Comisionado DDHH se une a llamado al diálogo para resolver crisis en Honduras

El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, se unió hoy al llamado al diálogo para resolver la crisis postelectoral en el país, y afirmó que las 31 muertes registradas durante esos hechos están en la impunidad.

En una rueda de prensa, Herrera instó a los políticos a utilizar el diálogo como una herramienta "viable" para evitar la violencia durante las protestas, algunas violentas y con vandalismo, por un supuesto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.

"Lo importante es buscarle una solución pronta a esta situación porque en la medida en que los hondureños somos capaces de encontrar soluciones a crisis como estas a través del diálogo esos nos fortalece hacia el futuro", subrayó Herrera al presentar el tercer informe sobre la crisis.

El defensor del pueblo hondureño resaltó la importancia de resolver la crisis por "la vía de la solución pacífica y demostrando que los valores democráticos todavía existen".

Enfatizó que el diálogo debe ser "fraternal y solidario" y conducir a "notorios resultados progresivos" en materia de "cohesión y justicia social", y la eliminación de las causas que mantienen a los hondureños sumidos en la pobreza y el desempleo.

Herrera indicó que la crisis debe resolverse "con la prontitud necesaria", pues "hay mucho daño a las personas y los bienes, al desarrollo y sobretodo a los sectores más pobres de este país".

Urgió, además, a los líderes políticos a que cumplan con "su inexcusable responsabilidad cívica de aportar su máxima contribución para salir prontamente de la inestabilidad política y la conflictividad social".

También les pidió reformas electorales que garanticen "elecciones en condiciones de igualdad, apertura, libertad, justicia, transparencia, seguridad humana y desarrollo sostenible".

El país centroamericano vive una crisis postelectoral derivada del rechazo del excandidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, a la declaración de Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras, alegando que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hizo "fraude", y que él es el ganador de las elecciones.

La crisis ha dejado 31 muertos, entre manifestantes y elementos de cuerpos del orden, y millonarias pérdidas económicas por saqueos, incendios, paralización del comercio y daños a obras públicas y privadas, entre otros.

El Comisionado de Derechos Humanos indicó que esas muertes violentas están en la impunidad, pues el Ministerio Público no ha presentado requerimiento fiscal contra los responsables.

Exhortó al Ministerio Público a impulsar una investigación técnico-científica en cada caso relacionado con fallecimientos, lesionados y otros hechos derivados de los acontecimientos registrados después de las elecciones para "documentar la verdad" y "presentar los requerimientos fiscales" contra los "supuestos autores materiales e intelectuales de los actos de violencia".

Señaló que el organismo hondureño ha recibido 182 quejas durante la crisis postelectoral, periodo en el que los derechos a la vida, la libertad de expresión y al debido proceso han sido los "más vulnerados".

También ha realizado 93 inspecciones a distintos centros médicos para constatar las condiciones de salud de los lesionados durante las protestas, y ha visitado diferentes juzgados del país, donde el Ministerio Público ha presentado cerca de una treintena de requerimientos fiscales.

Ante la continuidad de las protestas, el defensor del pueblo anunció que coordina junto a otros organismos nacionales e internacionales "medidas de prevención y protección de los derechos humanos".