Brunei autoriza muerte por lapidación contra miembros de comunidad LGBTI

La ejecución mediante la lapidación o la mutilación de extremidades son castigos basados en la ley islámica o sharía que entraron ayer en vigor en el sultanato de Brunéi, entre campañas de boicot y la condena de la comunidad internacional.

La reforma legislativa del Código penal supone consumar el giro conservador de esta nación del Sudeste Asiático gobernada con puño de hierro por el sultán Hassanal Bolkiah, quien ejerce de máximo representante del islam en el país.

El nuevo Código Penal incluye la lapidación por delitos homosexuales y adulterio;  la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló esta semana que la aplicación de estas leyes "supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi".

"El nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes", declaró hoy Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.

La oficina del primer ministro, puesto ocupado por el sultán -a sus 72 años afamado por una vida opulenta y varios escándalos amorosos-, anunció el sábado la medida con un breve comunicado donde apunta que la sharía ayudará a mantener "la paz y el orden".

El sultanato, próspero gracias a sus ingentes reservas de petroleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014, con una primera batería de enmiendas para las condenas menos duras, en un plan de dos años por etapas que fue suspendido temporalmente por la campaña internacional de boicot contra el entramado de negocios bajo el patronazgo del país.

Matthew Woolfe, fundador de la organización The Brunei Project, señaló a Efe que los cambios en el ordenamiento penal crean miedo y ansiedad entre los habitantes, muchos de los cuales no se atreven a hablar o lo hacen bajo condición de anonimato.

Entre ellos un bruneano, quien se encuentra en proceso de solicitar asilo en Canadá y abandonó el país por miedo al futuro que les esperaba siendo transgénero.

El actor estadounidense George Clooney renovó, en una columna publicada por el medio Deadline, el boicot contra los hoteles de Brunéi, entre ellos el Beverly Hills en Los Ángeles, Plaza Athenee en París o Eden en Roma, una medida a la que se han sumado otros famosos, políticos y colectivos en favor de los derechos humanos.

"Cada vez que nos alojamos, reunimos o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles, estamos dando dinero a los que eligen lapidar o pegar latigazos hasta la muerte de sus propios ciudadanos por ser gais o acusados de adulterio", escribió Clooney.

Aunque el actual Código Penal ya contempla la pena de muerte, Brunéi no ha realizado ninguna ejecución desde 1957.

La nueva legislación se aplicará principalmente a los ciudadanos que profesen la fe musulmana, quienes representan el 70 por ciento de la población del sultanato (unos 300.000 bruneanos), aunque en algunos casos también se utilizará con extranjeros o fieles de otras creencias, en su mayoría budistas y cristianos.

"Obviamente, la apostasía, que conlleva pena de muerte, solo se aplica a musulmanes. Entre los castigos más crueles, el adulterio y la sodomía entre dos hombres -penada con la lapidación- se aplicará si una o ambas de las personas son musulmanas. En caso de no ser creyente en el islam, no se aplicará", apunta a Efe Woolfe.

Los no musulmanes ya tenían prohibido desde 2014 utilizar 19 palabras islámicas, incluido "Alá", y son sancionadas la impresión, divulgación, difusión y la distribución de las publicaciones contrarias a la enseñanza islámica.

La homosexualidad ya era ilegal en el sultanato, mientras el delito por vestir ropa clasificada como indecentes acarrea una pena de hasta 6 meses de cárcel, y el consumo del alcohol en lugares públicos se castiga con hasta los dos años de prisión.

Brunéi cuenta con un sistema jurídico doble que combina los tribunales civiles, basados en las leyes británicas -el sultanato fue protectorado británico hasta 1984-, y las islámicas.