¿Qué está pasando en Honduras? Presunta corrupción o un intento de golpe de Estado

Desde hace varios días los hondureños están a la expectativa ante el devenir de los acontecimientos que en afectan la estabilidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El último capítulo de esta historia se supo este pasado martes 3 de septiembre cuando la oenegé estadounidense InSight Crime reveló un video en el que el cuñado de Castro, Carlos Zelaya, se reunió con algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras en San Pedro Sula.

En el encuentro –que tuvo lugar durante la campaña presidencial de Castro en el 2013— los narcotraficantes Devis Leonel Madariaga, Ramón Matta, Carlos Lobo y Héctor Fernández prometen la suma de más de medio millón de dólares para ayudar al Partido Libertad y Refundación (Libre), que en ese momento perdió las elecciones frente a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, y quien está cumpliendo una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Ante la difusión por parte de InSight Crime del video en cuestión, Zelaya admitió en una escueta rueda de prensa que efectivamente asistió a dicho cónclave que, según este miembro de la familia de Castro, fue en el marco de un viaje en el que fue invitado por un grupo de empresarios.

Zelaya –quien además negó haber recibido algún tipo de dinero producto del narcotráfico– renunció a su cargo como secretario del Congreso Nacional de Honduras tras el escándalo.

De acuerdo con InSight Crime, el video fue grabado mediante una cámara espía del reloj de uno de los narcotraficantes.

En el video de 34 minutos de duración, los integrantes de la reunión hacen un recorderis de presuntas contribuciones pagadas anteriormente al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien además de ser esposo de Castro y hermano de Carlos Zelaya funge como coordinador general del partido Libre. Cabe destacar que en la actualidad Manuel Zelaya es el principal asesor presidencial de su esposa Xiomara.

Además de coordinar cuanto dinero se le tenía que otorgar finalmente a Manuel Zelaya, Carlos Zelaya también negocia en el video el alquiler de hasta 10 vehículos para que fuesen utilizados durante la campaña electoral del 2013.

Carlos Zelaya no se encontraba solo en esa reunión con los cuatro narcotraficantes. Según el diario La Prensa de Honduras, también estaban con él el excandidato a diputado suplente de Manuel Zelaya, Carlos Muñoz, y el alcalde del municipio de Tocoa, del departamento hondureño de Colón, Adán Fúñez.

InSight Crime señaló que el origen del video se remonta a una investigación en 2013 de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. El video, que hasta ahora vio la luz, fue entregado en ese momento por los exlíderes del cártel Los Cachiros Devis Leonel y Javier Rivera Madariaga tras lograr un acuerdo con la agencia estadounidense.

La respuesta de la presidenta de Honduras ante las acusaciones llegó incluso antes de la misma difusión del video por InSight Crime cuando Castro decidió el pasado 28 de agosto dar por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1909. El mismo que facilitó la entrega y juzgamiento a su predecesor en la silla presidencial.

La acción de Castro se dio después de unas declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión reciente de las autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino.

No obstante, el codirector de InSight Crime Steven Dudley dijo en una entrevista al noticiero hondureño Hoy Mismo que esta reacción adelantada se debería supuestamente a que personas cercanas a la presidencia del país advirtieron de la publicación inminente del video al gobierno de Castro, días antes de su difusión.

Una teoría, que según Dudley, explicaría por qué la presidenta decidió cortar el tratado de extradición y hacer públicas las renuncias tanto de Carlos Zelaya como del hijo de éste, José Manuel Zelaya como ministro de Defensa el pasado 31 de agosto.

Durante una cadena nacional, la presidenta hondureña denunció el pasado martes 3 de septiembre la existencia de un plan para ‘destruir’ a su gobierno y ‘asestar un nuevo golpe de Estado’, evocando de esta forma los recuerdos del golpe militar contra su esposo Manuel Zelaya en 2009.

“El plan para destruir mi Gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral, está en marcha, las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe repeler”, denunció Castro, citada por la agencia EFE.

En tanto, Castro agregó que su plan de acción contra el narcotráfico demuestra su ‘compromiso político’ a favor de la extradición. Sin embargo, aseguró que no permitirá lo que denomina como una ‘instrumentalización selectiva’ del tratado vigente de extradición con Estados Unidos para que, según la mandataria, se desarticule al Ejército hondureño, se derroque su gobierno y se destruyan las elecciones pautadas para el 2025.

Al tiempo de señalar que ‘la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo’ y recordar ‘las amenazas’ de Dogu al acusar tanto a José Manuel Zelaya como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, Castro reveló una lista de políticos opositores que están siendo investigados en Estados Unidos por narcotráfico y ordenó a la Fiscalía ejercer ‘drásticas acciones’ en lo que se refiere a los involucrados.

Así mismo, ordenó a su recién nombrada ministra de Defensa, Rixi Moncada, para que dote al Ejército de las herramientas y tecnología necesarias para evitar que Honduras siga siendo utilizada como puente del tráfico de drogas.

La titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, exigió por su parte, la renuncia de Castro a la presidencia de Honduras tras las acusaciones, aduciendo que su permanencia en el cargo socava la credibilidad del Estado de derecho y perturba la paz y la seguridad de la población.

“Desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados, como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones, no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes administran la justicia actualmente”, dijo Castellanos en una carta, según EFE.