Tensiones democráticas: clientelismo y ciudadanía en América Latina

La democracia es un sistema de gobierno que se encuentra aún en su etapa de construcción y revisión. Esto es fundamental al hacernos la pregunta de ¿Qué es la democracia y qué más podría ser?

Para abordar debidamente este análisis debemos establecer que la democracia existe en dos dimensiones paralelas, la primera son las llamadas realidades democráticas, donde debemos analizar el sistema tal cual opera hoy, sus bondades, debilidades y carencias, pero existe también una segunda dimensión de análisis según la cual debemos establecer las transformaciones necesarias para una democracia ideal, o al menos una democracia posible.

Para reafirmar la idea de que la democracia es un sistema de gobierno en construcción, debemos recordar que al inicio del siglo XX tan solo veinticinco países que representaban el 10% de la población mundial eran gobernados mediante sistemas democráticos y la mayoría de esos países la practicaba de forma restringida.

Hoy en día de los 192 Estados reconocidos internacionalmente, al menos 120 pueden ser considerados democráticos, lo cual corresponde al 62% de la población mundial. (García Jurado, 2003).

La teoría de la democracia en olas de Samuel Huntington establece que la consolidación del sistema democrático llegó a nuestros países por medio de oleajes, en específico se refiere a tres olas de carácter histórico (Huntington, 1991), la primera inició en 1828 con la primera elección presidencial de los Estados Unidos que amplió el derecho al sufragio a una gran mayoría de ciudadanos; esa ola democratizadora abarcó también a Gran Bretaña, Francia, Suiza, etc.

Una segunda ola democratizadora inició justo luego de la segunda guerra mundial, países como Italia, Japón, Alemania occidental, Perú, Brasil, Costa Rica, Uruguay, etc., mientras que la tercera ola arrancó en 1974 con la revolución de los claveles en Portugal y culmina con la caída del muro de Berlín en 1989, justo durante ese histórico mes de diciembre de 1989, la ola democratizadora alcanzó a Panamá y se consolidó con las elecciones de 1994.

Durante la década de los años setenta y ochenta, la lucha por la democracia en Latinoamérica era mucho más sencilla de idealizar.

La idea era simple: Elecciones libres, el sufragio universal como única forma de escoger a los gobernantes, lo cual incluía una institucionalidad democrática que garantizara la libre alternancia del poder, es decir, prevalecía una visión minimalista de la democracia incluso en las aspiraciones ciudadanas.

Esta visión minimalista era necesaria como un primer paso para sustituir las dictaduras que prevalecían en América latina durante las décadas del setenta y ochenta.

Hoy la lucha por la democracia en nuestro continente es mucho más compleja debido al enorme desencanto que tenemos con respecto a la democracia representativa.

Panamá es uno de los cinco países latinoamericanos cuyo sistema democrático ha dado muestras de durabilidad desde su establecimiento en 1994 cuando fuimos reconocidos por la ONG “Freedom House” con la categoría de “Estado libre” (Guevara Mann, 2020), debido a las elecciones libres celebradas en nuestro país en dicho año y la llegada al poder de uno de los partidos que en ese momento era de oposición al gobierno de Endara Galimani.

Debido a esta durabilidad del sistema democrático, el foco de atención ha mutado también, si lo importante antes era la consolidación de la democracia y la alternancia del poder político, hoy el interés ciudadano y académico está fijado mayormente en la calidad y la profundización de esa Democracia. (Levine y Molina, 2007).

Durante los primeros veintidós años de vida democrática los panameños no hemos priorizado la necesidad de un amplio debate acerca del tipo de democracia que necesitamos para organizar el poder político bajo los más altos valores éticos.

Son varias las demandas ciudadanas, pero posiblemente la crisis y su foco se encuentran en la llamada democracia representativa, o en la representación democrática. Los panameños, por razones obvias no se sienten bien representados y el actual sistema electoral no permite que se escojan a los mejores candidatos para los cargos de elección pública.

El clientelismo ha mutado en América Latina, donde la utilización de programas sociales, subsidios y programas de desarrollo como herramientas para ganar lealtades electorales es común, esto perpetúa la relación Estado - Cliente, que prevalece, y nos impide formar un tipo de ciudadano que pueda servir de contrapeso a los apetitos de poder y a las estrategias políticas de perpetuación en el poder a cambio de favores, que no arreglan los problemas, los profundizan.

Superar el clientelismo de mercado en América Latina requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias.

En ese sentido, el profesor Guillermo Cochez comentando sobre las raíces del clientelismo en el istmo, cita a Patricia Pizzurno, que en su libro: El miedo a la modernidad en Panamá (1904-1930), expone la siguiente declaración sobre la génesis histórica del clientelismo y la crisis de representatividad en Panamá: “Los grupos hegemónicos necesitaban controlar el poder político mediante la construcción de votantes dóciles, manipulables y baratos”. Por eso compraban votos y repartían licor a tutiplén. ¿Seguirá lo mismo hoy? Por eso no apoyaban el desarrollo de la educación, ya que entre menos educada la población, más fácilmente la controlarían. Prueba de ello es que en 1935 fuimos uno de los países más demorados en tener una universidad pública. Solo basta ver cómo ese flagelo de la mala educación, sobre todo para los que menos tienen, se ha extendido en forma incontrolable.

El Estado clientelar que tenemos hoy descansa sobre la base de un ciudadano cliente, cuyas limitantes económicas y sociales no le permiten jugar un rol distinto dentro de la red de relaciones sociales.

Sin embargo, de TH Marshall y su libro: Ciudadanía y clase social, desprendemos la tesis de que la ciudadanía es un concepto en permanente evolución. El tipo de ciudadanía y su alcance, sus ideas, sus demandas sociales, y, sobre todo, sus derechos, están en un proceso de evolución permanente que nos permitirán transitar (en teoría), desde el ciudadano cliente, que tenemos hoy hacia un concepto de ciudadano participativo, consciente de sus derechos y de la importancia de la participación más allá del voto, para entonces alcanzar el estatus de ciudadano soberano, que nuestra carta magna proclama en su artículo segundo.

¿Existen las condiciones para que el Estado panameño desde el sistema educativo defina la ruta para formar ciudadanos del nuevo milenio, comprometidos con los valores de la democracia participativa?

¿Podemos esperar que en este periodo presidencial que inicia en julio de 2024 surja un gobierno con la convicción de crear nuevos mecanismos de participación ciudadana que contrasten con el actual Estado - clientelar patrimonialista?

¿Se encuentra nuestro país en las condiciones sociales para iniciar el largo proceso de convertir nuestra actual democracia representativa - clientelar, en una democracia moderna y participativa que genere confianza?

¿Cuándo se plantea la reforma al sistema educativo, comprendemos la responsabilidad que tiene el Estado en la formación de ciudadanos conscientes y competentes para jugar un rol protagónico en el nuevo milenio y sus incipientes realidades?

Los panameños del nuevo milenio tenemos el reto de construir un modelo de gobierno verdaderamente democrático, eficiente y responsable.

Un gobierno en el cual los ciudadanos puedan confiar y colaborar de manera significativa en la toma de decisiones sobre los problemas comunes.

Hemos nacido dentro de un tiempo histórico donde uno de los principales desafíos colectivos que tenemos es construir un modelo de gobierno que sea capaz de crear las condiciones para el desarrollo integral de los ciudadanos por medio de un nuevo tipo relación entre Estado y ciudadanía, una relación donde estos últimos puedan ejercer el rol de soberanos, que hoy ostentan los partidos políticos.