la escasa amplitud de las protestas en Madrid y diversos puntos de Cataluña marcaron ayer el inicio del juicio contra los líderes independentistas catalanes ante el Tribunal Supremo español.
España vivió ayer una jornada histórica con el comienzo de uno de los juicios más importantes de su democracia, un proceso que durará tres meses.
Los debates de esta primera jornada estuvieron dominados por las cuestiones previas de las defensas y en ellas la discusión se mantuvo en términos muy civiles, con argumentos jurídicos, incluso no faltaron reproches al supuesto carácter político del juicio.
Otros argumentos se centraron en lo que las defensas consideran falta de respeto a algunos derechos fundamentales de sus clientes, con abundantes alusiones técnicas a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, cerró la sesión con tono sosegado pidiendo que los letrados que planeen presentar mociones lo hagan cuanto antes para su pronto estudio.
MANIFESTACIONES
Mientras el proceso transcurría por cauces jurídicos normales, en la capital española y diversos puntos de Cataluña fueron escasas las protestas, sin que se produjera incidentes.
APOYO
Frente a la sede donde tuvo lugar el juicio hubo una marcha a favor de los acusados.
Los manifestantes consideraban que los procesados eran ‘presos políticos'.
Grupos de ultraderecha y partidarios de la unidad española se pronunciaron en sentido contrario.
Antes del inicio del juicio hubo junto al Tribunal Supremo una pequeña concentración a favor de los acusados, considerados como ‘presos políticos'.
En las cercanías se manifestaron grupos de ultraderechistas o partidarios de la unidad española, quienes se expresaron en un sentido opuesto.
En Barcelona y otras partes de Cataluña se registraron algunas protestas, con cortes de autopista y calles, o concentraciones, incluyendo algunas de estudiantes o de funcionarios catalanes.
Mientras que los acusados afrontan peticiones de pena de entre siete y 25 años de cárcel, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se juega hoy su supervivencia con la votación de las enmiendas a los presupuestos para 2019.