Activista venezolana por los DDHH Rocío San Miguel, arrestada por régimen de Maduro

El pasado 9 de enero la policía política de la dictadura chavista arrestº a la presidente de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel, cuando intentaba salir de Venezuela. A través de X, la organización Provea informó que la activista de DDHH se encuentra bajo investigación por supuestos planes golpistas contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”, denunció la ONG.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció ante la situación de San Miguel y comentaron que “allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero a más de 24 horas de ocurrida la detención”.

El partido de la líder de oposición María Corina Machado, Vente Venezuela, aseguró que con esta acción “el régimen sigue arremetiendo contra la sociedad civil como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”.

Su detención también está relacionada con las investigaciones que el régimen venezolano está manejando en relación con los casos de conspiración denunciados por Maduro el pasado 15 de enero en la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional.

El fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab, informó que hasta el 24 de enero se contabilizaban 36 personas detenidas y 22 solicitados por la Justicia chavista.

Entre los acusados se encuentran la periodista de Infobae Sebastiana Barraéz, una acusación que fue rechazada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y que tacharon de “otro grave atentando al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y al debido proceso”.

Según la organización, algunos funcionarios de alto nivel de la Fiscalía y autoridades del poder judicial han incumplido recomendaciones o protocolos de la ONU sobre abstenerse de seguir llevando a cabo mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de Derechos Humanos.

El CNP repudió que se pretenda continuar atacando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de Derechos Humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó de la expulsión de má de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que incluían el supuesto intento de asesinato de Nicolás Maduro.