La ONU pide investigar vulneración de derechos durante el paro en Bolivia

La misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) llamó este martes a "asegurar el respeto y goce de los derechos humanos" e investigar las vulneraciones en el conflicto por el censo en Santa Cruz, la mayor región del país, que lleva un paro de 25 días.

El organismo menciona aspectos como el "derecho a la reunión y protesta pacífica", las muertes y agresiones, las garantías que debe brindar el Estado así como los hechos de "racismo y discriminación", entre otros, que se han manifestado en las jornadas de huelga.

La misión de la Oacnudh remarcó en un comunicado que, en el caso del ejercicio de la protesta, "este derecho no puede limitar a los derechos de otras personas" y recomendó que "la denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente".

En ese sentido, mencionó el bloqueo al ingreso a una entidad de derechos humanos por parte de víctimas de violencia machista que se acercaron a esa sede a denunciar sus casos.

OTRAS AGRESIONES Y VULNERACIONES

"La violencia, de cualquier naturaleza y de cualquier actor, no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y protesta", apunta la Oacnudh.

Durante el paro, se supo de casos en los que obligaban a negocios y transeúntes a acatar la medida de presión bajo el argumento de que no hacerlo era estar del lado del Gobierno.

También se produjo excesos cuando grupos sociales afines al Gobierno aplicaron un "cerco" a Santa Cruz, a modo de protesta contra el paro, que consistió en obstruir la circulación en las carreteras, zonas industriales y refinerías, lo que generó escasez de alimentos y combustibles y enfrentamientos entre ambos bandos.

La Oacnudh calificó de "inaceptables" y que "no pueden repetirse" los casos de daños a la integridad física, los ataques a las instituciones y sedes de organizaciones sociales además de las cuatro muertes relacionadas a distintas circunstancias del paro.

Asimismo, pidió una investigación "efectiva y con prontitud" de una violación colectiva a una mujer en la que los agresores eran parte de "un grupo de manifestantes".

También exigió la acción de "todos los organismos del Estado" para "respetar y proteger los derechos humanos e "investigar toda la alegación de violación de derechos que se han producido a lo largo del conflicto por el censo.

Oacnudh hizo hincapié en el caso de "racismo y discriminación" a un grupo de mujeres indígenas ayoreas hace dos semanas que se pronunciaron en contra del paro indefinido a las que se agredió, golpeó y amenazó con quemar sus casas.

Y mencionó las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación haciendo énfasis en la responsabilidad de "promoción y protección" de los derechos humanos que debe ejecutar la Defensoría del Pueblo.

Santa Cruz encabeza las protestas para que el censo se realice en 2023 y que "los datos totales" se apliquen en 2024, un año antes de los comicios presidenciales.

El censo poblacional estaba previsto para este año, pero el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de despolitizar el proceso.

Luego del trabajo de una mesa técnica entre el Gobierno y representantes de los nueve departamentos, de la que luego se retiró Santa Cruz y tres municipios más, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció el pasado viernes después de la medianoche que la encuesta censal se realizará el 23 de marzo de 2024.

El pasado domingo los líderes cívicos de Santa Cruz determinaron en un masivo cabildo dar 72 horas al Gobierno para que eleve el decreto del censo a una ley en la que también quede expresado que la distribución de recursos y de escaños parlamentarios se hará "con los resultados totales".

También se determinó la conformación de una comisión constitucional que "replantee la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano", cuestión que el oficialismo ha entendido como un planteo hacia un modo de Gobierno federal.