Panamá y otros tres países llaman a respetar el triunfo de Arévalo en Guatemala

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), el mecanismo de integración regional que conforman Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, manifestó su preocupación por las "intervenciones reiteradas" de la Fiscalía de Guatemala, que van "en detrimento directo de la independencia de poderes y de la clara voluntad expresada en las urnas".

En un comunicado conjunto, los cuatro países afirmaron que "el allanamiento y decomiso de actas electorales representa un nuevo intento injustificado de cuestionamiento y deslegitimación al proceso democrático electoral llevado a cabo los días 25 de junio y 20 de agosto de 2023".

"Es esencial que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas y se garantice una transición pacífica que culmine con la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo", expresó la ADD.

Esta alianza recordó que las principales misiones de observación electoral que realizaron un seguimiento al proceso electoral de Guatemala determinaron que los comicios "fueron íntegros, libres y justos".

Entre los organismos que así lo señalaron están la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el propio Tribunal Electoral de Guatemala.

"La ADD hace un llamado a las autoridades de la República de Guatemala para que cesen las acciones que atentan contra la separación de poderes, el Estado de Derecho, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad de los comicios", concluyó el comunicado de los gobiernos de los cuatro países.

Este comunicado se emitió después de que el Ministerio Público allanara por cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral y decomisara cajas con votos, pese al rechazo de organizaciones locales e internacionales que los acusan de violar la ley.

De igual forma, el pasado 1 de septiembre, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, señaló la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche y al juez penal Fredy Orellana de llevar a cabo "un golpe de Estado" en su contra para evitar su investidura como mandatario en enero próximo.