Exigen ley para atender la desaparición forzada en el sur de México

Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en Chilpancingo, capital del sureño estado mexicano de Guerrero, para exigir que el Congreso del Estado apruebe la ley en materia de desaparición forzada de personas, presentada en noviembre de 2022, y que armonizaría con la Ley General aprobada en el país hace cinco años.

Junto con las más de 700 personas que urgen la aprobación participaron los rostros de los ausentes, entre estos los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala desde 2014, y se sumó la activista Tita Radilla quien busca a su padre Rosendo Radilla, desaparecido en la llamada Guerra Sucia, de quien su foto apareció de manera reciente en la Lotería Nacional.

La mayoría vistió playera blanca con la leyenda “Unidos por nuestro mismo dolor”. Se reunieron y avanzaron en marcha hasta llegar frente al Poder Legislativo de Guerrero y comenzaron un mitin, y bloquearon la Autopista del Sol, que lleva al puerto de Acapulco.

“Si los diputados quisieran, hicieran lo que debieran”, “¿Dónde están, dónde están, nuestros desaparecidos dónde están?” y “Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente”, gritan en sus consignas.

Los manifestantes exigieron también mayor presupuesto para las dependencias que atienden a familiares y colectivos de personas desaparecidas.

Posteriormente el bloqueo se extendió a las calles aledañas al Congreso, el cual fue cerrado por los manifestantes, quienes con piedras golpeaban la reja para llamar la atención de los legisladores, que sesionaban adentro.

En noviembre de 2022 la diputada Nora Yanek Velázquez, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que gobierna en el país y en Guerrero, presentó en tribuna la Ley en Materia de Desaparición Forzada del Estado de Guerrero pero fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y por el momento no ha podido ser aprobada.

La propuesta contempla principalmente la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, un Consejo Estatal Ciudadano y el Sistema de Búsqueda de Personas.

En agosto del año pasado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó un total de 3.800 personas desaparecidas en el estado de Guerrero.