Lucha contra la corrupción se desmorona en Guatemala

Con un decreto gubernamental, el presidente Jimmy Morales decidió expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dejando en entredicho el futuro de la lucha anticorrupción en el país centroamericano.

Constituido por un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas (ONU) firmado en 2006, el organismo tiene como objetivo fortalecer el Estado de derecho y enfrentar las redes delincuenciales que se tejen en medio de la institucionalidad de uno los países más pobres y violentos de América Latina.

CORRUPCIÓN Y CRISIS

Programado para terminar su mandato en septiembre de este año, el abrupto cese de operaciones de la Cicig ha dejado en vilo el futuro de las investigaciones que se les siguen a exfuncionarios de alto nivel por numerosos delitos de corrupción, defraudación, malversación e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Siempre vista con recelo por la elite empresarial y política guatemalteca, fue desde 2015 cuando saltaron las alarmas para ellos, al estallar el caso conocido como ‘La Línea', un entramado de fraudes millonarios en las aduanas del país, dirigido por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) mientras estaba en el cargo.

El escándalo propició la caída de Pérez Molina, que renunció el 2 de septiembre de 2015, presionado por multitudinarias protestas ciudadanas que exigían su salida.

En ese contexto de rechazo e indignación contra la corrupción, fueron convocados comicios presidenciales de manera anticipada, saliendo Morales electo, para entonces un comediante de la televisión local. Con una campaña titulada ‘Ni corrupto ni ladrón' el actual jefe de Estado llegó al cargo, desde donde ha ido escalando una guerra contra la Cicig.

‘El Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala',

JIMMY MORALES

PRESIDENTE DE GUATEMALA

No obstante, fue a inicios de 2017 cuando Morales colocó al ente anticorrupción como su enemigo número uno, luego de que la Fiscalía junto con la Cicig, acusara al hijo del presidente, José Manuel Morales, y a su hermano, Sammy Morales, de formar parte de una trama de fraude y lavado de dinero.

La Cicig también mantiene diligencias sobre la posible financiación ilegal del partido del presidente, el Frente de Convergencia Nacional, situación que podría llevar a la cancelación del colectivo, una solicitud ya presentada al poder electoral por el Ministerio Público.

Con varios casos que apuntan al presidente, la Fiscalía y la Cicig llevaron ante el Congreso un antejuicio (desafuero) para levantar la inmunidad que le otorga el cargo a Morales, pero fue rechazado mayoritariamente por los legisladores, muchos de ellos también señalados en casos de corrupción e investigados por el ente de la ONU.

En agosto de 2017 Morales declaró ‘non grato' al jefe de la Cicig, Iván Velázquez, con el objetivo de expulsarlo; una medida que fue bloqueada por la Corte de Constitucionalidad (CC) del país. Poco más de una semana después, el presidente anunció la no renovación del organismo luego de que se cumpliera su plazo de funcionamiento este año.

Más adelante, el Gobierno impidió el retorno de funcionarios de la Cicig, fuera del país tras recibir amenazas. Finalmente, este lunes Morales decidió no esperar a que acabara el mandato, exigiendo la expulsión inmediata del organismo, argumentando que este había ‘violado' la carta magna.

Frente a esto, nuevamente la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión de echar a la Cicig, lo que ha desatado una lucha de poderes desde del Órgano Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia al proponer al Congreso el procesamiento de los magistrados de la CC, incómodos para Morales.

La decisión del mandatario coincide con la celebración de elecciones presidenciales en junio de este año, y aunque Morales no puede aspirar a la reelección, al dejar el cargo perdería su inmunidad, dejando abiertas las puertas para ser investigado por la Justicia.

De acuerdo con el calendario del Tribunal Supremo Electoral, el próximo 18 de enero se convocarán los comicios en medio de una incertidumbre política y dudas sobre del destino de las investigaciones llevadas por la Fiscalía, agravándose así la crisis institucional del país con consecuencias difíciles de predecir.