La India persigue a activistas en plena pandemia del coronavirus

El confinamiento de 1.300 millones de personas para frenar el coronavirus acabó de golpe con las masivas protestas contra la ley de ciudadanía que sacudieron la India durante meses, aunque no ha ocurrido lo mismo con la persecución policial contra activistas.

Las detenciones bajo leyes represivas se han multiplicado, mientras ciudadanos y medios de comunicación observan con preocupación el número creciente de infecciones.

El barrio delhí de Shaheen Bagh fue desde diciembre y durante meses el centro simbólico de las protestas, con su acampada liderada por mujeres, contra una polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía que excluía a los musulmanes y que fue promovida por el Gobierno nacionalista hindú del Bharatiya Janata Party (BJP).

Ahora, el único vestigio de las protestas son algunas pintadas en el suelo, junto a las planchas de metal y banderas repletas de eslóganes que se han convertido en un hogar improvisado para varias personas al borde de la carretera.

"La protesta tuvo que ser detenida porque el coronavirus se extendió por la India y por todo el mundo", reconoció a Efe Abbas Ali Naqvi, residente del barrio y participante en la acampada.

Si los manifestantes en principio se negaron, luego cedieron a la presión policial y desmantelaron la protesta.

Puede que las manifestaciones contra la enmienda que busca naturalizar a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes, hayan desaparecido, pero la Policía ha seguido muy activa durante el confinamiento.

Safoora Zargar, estudiante universitaria y embarazada de cinco meses; el también estudiante Meeran Haider o las activistas Devangana Kalita y Natasha Narwal son solo algunos de los jóvenes que se enfrentan a un rosario de acusaciones.

La Policía de Nueva Delhi ha presentado numerosos casos en los últimos meses en relación con el estallido de violencia intercomunitaria entre musulmanes e hindúes que tuvo lugar a finales de febrero en el noreste de la capital, con las protestas contra la Ley de Ciudadanía como telón de fondo.

Los choques causaron unos 50 muertos y 200 heridos, en su mayoría por armas de fuego.

Los activistas han visto cómo sus casos se solapaban hasta culminar en cargos bajo la controvertida Ley de prevención de actividades ilegales, que permite el arresto hasta 180 días sin proceso judicial.

Es el caso de Kalita, miembro fundador al igual que Narwal de la organización feminista Pinjra Tod, un grupo que ha sido especialmente señalado por las autoridades.

Kalita permanece acusada en varios casos en los que ha ido obteniendo fianzas, uno de los últimos a principios de mes en el que el tribunal reconoció que "no hay pruebas directas atribuíbles" que muestren a la activista "involucrada en actividades violentas".

Cuatro días después de aquella decisión judicial, la Policía la acusó bajo la draconiana ley.

"La persecución, en cierto sentido, es contra el espíritu democrático y se trata de criminalizar la disidencia", denunció a Efe un miembro del Pinjra Tod, que pidió el anonimato.

La Policía presentó entre los pasados días 8 y 9 cargos en siete casos que incluyen varios asesinatos, entre ellos el de un policía, y anunció la detención de 42 personas relacionadas con los crímenes.

También puso negro sobre blanco la que se ha convertido en la principal teoría de los investigadores: que la violencia nació de una conspiración entre quienes se opusieron a la Ley de Ciudadanía.

La violencia fue causada por "una red de conspiradores" con la intención de "dañar la imagen del país bajo la imagen de una oposición democrática a la Ley de Ciudadanía" difundiendo "desinformación", afirmó la Policía en un comunicado.

El destacado activista indio Harsh Mander también ve una conspiración, aunque bien distinta.

"Le han dado completamente la vuelta a la historia", denunció Mander a Efe, para quien las protestas "marcaron un rechazo completo de la política de odio religioso que está en el corazón ideológico del BJP".

"Incluso están nombrando a personas como yo, he sido mencionado personalmente en la última hoja de cargos", lamentó.

Mander explicó que se enfrenta a un cargo de incitación al odio por un discurso en defensa de la Constitución, según su versión, que dio dos meses antes de que estallara la violencia.

"Están muy lejos de actuar contra los discursos de odio hechos abiertamente por líderes importantes como Kapil Mishra", dijo en referencia a un político miembro del BJP que lanzó una provocativa arenga un día antes de que comenzasen los enfrentamientos.

En uno de los barrios que se convirtió luego en el epicentro de la violencia en la capital, Mishra dio un ultimátum a la Policía para que "limpiase las calles" de manifestantes que habían cortado una carretera.

De lo contrario, él mismo se ocuparía de desalojar la acampada que los vecinos del barrio mayoritariamente musulmán habían levantado.

En opinión del director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) india, Avinash Kumar, el Gobierno indio ha aprovechado la situación de excepción del coronavirus para actuar con impunidad.

"Básicamente lo que quieren es enviar una señal a todo el país de que es prácticamente imposible organizar una protesta debido a la pandemia", denunció Kumar a Efe.

Así lo atestigua el estudiante Chitrank Upadhyay, detenido durante unas horas por participar en una manifestación de menos de diez personas en apoyo a los activistas frente a la Universidad Jawaharlal Nehru delhí el pasado 3 de junio.

Upadhyay explicó a Efe que todavía no sabe si deberá enfrentarse a un caso por violar las normas del confinamiento.