La violencia contra la mujer, la niñez y adolescencia no cesa en Venezuela

La cruda realidad social de Venezuela lleva a que mujeres, niños, niñas y adolescentes queden expuestos a una serie de violencias o maltratos, que han padecido por muchos años y no ha cesado.

La coordinadora Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia, Gloria Perdomo, reveló que han apreciado una extensión muy particular sobre las formas de violencia intrafamiliar: maltratos, tratos crueles y lesiones personales. 

Una de las principales características que se evidenciaron fueron las lesiones personales, una realidad que vienen observando en los últimos años y que tiene como victimas a niños y adolescentes jóvenes de 12 a 17 años, este último es la población con mayor nivel de porcentajes de victimización, cada año. En la mayoría de los casos, los principales responsables son familiares.

“En cada uno de los meses del 2021 se presenciaron formas crueles de maltrato, que tienen razón, por ejemplo, que el menor pida comida o que diga que tiene hambre o se comió el último alimento que estaba en la nevera y que iba a ser compartido”, informó Perdomo, durante la presentación del Informe Anual de Violencia 2021.

El documento también registró 20 homicidios de niños de menos de un año cuyo principal perpetrador fue un familiar. También describe que en la violencia sexual o violaciones las principales víctimas son adolescentes de 12 a 17 años.

Perdomo, quien también es doctora en ciencias sociales, manifestó que las lesiones personales es una realidad muy difícil de observar en los temas de violencia de género, porque tiene la cualidad de ser un maltrato que permanece oculta y se esconde detrás de las paredes de las casas por razones culturales.

El Informe Anual de Violencia 2021 muestra que de enero a septiembre de 2021 se identificó 284 femicidios, que fueron perpetrados por parejas o familiares de las fallecidas.

Para la doctora en ciencia sociales, la violencia de género y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes amerita que el gobierno les dé un reconocimiento, una observación especial, e impulsos de programas y servicios que estén atentos a estos acontecimientos.

Indicó que el informe es un subregistro y un dato que obligaría al Estado a tener y contar con medidas y recursos para que las víctimas puedan hacer las denuncias, así como contar con un servicio público o periódico que informe la ocurrencia de estos casos de violencia y violaciones contra la niñez y adolescencia. “El no contar con estas cifras y mecanismo de monitoreo hace mucho más vulnerable a esta población”, dijo.

Perdomo subrayó que la data del 2020 y 2021 coinciden con las advertencias que han expresado los investigadores sobre cómo el confinamiento y las dificultades a la movilidad y la no participación de actividades escolares hacen más vulnerable a esta población.

Mencionó que los datos muestran las realidades que ciertamente estaban ocurriendo por la ausencia de programas y servicios institucionales, que es prácticamente la obligación del estado: prevenir la ocurrencia de los hechos de violencia, muertes y daños.

La coordinadora Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia expresó que el estado venezolano está obligado, no solo por lo que dicen los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Ley, sino en el punto de vista institucional, organizativo y de salud pública, de garantizar que existan mecanismo o sistemas de protección y prevención de la ocurrencia de estos hechos de violencia.

Según Perdomo, una actuación importante y fundamental es la persecución del delito y el castigo a los culpables, pero otra acción relevante es la exigencia del estado venezolano de la activación del sistema de protección, que está vigente en la ley nacional.

“El estado la ha dejado de cumplir, no hay inversión pública ni en programas y servicios de atención a las víctimas, investigación de los daños y menos aún de prevención que estos ocurra, pareciera que ni siquiera importa tener la cifra de la ocurrencia de estos hechos a lo largos de los años, esto es una grave deuda del estado venezolano y sobre esto la denuncia y el reclamo de la ciudadanía debe mantenerse vigente”, denunció la doctora en ciencia sociales. 

La violencia que azota a Venezuela no es un tema coyuntural, sino una emergencia humanitaria, que se instaló en el país como resultados de determinadas políticas y decisiones públicas, de las cuales han resultado en el empobrecimiento acelerado de la población, privaciones extendidas y permanente de los bienes y servicios más básicos, que se ha padecido por muchos años y no ha cesado, explicó la coordinadora Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia.

Durante la presentación del informe anual de Violencia 2021, Perdomo comentó que la inseguridad vital que vive la población venezolana no es solo por el miedo o temor de ser victimizado por la violencia o la actuación arbitraria del estado, sino que es una inseguridad asociada a temas tan fundamentales como, poder acceder a alimentos, tener ingresos que les permitan comprar medicinas, bienes y servicios.

Estas mismas vulneraciones, según la coordinadora Nacional del Observatorio Venezolano de Violencia, llevó a una emigración de más de 6 millones de venezolanos que salieron del país de manera forzada y no decidida, y que se arriesgaron hacerlo en condiciones de penurias y en una estrategia de sobrevivencia de los hogares.