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- 14/08/2018 22:51
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El exministro de Comunicaciones de Guatemala Alejandro Sinibaldi, prófugo de la Justicia y supuesto líder de una red de corrupción, utilizó empresas "offshore" para cobrar sobornos a contratistas del Estado.
Así se detalla en la segunda fase de la investigación del caso "Construcción y Corrupción", revelada hoy por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el marco de una serie de allanamientos y siete detenciones.
La red de corrupción, como ya se había dicho, realiza el cobro de sobornos a los contratistas del Estado en concepto de proyectos en vigencia o de "cancelación de deuda" a cambio de adjudicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En la primera fase de la investigación, las autoridades habían identificado dos modalidades de pago: en efectivo y vía empresas de cartón (fantasmas), justificando los ingresos de dinero mediante facturación de servicios que nunca fueron prestados.
Pero ahora agregan otras formas de pago: en el extranjero vía entidades "offshore" con simulación de contratos de asesorías o préstamos, por sobornos destinados a financiación electoral ilícita o por adquisición de bienes.
Los pagos por sociedades en el extranjero, dice la investigación preliminar, permitieron identificar a empresas constructoras de obra pública que pagaron comisiones ilícitas a Sinibaldi por la adjudicación y pago de obra ejecutada en el Ministerio.
Estos depósitos se realizaron por medio de las offshore "Water Resources Development", asociada a la empresa 'Solel Boneh' y "SBI International Holdings" y 'Valores Dinámicos', relacionada a la empresa "SIGMA Constructores" y/o "HW Contractors".
"Las transacciones se justificaron con la simulación de contratos de asesoría y de préstamos con las entidades Calatraba OIL & Energy Corporation, representada por Delfo Cepollina, y Lenneberg Investment Corporation, representada por Juan Arturo Jegerlehner, utilizadas por Alejandro Sinibaldi Aparicio para la recepción de las coimas en cuentas bancarias en Panamá", agrega la investigación.
La entidad 'Solel Boneh' y 'SBI International Holdings', por medio de sus "offshore", realizó transacciones de pagos de 6,1 millones de dólares a otras sociedades de esta índole simulando acuerdos de asesoría en los años 2009 (cuando Sinibaldi era diputado para la adjudicación de la obra Franja Transversal del Norte), 2013 y 2014.
En el caso de la empresa "SIGMA Constructores" o "HW Contractors" los pagos se realizaron por medio de la "offshore" 'Valores Dinámicos' simulando contratos de asesoría y préstamos, y pagó en "concepto de sobornos" al menos 1,1 millones de dólares a otra empresa vinculada a Sinibaldi pero a nombre de un testaferro.
Otra entidad vinculada es la constructora brasileña OAS, pues un trabajador de la misma declaró a las autoridades judiciales de Brasil, en el marco del caso Lava Jato, que había pagado 1,5 millones de dólares a la empresa panameña "Guerrero Law & Investment Corp", cuyo representante es Efraín Quevedo Montenegro, empleado del grupo de empresas de Sinibaldi.
Rodrigo Sampaio Mattos, empresario de Constructora OAS en Guatemala, acordó con Alejandro Sinibaldi el pago para la adjudicación de la Carretera CA-2 Oriente, pero esta obra fue adjudicada finalmente a "Sigma".
Otro de los métodos de pago era la financiación electoral ilícita y en este sentido la investigación detectó que durante el año 2011 empresas del sector de la construcción realizaron pagos a entidades vinculadas al exministro para aportar a la campaña del Partido Patriota, que finalmente se haría con la Presidencia en 2012.
Esas entidades, muchas de las cuales recibieron contratos del Estado posteriormente, aportaron casi 3,4 millones de quetzales (unos 455.000 dólares).
Derivado de esta investigación, también establecieron que la entidad Compañía General de Urbanizaciones, S.A., vinculada con Víctor Valentín Giordani Estévez, pagó una campaña de publicidad del expresidente y exalcalde de la capital Álvaro Arzú en 2011, fallecido recientemente.
La última modalidad de pago fueron los bienes, para lo que Sinibaldi utilizó para adquirirlos a su hermano Álvaro Alfonso, prófugo de la Justicia por este mismo caso, en el que este martes arrestaron a siete personas, seis están en busca y captura y nueve más fueron llamadas a declarar.