COP26: Un complejo y peligroso 'quid pro quo'

La conferencia de las partes signatarias de los acuerdos en materia climática de las Naciones Unidas en su edición número 26, o COP26, inicia este 31 de octubre en Glasgow, Escocia. Delegaciones de cerca de 200 países se reunirán durante dos semanas para negociar acciones concretas con miras a desacelerar y revertir el impacto de la actividad humana en el cambio climático. Las metas establecidas por los líderes del G7 y respaldadas por las Naciones Unidas son: reducir los gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar cero emisiones de carbono netas –'Net Zero'– para 2050; la eliminación del carbón como fuente de energía, la transición a la movilidad eléctrica para 2050, y la creación de fondos multilaterales para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Estas acciones, entre otras, tienen la meta de mantener el aumento de la temperatura global inferior a los 2 grados Celsius y preferiblemente inferior a 1,5 grado Celsius este siglo.

América Latina es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, cifra que se duplicó en las últimas dos décadas (5,5% en 2000). A diferencia de grandes economías industrializadas, la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la región proviene de la agricultura (23%) y la deforestación (35%). La generación de energía y el transporte apenas contribuyen un 20% de las emisiones totales de la región. La región mantiene un buen récord en materia energética, más del 50% de la energía de la región proviene de fuentes renovables, como la energía hidroeléctrica.

A pesar del reducido impacto de las economías regionales al cambio climático a nivel mundial, América Latina es una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Según el Banco Mundial, la región podría perder hasta $1,2 mil millones anualmente en 22 ciudades costeras producto de las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar para 2050. Los desastres naturales que ya se han intensificado en frecuencia e impacto, llevarán a 3 millones de personas a la pobreza para 2030.

El cambio climático también impactará actividades económicas que aumentaran el costo de la vida. Las sequías prolongadas aumentaran el costo de la energía y reducirán las cosechas un 20% para 2050, aumentando los precios de los alimentos. En total, América Latina podría perder hasta 25% de su PIB en los próximos 30 años producto de los cambios climáticos a pesar de solo aportar 10% de los gases de invernadero a nivel global.

COP26, según la comunidad científica, es la última oportunidad de la comunidad internacional para lograr compromisos políticos que eviten el mundo post-apocalíptico pronosticado por los expertos si llegamos a superar los 2 grados Celsius de calentamiento global este siglo.

A pesar de las claras advertencias y el consenso ya logrado en COP21 (Acuerdo de París), los gobiernos de la región no están preparados o dispuestos a modificar sus políticas para cumplir con las metas establecidas.

El caso de Argentina, la tercera economía más grande de Latinoamérica, presenta la primera complejidad: el proceso democrático y la situación económica no permiten que el cambio climático sea prioritario para el gobierno de la Casa Rosada.

La deuda externa de Argentina es de $218 mil millones cerca del 100% del PIB del país. Y la mayor fuente de emisiones de gases invernaderos en Argentina son las actividades relacionadas con la exportación de carnes de ganado vacuno. Representan un 21% de las emisiones del país, más que el transporte y la industria. A pesar de su gran impacto ambiental, la exportación de carne representa alrededor de $3 mil millones anuales para el país. De cara al COP26, Argentina solicitó al panel intergubernamental de las Naciones Unidas la eliminación de dos párrafos de su informe de 2021 (Un Ipcc report 2021): eliminar la sección que cataloga la producción de carne como actividad intensa en emisión de gases de invernadero y que no se sugiera cambiar las dietas de proteínas animales a vegetales.

El gobierno de Alberto Fernández, a pesar de expresar preocupación y compromiso verbal con las acciones necesarias para combatir el cambio climático, tiene como prioridad las elecciones de 2021 y encontrar paliativos inmediatos para la altísima tasa de inflación en el país (37% acumulada en 2021 solamente). Es por eso que el cambio climático está en la posición 11/16 de las políticas principales de Estado de Argentina.

La solicitud del Gobierno de Argentina ante la COP26 de modificar el informe de la ONU oculta el problema en vez de solucionarlo. El gobierno de Fernández o el que le siga necesitará de algún incentivo tangible para la ciudadanía para lograr priorizar la agenda climática y enfrentarse a los poderes económicos locales.

La segunda principal complejidad que se evidenciará en la COP26 es el imperio del realismo en las relaciones internacionales y el acumulado fracaso de los valores liberales.

El gobierno mexicano de Manuel López Obrador no solo no presentó un compromiso renovado en reducción de emisiones de gases de invernadero de cara a la COP26, sino que sus reformas en materia energética prometen lo contrario: un aumento de emisiones. Las reformas constitucionales que están siendo debatidas en el legislativo mexicano buscan desprivatizar la energía, centralizar el control de la matriz energética del país, y aumentar el uso de hidrocarburos en la producción energética. Incluso parte de los efectos de las reformas presentadas por Manuel López Obrador es que las energías renovables aumentarán su costo en relación el carbón, gas y otros combustibles fósiles.

La crisis migratoria en Centroamérica, en gran parte producto de los desastres naturales cada vez más recurrentes en la región, es el rehén de los gobiernos de países en tránsito. Guatemala, El Salvador y Honduras tampoco presentaron nuevos compromisos climáticos, compromisos que deben ser renovados cada cinco años según lo pactado en el Acuerdo de París en 2019. Los gobiernos de México y el Triángulo Norte han sugerido entre líneas que su compromiso está a la venta, y de no recibir asistencia económica suficiente permitirán el flujo de migrantes hacia Norteamérica.

El 19 de octubre el presidente colombiano Iván Duque y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro acordaron presentar un frente unido ante la COP26. El rehén de estos dos gobiernos es la Amazonía, pulmón del mundo que absorbe anualmente cerca de 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Ambos mandatarios exigieron que el mundo dedique recursos a la protección de la Amazonía a pesar de que sus propios gobiernos son cómplices de la deforestación del escudo natural.

Ninguna de las cuatro economías más grandes de la región está dispuesta a –o es capaz de– asumir el costo de la transición a una economía sostenible apegada a los compromisos de París ni los que se esperan en Glasgow. La región requiere de financiamiento de trillones de dólares para mantener la estabilidad política de la región y cumplir con los compromisos en materia climática.

Los pueblos de América Latina deben de prestar suma atención a los acuerdos que se pacten en la COP26. El impacto del calentamiento global y el cambio climático en la región será devastador. Es urgente que nuestros gobiernos logren compromisos de financiamientos importantes y concretos para garantizar la viabilidad de nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, la mayor complejidad que enfrenta la región para lograr la sincronización y sinergia de esfuerzos internacionales y locales es el cáncer de la corrupción que invade todos los órganos de nuestros Estados.

Colombia, Brasil, México, Guatemala y El Salvador son 5 de los 10 países más corruptos del mundo. En Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de 2021. En Brasil, los expertos dan por sentado el regreso de Luis Ignacio “Lula” Da Silva al poder. Los presidentes de México y El Salvador gobernarán por los próximos tres años por lo menos, ambos con tendencias autoritarias claras. Otros países, como Panamá, están siendo carcomidos por la corrupción. El istmo panameño perdió 10 posiciones en 2020 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional.

Es imperativo que los actores no estatales, en especial los poderosos grupos de intereses (comerciales y gremiales), asuman un rol de responsabilidad y fiscalización para colocar a nuestros gobiernos entre los acuerdos internacionales y su permanencia u acceso al poder. Es de interés propio de los actores económicos que la transición a economías verdes sea eficiente para evitar la pérdida de millones en inversiones. Y es de interés de los gremios y asociaciones cívicas proteger la institucionalidad para asegurar la estabilidad política y, por ende, la seguridad ciudadana.

El COP26 será un complejo y peligroso quid pro quo entre los países ricos y los de medianos y bajos ingresos, entre el poder económico y el Estado, y los gremios y la población en general.