“No dejo de oír a la gente pidiendo auxilio, su hilo de voz perdiéndose en la oscuridad y la silueta de un hombre en el techo de su coche alumbrada por...
- 18/08/2018 19:06
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Grupos paramilitares y miembros de la Policía de Nicaragua realizaron hoy nuevos registros en viviendas sin orden judicial, denunciaron las familias afectadas, cuando se cumplen cuatro meses del estallido social que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
"Soy Santiago Fajardo, hermano de Cristhian Fajardo. En estos momentos están paramilitares en mi casa, desbaratándola", denunció en sus redes sociales uno de los afectados, habitante de la ciudad de Masaya (Pacífico).
Horas después de la denuncia, los vecinos del denunciante colgaron en internet vídeos en los que se observa a paramilitares salir de la vivienda y montarse a vehículos de la Policía Nacional.
Familiares de Fajardo informaron de que no había nadie en la casa cuando fue registrada por los grupos armados, y que se trató de un asalto porque no dejaron orden de cateo judicial.
La familia Fajardo, de Masaya, sufre persecución por haber apoyado a personas que han participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Cristhian Fajardo, uno de los líderes de los manifestantes autoconvocados, fue arrestado en julio pasado por el Ejército de Nicaragua y ahora enfrenta juicio por terrorismo y otros delitos, y antes de eso un grupo de paramilitares había incendiado un hotel de su propiedad, según denuncia pública.
Este mismo sábado, también en Masaya, la vivienda de la anciana Josefina García fue asaltada, supuestamente, porque daba refugio a jóvenes que protestan contra Ortega.
Masaya ha sido una de las ciudades más golpeadas por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares, y grupos de choque oficialistas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que consiste en la "criminalización de manifestantes", frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos, de los que el Gobierno reconoce 198, la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.