América sufre su mayor crisis migratoria a causa de la violencia y la pobreza

América vive una de sus mayores crisis migratorias con cientos de miles de transeúntes intentando llegar a EE.UU. para lograr el "sueño americano", cada vez más difícil por las constantes deportaciones y el peligro de las fronteras, especialmente las de México y la de Panamá con Colombia.

Esto ha puesto a la migración irregular como uno de los principales temas a debatir en la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles (EE.UU).

Uno de los principales focos de la crisis migratoria está en Haití, donde la violencia entre las bandas, el hambre, la crisis política y la destrucción que causó el terremoto de 2021 están expulsando a la población a un ritmo acelerado hacia el continente americano.

El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana, William Charpentier, dijo a Efe que "los ciudadanos haitianos se encuentran desesperados y tienen que huir de su país para mejorar sus condiciones de vida, pero también para salvar su vida".

En su éxodo, los haitianos engrosan las caravanas migrantes hacia EE.UU. y, en los últimos meses, recurren con más frecuencia a las peligrosas rutas del mar Caribe en frágiles embarcaciones rumbo a Florida o hacia Puerto Rico.

La Guarda Costera de EE.UU. capturó a 3.900 haitianos en lo que va de año, más del doble que el año pasado, y ya contabiliza 175 muertos o desaparecidos en el mar.

La Armada dominicana interceptó a 1.747 haitianos tan solo en los últimos seis meses y también a 2.201 dominicanos que, buscando mejores condiciones de vida, trataban de viajar ilegalmente a Puerto Rico, a través de las traicioneras corrientes del canal de la Mona.

El Tapón de Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, es la entrada a Centroamérica, casi la recta final hacia Norteamérica, y, a su vez, el punto más mortífero del continente: está considerada como una de la rutas más peligrosas del mundo por el propio clima de la jungla y la presencia de grupos armados.

Hasta el pasado mes de abril, 19.000 migrantes irregulares atravesaron la frontera, mientras que el año pasado la cruzaron más de 133.000 personas, una cifra histórica y similar a la registrada en toda la década anterior, según cifras oficiales del Gobierno de Panamá.

Esta oleada se suma a las caravanas del Triángulo Norte de Centroamérica, compuestas por ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, que huyen de la agravada pobreza, violencia de las maras (pandillas) y el narcotráfico, hacia una mejor vida en EE.UU. y Canadá.

Las deportaciones desde EE.UU. se elevaron un 583,8 % al cierre del primer trimestre de 2022, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La situación obligó a las autoridades de 20 países del continente a crear una mesa de trabajo para atender los crecientes flujos migratorios de América, tras sostener una reunión regional sobre migración y seguridad el pasado abril en Panamá.

México vive un flujo migratorio récord hacia EE.UU.: el país latino deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucionales las revisiones migratorias que atentan contra el libre tránsito y reconoció la reforma migratoria de 2020 que prohíbe al Instituto Nacional de Migración detener a menores de edad en estaciones migratorias.

En 2019 había 8.715 elementos de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias en dichas fronteras, pero la cifra creció a más del triple para abril de 2022, a más de 28.500, según el informe "Bajo la bota" de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

El freno a la conclusión de la aplicación del Título 42, norma utilizada por EE.UU para expulsar de forma exprés a indocumentados durante la pandemia de covid-19, arrebató la esperanza de miles de migrantes que esperaban el término de la medida para el pasado lunes 23 de mayo.

En EE.UU., los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para revertir las polémica política migratoria de su antecesor, Donald Trump, naufragaron en los tribunales.

Biden eliminó en su primer día el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como "Permanece en México", que desde 2019 obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano, en condiciones precarias y expuestos a la violencia durante meses.

Pero la Justicia obligó a Biden a reactivar este programa ampliamente criticado por defensores de derechos humanos e implementado con el apoyo del Gobierno mexicano.

Otro esfuerzo de la Administración para desmantelar el legado de Trump escoró el pasado 20 de mayo, cuando un juez de Luisiana ordenó mantener intacto el Título 42.

El Gobierno intentó levantar esta normativa ante el receso de la pandemia, pero el juez dio la razón a los estados gobernados por republicanos que denunciaron un previsible aumento de los cruces fronterizos y afectaciones en su sistema de salud.

"El Título 42 es un fracaso como política de gestión de la frontera. (...) Ha generado un mayor caos y más cruces fronterizos", dijo Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.

Bajo esta normativa se llevaron a cabo 1,8 millones de expulsiones, en muchos casos de personas que cruzan más de una vez, porque al ser devueltos en caliente no cuentan con antecedentes.

Los intentos de Biden de acabar con estas medidas no suponen una política de puertas abiertas, pues el mensaje de la Administración hacia los migrantes es "no vengan".