Crónica de una crisis anunciada: citación del administrador de la AMP a la Asamblea

Las quejas que acumula el administrador de la Autoridad de Panamá, Noriel Araúz, hicieron mella.

Los diputados de la Asamblea decidieron retomar la citación que el funcionario tiene pendiente desde octubre de 2022, cuando el pleno le envió un cuestionario de 44 preguntas relacionadas con supuestas irregularidades y deficiente gestión, y que Araúz debería responder ante el hemiciclo legislativo.

En una carta con fecha del 2 de marzo y con firma del presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, anunciaron la reprogramación de la citación a Araúz para el día 13 de marzo a las 4:00 de la tarde.

En octubre pasado, los diputados enviaron un cuestionario relacionado a temas como contrataciones directas y supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos de ocupación. Igualmente tienen interés en los buques petroleros que atracan en el puerto de Amador, y el tema que más ocupa a los diputados, la situación con el registro de buques con bandera panameña.

Temas a los que el Ejecutivo no le ha puesto atención, a pesar de las consecuencias negativas que traería para el país.

Uno de los diputados que cuestionó el actuar del administrador de la AMP fue Roberto Ayala, quien señaló que las denuncias que hay alrededor de la figura del administrador inciden directamente sobre el buen desempeño de la Marina Mercante panameña.

Y es que el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, dijo en julio de 2022 que “Panamá está en crisis”, en referencia a la posibilidad de que el país pierda su posición como líder mundial en abanderamiento de barcos.

El funcionario aseguró que el crecimiento acelerado que está teniendo Liberia en el registro de naves podría provocar que para el segundo semestre de 2023 supere en tonelaje a Panamá, haciendo que nuestro país pierda una posición que ha mantenido por más de un siglo.

Al mismo tiempo que Cigarruista hacía estas confesiones, su subdirector, Demóstenes Sánchez, le acusó de no haber tenido voluntad de trabajar para evitar que Panamá estuviera en riesgo de perder su posición como líder en el registro de buques. Aunque después no quiso hablar más del tema, desde la institución nunca hubo una comunicación oficial que esclareciera ambas situaciones.

Pero ese no es el único tema que pudiera estar ocupando a los diputados en relación a la AMP y el futuro del sector marítimo.

En su paso por la AMP, Noriel Araúz ya tiene varias denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Una tiene que ver con los derrames de combustible en la entrada pacífica del Canal de Panamá en 2020 y en las costas de Taboga en 2021.

Otra por supuestos delitos contra la administración pública, tras la emisión de una patente en la que se habría omitido información importante que beneficiaría a una empresa y podría poner en riesgo el ecosistema marino. Y una tercera denuncia fue por aprobar un permiso de operación de un desguazadero a una empresa, sin tener el debido estudio de impacto ambiental, previamente aprobado.

Esto sin contar con el revuelo que causaron unas contrataciones directas para la empresa Stward Inc, para el transporte de los funcionarios encargados de las inspecciones de los barcos, servicios pagados con fondos de la cuenta SEGUMAR de la AMP en Estados Unidos.

Y las más recientes y que han tenido repercusión internacional. Permitir el contrato de exclusividad del despacho de bunker a los cruceros que entren a la terminal de cruceros de Amador, lo que habría provocado la queja de importante empresas de cruceros como Carnival y que estaría arriesgando la llegada de estos buques a los puertos panameños. Y las acusaciones de la United Against Nuclear Iran (UANI), quien acusó a la AMP de Noriel Araúz, de abanderar buques iraníes identificados por la organización internacional como naves empleadas para el contrabando de petróleo.

El dossier de Araúz es amplio y el próximo martes 13 de marzo deberá responder a los 71 diputados de la Asamblea. Tal vez sea la primera vez que lo haga, ya que por ninguno de los casos arriba citados ha habido un pronunciamiento oficial de la institución, o el Ejecutivo ha visto interés en aclararlos.