Uruguay se sumará a una denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional

Uruguay se sumará a una denuncia que existe contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, anunció este jueves en una rueda de prensa el canciller de ese país, Omar Paganini.

“En ese sentido, nos estamos sumando la semana que viene en La Haya (Países Bajos), presentándonos para que Uruguay denuncie lo que ha sucedido en la misma causa, pero después que se presentó inicialmente”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, Paganini habló sobre la orden de arresto contra el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y señaló que es “muy grave”.

“Los cargos son inverosímiles, algunos son directamente ridículos. Por ejemplo, el hecho de que la oposición haya publicado copias de las actas lo ven como una usurpación del Consejo Electoral sin ningún sustento”, afirmó el ministro uruguayo.

En ese sentido, hizo hincapié en la gravedad de que se persiga a los principales líderes de la oposición y afirmó: “la dictadura venezolana a cada paso que da se endurece”.

“La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado y eso es muy importante. Al final, el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para alguna salida. Ojalá lo escuchen y lo entiendan”, concluyó.

Días atrás, Uruguay rechazó la orden de arresto contra González Urrutia junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

“Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”, indica un comunicado emitido por los nueve países el 3 de septiembre.

La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprensión” en contra González Urrutia por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.