Tras un año de su condena por corrupción, Cristina Fernández aún tiene causas pendientes

A punto de perder sus fueros, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aún tiene varias causas pendientes con la Justicia del país, cuando se cumple un año de la primera condena que recibió por hechos de corrupción cometidos durante sus mandatos como presidenta (2007-2015).

El 6 de diciembre de 2022, la líder del peronismo kirchnerista fue sentenciada a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.

Posteriormente, esa sentencia fue apelada por su defensa, por lo que aún no es firme.

El próximo domingo pasará el testigo a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien, como ella, asumirá la cabecera del Senado, y con ese gesto dejará el primer plano de la política argentina en el que ha estado durante las últimas tres décadas: como diputada provincial, diputada nacional, senadora, primera dama, presidenta y vicepresidenta.

Esta política y abogada de 70 años, viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y auténtico referente del peronismo en las últimas décadas, quedará desaforada.

Desde que en 2016, tras culminar su segundo mandato, fue procesada por primera vez -en una causa por supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante su Presidencia-, multitud de imputaciones fueron emergiendo.

Ya fuera por presuntos negocios espurios con empresarios mediante Hotesur y Los Sauces, sociedades inmobiliarias de su propiedad, o por encabezar una enorme red de cobro de sobornos en la mediática “Causa de los cuadernos”. También por el uso de aviones oficiales para enviar periódicos a su residencia en el sur del país o por atesorar documentos históricos que, según un juez, deberían estar en manos del Estado.

“Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, llegó a decir en 2016, cuando se reabrió el expediente en el que se la acusaba de haber querido encubrir, mediante un pacto con Irán, a los sospechosos de ese país de cometer el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994, el peor ataque terrorista en la historia del país suramericano.

Aforada entonces por ser senadora, evitó entrar en prisión pese a las órdenes de detención contra ella.

Reiteradamente, Fernández ha negado las acusaciones y asegurado que responden al ‘lawfare’ (o guerra legal), una persecución judicial impulsada por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), junto a los medios de comunicación “hegemónicos”.

En mayo de 2019, con Macri -que siempre insistió en que no influyó en la Justicia- aún en el Gobierno, comenzó el hasta ahora único juicio celebrado en su contra y que concluyó un año atrás.

Uno de los episodios más marcados de ese juicio fue cuando el alegato de la Fiscalía, en agosto de 2022, llevó a miles de simpatizantes de Fernández a la puerta de su domicilio durante varios días. En una de esas vigilias, el 1 de septiembre, la vicepresidenta fue víctima de un atentado, del que salió ilesa.

Cuando hace un año, aquel 6 de diciembre, escuchó y comentó su condena, anunció en aquella alocución hecha desde su despacho del Senado que no sería “candidata a nada” en las elecciones de 2023. Poco después, dejó instalada en el imaginario colectivo -de sus seguidores, sobre todo- la idea de que estaba “proscripta” por sus adversarios, quienes no la querían en el tablero de juego.

Desde que en 2019 volvió al poder con Alberto Fernández como presidente, la Justicia tomó varias decisiones que han favorecido a exfuncionarios kirchneristas que habían sido acusados y/o encarcelados, y ella fue sobreseída en causas como las denominadas ‘Dólar Futuro’, ‘Memorando con Irán’ y ‘Hotesur-Los Sauces’.

No obstante, en los últimos meses de mandato, la vicepresidenta ha vivido varios reveses.

En septiembre pasado, dos de esas causas, el ‘Memorando con Irán’ y ‘Hotesur-Los Sauces’, se reabrieron después de que un tribunal de alzada fallara en contra del sobreseímiento.

Posteriormente, el 28 de noviembre, la Justicia también revocó el sobreseimiento en la causa de lavado de dinero, conocida como ‘Ruta del dinero K’, momento que aprovechó la exmandataria para volver a cuestionar la “independencia del Poder Judicial”, pues ese mismo día se habían dado situaciones favorables en dos casos que involucraban a Macri.

El próximo domingo quedará sin fueros, por lo que, de ser encontrada culpable en alguno de los juicios, podría ir a prisión. No obstante, los 70 años que cumplió en febrero de este año le permitirían solicitar reclusión domiciliaria.