Gobierno de Costa Rica deroga decreto que permitía recopilar datos personales

Tras duras críticas de los partidos de oposición, el Gobierno de Costa Rica derogó este viernes un decreto mediante el cual creaba una Unidad Presidencial de Análisis de Datos que podía recopilar información de los ciudadanos, incluida la considerada "confidencial", con el objetivo de crear "políticas públicas basadas en estadística".

Este decreto, firmado en octubre pasado por el presidente Carlos Alvarado y publicado hasta el pasado lunes en el diario oficial La Gaceta, había pasado inadvertido hasta que los medios locales informaron este viernes al respecto, lo que generó diversas críticas de los partidos de oposición, que calificaron la iniciativa como "autoritaria" y hasta llegaron a comparar al Gobierno con el "chavismo" de Venezuela.

El Gobierno informó este viernes que ha derogado el decreto para "abrir un espacio de diálogo amplio" sobre la necesidad de contar con "un departamento permanente de análisis de datos, que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística y la ciencia de datos".

La ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró que el análisis de datos se utilizará para generar políticas públicas como por ejemplo soluciones a infraestructura educativa y vial en puntos específicos del país, la lucha contra la pobreza y el ordenamiento del transporte público.

“En el siglo XXI, los gobiernos deben trabajar con información precisa y oportuna que permita orientar a la política pública para beneficio de las personas”, dijo la ministra de Comunicación.

Sin embargo, la oposición política cargó con todo este viernes en contra de la iniciativa. Por ejemplo, el bloque conservador Nueva República (evangélico) llegó hasta acusar al presidente Alvarado de crear una "policía política" y de buscar perpetuar en el poder al centroizquierdista Partido Acción Ciudadana.

Algunos diputados como José María Villalta, del izquierdista Partido Frente Amplio, ha señalado que esta iniciativa es "una ocurrencia" del presidente Alvarado y que es totalmente inconstitucional, pues el acceso a datos sensibles solo puede ser autorizado por una ley aprobada con mayoría calificada en el Congreso.

El artículo más polémico del decreto indica que "las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado".

Y agrega que "también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD".

Costa Rica cuenta desde el 2011 con la "Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales", la cual también estaría siendo violentada, según la oposición.