Álvaro Uribe: 'La violencia es parte de un formato internacional para destruir la democracia'

Desde el pasado 28 de abril, Colombia está sumido en una ola de protestas y un paro nacional, que además de impactar la situación económica en el hermano país sudamericano, también afecta la paz social, y todavía no se ve una salida clara a esta situación.

La chispa que encendió la marejada de manifestaciones del denominado paro nacional o estallido social de Colombia, inicialmente fue un proyecto de reforma tributaria (denominado Ley de Solidaridad Sostenible) propuesto por el gobierno del presidente Iván Duque, al Congreso, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

El gobierno de Duque justificó esta reforma aduciendo que era necesaria para aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, un apoyo económico a los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.

A través de la reforma fiscal se buscaría aumentar los impuestos, principalmente el impuesto de valor agregado (IVA), permitiéndole al gobierno recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos $6,300 millones).

Otras de las disconformidades son: la situación económica, el mal manejo de la pandemia y de la vacuna, la brutalidad policial, la reforma a la salud y a la pensión, el incumplimiento a los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, la renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente, la defensa de la producción nacional, la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, y el retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.

Las movilizaciones, bloqueos y protestas, que ya llevan más de un mes, además de hechos vandálicos y actos de violencia, han dejado a decenas de manifestantes fallecidos y otros cientos reportados como desaparecidos.

El paro nacional, convocado por el denominado comité nacional de paro, formado por sindicatos y centrales obreras, mismo que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, se da a menos de un año de las próximas elecciones de Colombia.

¿Qué detonó esta oleada de protestas? ¿Realmente se requiere una reforma fiscal en Colombia? ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Sería necesario decretar el estado de conmoción interior?

Estas son parte de las interrogantes que responde el expresidente de Colombia Álvaro Uribe en una entrevista con La Estrella de Panamá en alianza con Radio Panamá.

Lo que pasa es que “aquí hay una inconformidad social. El presidente llevaba muy bien el país, había recuperado la economía: tuvimos un gran año 2019; y enero, febrero 2020, pero la pandemia nos agudizó la pobreza, y hubo en nuestro gobierno el error de presentar una reforma tributaria que no era conveniente. Ahí hay dos razones de inconformidad social”, dijo el exmandatario.

Uribe divide en dos el problema que enfrenta Colombia: el problema social de la pandemia y el problema del orden público.

El problema social “hay que resolverlo”; y por eso es que “estamos pidiendo una reforma tributaria, que paguen los sectores pudientes del país para resolver el problema de pobreza extrema, acelerar la eliminación de la pobreza monetaria y problemas de los jóvenes”.

Mientras que el problema del orden público, “hay que enfrentarlo con autoridad, eficacia y transparencia. Son dos problemas que nos quieren llevar a afectar seriamente la democracia colombiana en las elecciones del año entrante”, subrayó.

Uribe, quien fue presidente de la República de Colombia durante el periodo 2002-2010 dijo que lo que ha hecho el gobierno frente a la pandemia "es bueno", pero hay que hacer mucho más, porque la pobreza se subió a 42,5%”.

Estimó que los bloqueos han afectado en más de 1% la economía colombiana y han agudizado la pobreza.

El exmandatario sintetizó que lo que ocurre en Colombia se “trata de un problema social que se entiende, y que hay que resolver, pero la violencia es parte de un formato internacional para destruir la democracia”.

Explicó que la influencia internacional consiste en la “pretensión de imponer un gobierno en el foro de Sao Paulo el año entrante en Colombia, con la metodología de incitar reclamos apoyados por la violencia”.

Uribe afirmó que “el comité de paro de Colombia es el que estimula los bloqueos”, a pesar de que “son ilegales y generan violencia”; y que “el formato internacional muy claramente lo ha impulsado Venezuela”.

“Hay un formato internacional que hace reclamos, apela a la violencia, se repliega, renace la violencia y llega a elecciones; y eso es lo que quieren hacer en Colombia, la combinación de lucha, y hay un riesgo”, sostuvo Uribe.

“Sientan un gobierno a negociar con ellos, repliegan la violencia, quedan inconformes, vuelve la violencia, y así van llevando a elecciones y se produce un fenómeno de riesgo como el que vive hoy Chile. Ese es, a mi juicio, el formato internacional”, argumentó.

Uribe insistió en que “ese formato internacional existe, la política social se requiere y por supuesto se requiere la autoridad, porque son dos problemas que coinciden pero diferenciables: el problema es social y el problema del narcoterrorismo con pretensiones electorales”. 

Ante la tensa situación, miembros del partido Centro Democrático han pedido al mandatario colombiano que decrete el estado de conmoción interior, pero Uribe consideró que no agrega nada.

“Colombia es un país democrático, como lo es Panamá, un país de respeto a la protesta social y a los derechos humanos; y la conmoción interior nada agrega. Creo que para ejercer autoridad transparente y eficaz, y recuperar el orden público, el gobierno tiene suficientes atribuciones, lo importante es ejercerlas”.

El estado de conmoción interior es un estado de emergencia que está contemplado en el artículo 213 de la Constitución. La herramienta le da facultades especiales al Presidente de la República para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control.

De acuerdo con Uribe, las manifestaciones masivas han ocasionado un impacto enorme a la economía del país: “destruyeron el 60% del transporte masivo de Cali, han acabado con el 20% de la avicultura del Valle, que contribuye con el 30% de la avicultura colombiana; 1,100 policías han sido seriamente afectados, más los muertos, una gran destrucción en el transporte masivo de Bogotá”.

“Eso (conflictos por el paro en Colombia) necesita autoridad y para eso no se requiere la conmoción interior que nada agrega”, enfatizó el exmandatario.

Respecto a cómo se resuelven los problemas sociales y se pone orden en Colombia, con autoridad, en medio de las críticas respecto al comportamiento de la policía, dijo que “antes de entrar en el tema de autoridad, quiero repetir que los problemas sociales necesitan soluciones. Y hay... soluciones sociales importantes propuestas por el partido nuestro; e insistiendo en una reforma tributaria que paguen los más pudientes del país, para resolver el tema social”.

Sobre la autoridad, se refirió a las Fuerzas Armadas de Colombia y de la Policía e indicó que "este país fue el país en el siglo pasado que menos interrupción democrática tuvo. Los mexicanos se ufanaban de que habían tenido 12 años de interrupción democrática apenas; Colombia, solamente cuatro". 

Asimismo, aseguró que "las Fuerzas Armadas de Colombia no han estado al servicio de dictaduras, han sido democráticas y es importante esto: este país nunca ha ocultado casos de violación de derechos humanos que no son sistemáticos y los ha sancionado severamente. Las Fuerzas Armadas de Colombia nunca han sido protegidas por la inmunidad".

En el contexto de la actualidad, “los bloqueos y la violencia no lo podemos aceptar. Los grupos violentos financiados por el narcotráfico con todos los consejos políticos que tienen, han salido a decir que en Colombia lo que hay es violencia oficial, mentiras. Aquí hay unos casos de exceso de la policía o del ejército. Siempre se judicializan, no quedan en la impunidad y en la clandestinidad”, puntualizó.